Hacia una justicia plausible

E s un tema que cansa. Agota. Harta. Atiborra. E indigesta. Desde mis primeros pinitos como periodista, que ya supera los cuatro decenios, siempre he escuchado a políticos de las más diversas agrupaciones e ideologías lanzar, con razón y sin ella, toda una serie de críticas acérrimas en contra de la justicia panameña. He aquí solo una muestra de los adjetivos perniciosos: lenta, corrupta, atrasada, discriminatoria, temerosa, débil, supeditada, hipócrita, tuerta (que no ciega), desfasada, selectiva...

Cuando los políticos están en oposición lanzan dardos venenosos, de todos los calibres, hacia el Judicial, definitivamente el órgano más desamparado y humillado dentro del engranaje estatal panameño. Cuando esos mismos políticos dirigen el gobierno, luego de alcanzar el triunfo en las urnas, dan la espalda, sin recato alguno, a la institución que debe fungir como árbitro para dirimir los conflictos y las desavenencias que surgen a diario entre los ciudadanos de la república.

Si a usted, de manera hipotética, el Todopoderoso le permite reencarnar y le pide que escoja quién quiere ser entre los tres órganos del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— ni siquiera se le ocurra seleccionar al último. Veamos solo dos ejemplos para sustentar mi argumento.

Tan pronto como el opositor conoce que, en su contra, se ha iniciado un proceso, que puede ser legítimo o no, por parte del Ministerio Público, de inmediato surge la famosa frase trillada: ‘se trata de una persecución política’. En pocas palabras, los políticos consideran que están eximidos de cualquier proceso legal; insistir en ello no es más que una vendetta personal del funcionario con poder en contra del débil y desprotegido contrincante. Es un fenómeno que muchos denominan como ‘judicialización de la política’.

Pero el asunto se torna más grave cuando los políticos interponen un sinnúmero de demandas y denuncias en contra de sus rivales. Y luego estos adversarios responden con otra ráfaga de contrademandas y contradenuncias. Lo más curioso es que ambos especímenes son conscientes de que eventualmente esos recursos serán archivados o serán fallados de manera salomónica para no perjudicar a nadie. Es un fenómeno que conocemos como ‘politización de la justicia’.

Durante tres años laboré como asesor de comunicación de dos presidentes —Harley Mitchell y Aníbal Salas— de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Aunque esos 36 meses no me convierten en un experto en temas judiciales (judiciólogo, que le llaman), al menos sí me permiten discernir, con la mayor convicción, que la justicia panameña no avanzará por caminos de progreso y reconocimiento hasta que, por lo menos en una primera etapa, se cambie la metodología para ratificar a los magistrados del máximo tribunal de la República.

Observe, por favor, que cité el verbo ‘ratificar’. No mencioné ‘designar’. Para mí no representa ningún problema que el presidente de turno nomine a los futuros integrantes de la CSJ. Así sucede, desde hace más de dos siglos y sin ninguna complicación, en EE. UU., país que una gran parte de los panameños considera como el modelo a seguir.

Sin embargo, pienso que es ineludible, para la buena salud de la República, que la ratificación de los integrantes de la CSJ no se realice con mayoría simple por parte de la Asamblea Nacional de Diputados. Propongo que haya mayoría calificada; es decir, que dos tercios [48 de 71] de los miembros del órgano Legislativo sean quienes decidan la aprobación de los magistrados supremos. Este cambio provocaría, de manera indiscutible, que el Consejo de Gabinete —conformado por el presidente y sus ministros— seleccione a un profesional del Derecho cuyas ejecutoria, reputación y comportamiento público no muestren un ápice de duda cuando esta designación entre, por la puerta ancha y frontal, al Palacio Justo Arosemena.

Asimismo, el Ejecutivo debe estar obligado a presentar la designación del futuro juez supremo con cuatro meses, como mínimo, antes de la fecha cuando expira el periodo del magistrado saliente. Así, pues, habría un tiempo apropiado para escudriñar e investigar con profundidad cada una de las facetas del jurista seleccionado.

En adición, el periodo del magistrado supremo debe ser extendido a no menos de 25 años, más que adecuado para alejarse de la influencia del mandatario quien lo propuso. Es un lapso que, a mi juicio, es ponderable; lo ubico a medio camino en comparación con el nombramiento vitalicio que disfrutan los miembros de la Suprema Corte de EE. UU.

Por todo lo planteado, comencemos a preparar desde ya este cambio constitucional. La tarea es fácil, pues la Carta Magna panameña, en su Título XIII, presenta modos muy flexibles para reformarla. Verbigracia, un acto constitucional aprobado, en secuencia, por la actual Asamblea y por el próximo Parlamento que se elegirá para el quinquenio 2014-2019, incluiría las transformaciones ya descritas para la ley fundamental del país. Recordemos que el Título XIV —concerniente a la vía interoceánica— de nuestro estatuto cardinal fue sancionado de la misma manera.

Un mensaje a los políticos: cesen sus acciones detractoras que empantanan a la administración de justicia. Seamos positivos. Manos a la obra. Al trabajo sin más dilación. Reformemos la Carta Magna para que, en un futuro, Panamá disfrute de un órgano Judicial robusto y prestigioso.

PROFESOR TITULAR III EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ.