¿Un nuevo Bunau-Varilla?

‘Nunca faltará quien diga, Esto sí es algo nuevo, Pero aún eso ya existió, Siglos antes que nosotros’, Eclesiastés 1:10.

Ahora que vuelven las lluvias, comienza a materializar el peligro que viene anunciándose desde hace varios años: en Coclesito se ha desatado una verdadera epidemia de diarrea e infecciones cutáneas, asociadas popularmente con los tóxicos mineros evaporados hacia el aire, que las lluvias ahora precipitan de vuelta a la tierra.

Pareciera que personas en torno a las altas esferas del gobierno fueran accionistas de Petaquilla Gold —una sociedad BIEN anónima—, como para que autoridades de salud, medioambiente y Seguro Social se hicieran de la vista gorda en torno a esta mina de un oro cuyo valor exportado anda volando. Y no se trataría de ningún funcionario de bajo nivel. Se recordará que, justo antes de las masacres de ngäbes en Bocas del Toro de febrero 2010, el propio presidente Ricardo Martinelli llamó a su homólogo en Corea para anunciarle con júbilo su promulgación de la Ley 8. Esta ley ‘Chorizo’ se derogó, pero sólo tras la muerte de estos cinco ciudadanos panameños.

El reciente énfasis mediático sobre la minería se concentró sobre la Comarca, conjurando con ello una (futura) explotación del cobre en Cerro Colorado. Siempre demasiado sensacionalistas, en nuestros medios ni siquiera se mencionó la existencia de una mina de oro a cielo abierto que ya opera desde hace tres años en Coclesito, y otra del mismo tipo que se vislumbraba para Cerro Colorado, la que está en pleno desarrollo a espaldas de una opinión pública suficientemente informada. Pero durante los disturbios de este año no interesó a los medios; ni siquiera a Telemetro Canal 13, que filmó los bloqueos que presencié —muy civilizados— de campesinos e indígenas en la carretera hacia Petaquilla Gold (y hacia la mina de cobre que desarrollan intereses canadienses, coreanos y panameños, sobre esa misma vía). Pese a que hubo siete detenidos, no se le ha dado seguimiento. Sería la suculenta campaña publicitaria de Minera Panamá, S.A. en casi todos ‘nuestros’ medios, la que justifique su silencio. Sin olvidar los $150 mil que diariamente pauta el gobierno nacional, so pretexto de información, capaces de callar hasta el más locuaz dueño de medios...

El presidente Martinelli pretende reactivar, furtivamente y a tambor batiente, lo que ya antes derogó en la Ley Chorizo —intentando dar vueltas a una prohibición constitucional contra la participación de gobiernos extranjeros en ‘nuestra’ minería. Está a punto de promulgar una ley hecha a la medida de Minera Panamá, S. A., donde Singapur y Corea desean financiar el cobre de la canadiense INMET Mining, no hacerse de su propiedad. Curiosamente, recientemente, el embajador coreano no abordó este hito en nuestras relaciones con su país.

Ello evoca un cierto déjà vu. En 1903 don Phillipe Bunau-Varilla tampoco trasladó a Estados Unidos la propiedad del terreno para el canal interoceánico, tan sólo el uso del mismo. Don Ricardo Martinelli pasará a la historia haciendo algo parecido. Pero con una gran diferencia. En el caso Bunau-Varilla, al recibirse el Canal en 1999, a Panamá le devolvieron una maquinita de hacer dinero; en el caso Martinelli, para cuando la devolución suceda en 2060, nuestros hijos tan sólo recibirán dos huecos enormes en la tierra, más una amplia franja irremediablemente contaminada que pondrá fin al idílico Corredor Biológico Mesoamericano.

*TRADUCTOR OFICIAL E INTÉRPRETE SIMULTÁNEO DE CONFERENCIAS.