La destitución de Noriega

El 25 de febrero de 1988, hace cinco lustros, el presidente de la República Eric Arturo Delvalle comunicó por televisión al país su decisión de destituir al general Manuel Antonio Noriega, comandante jefe de las Fuerzas de Defensa, luego de fracasar sus intentos para convencer al militar de retirarse voluntariamente del puesto y abrir el camino a un gobierno de transición que concretara la democracia en la Nación.

Para ejecutar esa decisión, Delvalle designó como ministro de Gobierno y Justicia al abogado Jaime Alemán Healy, quien estampó su firma junto a la del presidente en el decreto que consumó este trascendental acto histórico.

Delvalle hizo lo que tenía que hacer, pero ocurrió lo anticipado. Los militares, por boca del jefe de la Policía, coronel Leonidas Macías, reaccionaron expresando que el que se iba era el presidente y así fue. En la madrugada del 26 de febrero, en un juicio sumarísimo absolutamente viciado, la Asamblea Legislativa controlada por el estamento militar destituyó al presidente Delvalle y al vicepresidente Roderick Esquivel y de inmediato doce de los catorce ministros que integraban el Consejo de Gabinete designaron a Manuel Solís Palma como ministro encargado de la Presidencia, cerrando definitivamente toda posibilidad de solución pacífica a la grave crisis que confrontaba la Nación y cortando de plano el experimento democrático iniciado con las reformas constitucionales de 1983.

Apenas dos semanas después, el 16 de marzo de 1988, ante la evidente realidad de que la presencia del general Noriega estaba llevando al país al desprestigio y aislamiento internacional y a su ruina económica, sería el mismo coronel Macías quien encabezara un fallido alzamiento organizado por los coroneles Fernando Quezada y Aristides Valdonedo para derrocar al general Noriega. Un nuevo intento de echar a Noriega tuvo lugar el 3 de octubre de 1989, puesto en marcha por el coronel Moisés Giroldi y un grupo de jóvenes oficiales, que los conjurados pagaron con sus vidas.

Durante el año y medio que siguió a febrero de 1988, la cúpula militar tuvo que enfrentar el continuo desafío de Delvalle desde la clandestinidad, a quien los Estados Unidos de América continuó reconociendo como jefe de Estado constitucional. Es poco conocido que los presidentes Oscar Arias de Costa Rica y José Napoleón Duarte de El Salvador expresaron su disposición a tratar a Delvalle como legítimo presidente de Panamá, a pesar de que su gobierno constitucional solo ejercía control efectivo sobre la Embajada panameña en Washington D.C. a través del embajador Juan Sosa.

Estos sucesos dejaron en claro que el general Noriega y sus allegados nunca cederían el control del poder pacíficamente y fueron determinantes para que el gobierno de los Estados Unidos tomara la decisión de invadir Panamá el 20 de Diciembre de 1989 para sacar del poder a Noriega y desmantelar las Fuerzas de Defensa.

En esa época en que las únicas voces que se podían oír eran la del grupo atrincherado en el poder y la de una oposición política combativa y radical, pero sin capacidad real de forzar la salida de los militares, los esfuerzos de los presidentes Nicolás Ardito Barletta, primero, y Eric Arturo Delvalle, después, para consolidar un gobierno civil y lograr una transición pacífica nunca fueron reconocidos sino demeritados y combatidos desde ambos extremos.

Los hechos históricos acaecidos hace 25 años muestran que el pueblo panameño, pacífico por vocación, tuvo que pagar un precio muy alto para obtener la democracia, el de una invasión militar extranjera. Es importante, por ello, que nos empeñemos en preservar a toda costa la vibrante vida democrática que hemos podido disfrutar durante los últimos veintitrés años, reforzando las instituciones constitucionales y las libertades públicas que constituyen la base del Estado de Derecho.

EXMINISTRO DE ESTADO.