‘Los pinchazos telefónicos’

La administración del presidente Barak Obama se encuentra en jaque internacional por las acciones encubiertas de espionaje telefónico y monitoreo de las comunicaciones electrónicas, realizadas por organismos de inteligencia de ese país a enemigos y aliados de su gobierno. Estas actividades fueron denunciadas por los estadounidenses Bradley E. Manning y Edward Snowden, y por el creador de los WikiLeaks, el australiano Julian Assange.

Los medios de comunicación a nivel internacional se han hecho eco de estos casos, que ponen en evidencia lo sensitivo del tema, sobre todo por las consecuencias políticas y diplomáticas que implican. En nombre de la Seguridad Nacional del Estado, se ha tratado de justificar como legal realizar estas diligencias secretas a nivel global, poniendo en riesgo los derechos humanos y la intimidad de todas las personas del mundo.

Una escucha o ‘pinchazo’ telefónico es el monitoreo de una conversación telefónica por parte de una tercera persona, usualmente en forma encubierta. El término escucha abarca también el intercambio de información a través de la Internet y de las redes informáticas mundiales.

Estas actividades de inteligencia por parte de la policía u otras agencias gubernamentales reconocidas pueden ser consideradas legales según la normativa vigente en cada país. Son estrictamente controladas en todos los Estados, para salvaguardar la privacidad de los individuos. Sin embargo, en ciertas jurisdicciones como en Alemania, las Cortes pueden aceptar como prueba válida conversaciones telefónicas ilegalmente grabadas, sin el consentimiento de las partes o de la autoridad judicial competente. Pero esa es la excepción, no la regla.

Existe una delgada línea entre lo que se debe conocer en materia de inteligencia para la seguridad y cómo se logra obtener, lo cual hace la diferencia entre lo correcto y lo ilegal. La doctrina de seguridad indica que es posible saber, mediante espionaje telefónico, todo lo que los ciudadanos hacen en sus vidas. Pero ello es privado y reservado. Cualquier organismo de inteligencia utilizará todas las capacidades a su disposición para obtener la información que sirva para proteger a la sociedad de las potenciales acciones terroristas y criminales.

No obstante, solo lo que afecta de manera sensitiva y cierta la seguridad del país y los ciudadanos, es del interés de los organismos de inteligencia y debe ser obtenido por vías legales, ya que solo así puede ser utilizado judicialmente contra los que amenazan la seguridad del país. Nunca lo que se obtiene por vías legales o ilegales, puede ser utilizado para propósitos políticos y mucho menos para el conocimiento público, en detrimento de la privacidad de las personas.

Se están considerando como traidores a su patria estos exfuncionarios estadounidenses de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, responsable de los servicios de inteligencia de ese país. También habrían de considerar si filtraron información al público mundial, debido a su conciencia ética y al convencimiento de que su trabajo violaba normas nacionales e internacionales. Acusar a Assange de ser un violador de mujeres, parece tratar de minimizar su valor como el líder de una organización que desde hace años divulga documentos de interés público, que resultaron ser de información confidencial norteamericana, mayormente obtenida ilegalmente, y que evidenciaba supuestos abusos de poder del Gobierno de Estados Unidos. Manning y Snowden aparentemente están detrás de las filtraciones.

Estos casos han levantado una polémica y un amplio debate a nivel mundial sobre la legalidad o no de interferir las comunicaciones de las personas. En los Estados Unidos, las agencias federales pueden ser autorizadas, en ciertas circunstancias, para realizar escuchas por parte de la inteligencia estadounidense, ya que tienen acceso a los servidores y aplicaciones más usadas en Internet. Recopilaban los registros de llamadas telefónicas de millones de clientes, bajo el supuesto amparo de una orden judicial, aparentemente emitida por parte de la United States Foreign Intelligence Surveillance Court, una poca conocida jurisdicción con procedimientos secretos. El escándalo no ha hecho más que crecer, con imprevisibles consecuencias para el gobierno del presidente Obama.

En nuestro país, se le ha dado asilo a María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS de Colombia, quien fue acusada de violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica, por el caso de las interceptaciones ilegales, mejor conocidas allá como ‘chuzadas’, que se realizaron contra periodistas, congresistas y opositores durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Recientemente, ciertos acontecimientos han ocurrido en Panamá, donde se han hecho públicas las grabaciones de conversaciones privadas de miembros de partidos políticos, lo que ha generado un clima de desconfianza sobre los organismos de inteligencia del Estado. De demostrarse que hubo intromisión, se estaría desvirtuando su función. Para poder realizar escuchas telefónicas, es necesaria una autorización de la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia. El uso indebido de la información así obtenida podría afectar la vida y la honra de los ciudadanos y se incurriría en un grave delito contra la intimidad de las personas.

Lo que preocupa a la sociedad es adónde queda su privacidad. La convivencia pacífica y el respeto de los derechos de los ciudadanos deben siempre prevalecer. Como dijera Benito Juárez: ‘El respeto al derecho ajeno es la Paz...’. Cualquier actividad de inteligencia electrónica y escuchas solo debe hacerse de manera legal y por razones estrictamente relacionadas con la seguridad del país frente a potenciales amenazas. En esta materia, los que gobiernan deben escarmentar de experiencias ajenas.

ABOGADO.