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29 de Sep de 2020

Redacción Digital La Estrella

Opinión

Tres años de violaciones y corrupción

A tres años de la administración de Ricardo Martinelli, su gestión de gobierno ha transitado entre violación de los derechos humanos y c...

A tres años de la administración de Ricardo Martinelli, su gestión de gobierno ha transitado entre violación de los derechos humanos y corrupción.

En el marco de los derechos políticos, se imponen leyes que criminalizan la protesta social y que dan pie a la persecución de dirigentes sociales, tal es el caso de las leyes carcelazo y chorizo, las cuales constituyen el marco institucional de la masacre de Bocas del Toro y la represión al pueblo Ngäbe Buglé. Se coarta el derecho de organización, situación que coloca a Panamá como uno de los 25 países violador de las libertades sindicales. Bajo diversas argucias se intenta imponer la reelección de Martinelli a través de revivir la Sala V. El descarado control de los órganos de Gobierno, la compra de tránsfugas, al igual que el desconocimiento de la propuesta de la Comisión Nacional de Reformas al Código Electoral, son claras muestras de la antidemocracia que impera en el país.

En lo económico, el pueblo trabajador vive un proceso de precarización de sus condiciones de vida ante el alto costo de la canasta básica familiar; la reducción del salario real ante la pérdida de poder adquisitivo de los salarios; una mayor carga tributaria (aumento del ITBMS a 7%, entre otros); aumento de los servicios públicos (tasa de aseo); deterioro de las bases productivas, principalmente en el agro y promoción de TLC, que afectan a sectores productivos y trabajadores; incremento de la deuda pública; liberación de recursos financieros vía el Fondo de Ahorro de Panamá para cubrir el creciente déficit fiscal. Paralelo a ello, sobresalen la venta de la Patria y los negociados.

En lo social, el Estado desatiende las demandas sociales de la población, fundamentalmente en lo referente a salud (carencia de insumos, medicamentos y control sanitario de las instalaciones hospitalarias), que ha costado la vida de cientos de humildes panameños (Caso de bacterias nosocomiales) y educación (deterioro de la infraestructura escolar, carencias de material didáctico, etc.), acompañado de una transformación curricular que sirve al mercado mientras expulsa a cientos de jóvenes del sistema educativo. En medio de ello avanza el proyecto privatizador de ambos sectores. Por su parte, la delincuencia, inseguridad ciudadana y el narcotráfico son crecientes, pese a los millones de dólares que se destinan al Ministerio de Seguridad y a la Policía Nacional.

En lo cultural, el patrimonio nacional ha sido lesionado. Desde la aparición de pasaportes que alteraban los Símbolos Patrios hasta el peligro que corre nuestro patrimonio cultural (San Lorenzo, Portobelo, Casco Viejo). Ello aunado al currículo educativo por competencia que desdibuja de los programas de estudios asignaturas fundamentales cuyos contenidos resaltan la nacionalidad panameña.

En lo ambiental, la política de venta de la Patria es acompañada por la entrega de nuestros recursos naturales; el concentrado crecimiento económico se hace acompañar de un apolítica de flexibilización de las normas ambientales y a favor de las transnacionales (Caso minero e hidroeléctrico, fallo de la Corte Suprema sobre manglares y humedales, proyectos turísticos, entre otros).

En este escenario, han sido tres años de escándalos de corrupción (Juan Hombrón, Terrenos de Paitilla, Terrenos de Chilibre, Radares, y cuántos otros más), que envuelven al presidente, ministros, diputados, magistrados y directores, sin que se investigue y condene a los responsables.

En definitiva, una política antipopular, antidemocrática y antinacional, que no solo niega las demandas de la población, sino que reprime y conculca los derechos humanos, violentado permanentemente los anhelos de justicia del pueblo.

Cínicamente, para festejar sus tres años de gobierno, nos anuncia aumento de la tarifa de energía eléctrica; recorte presupuestario en ‘obras no emblemáticas del gobierno’ (Cinta Costera, Metro, etc.), acompañado de la venta de terrenos de ZLC, lotes de Amador, área oeste del Canal, isla Limón, entre otras. De no ser suficiente para cubrir el ‘hueco fiscal’ (más de $400 millones) hay quienes plantean aumentar el ITBMS a 10%.

El pueblo panameño consciente de esta nefasta realidad levanta su propia alternativa: Frente Amplio por la Democracia (FAD).

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.