Petición del fiscal Ortega busca “tumbar” la polémica “ley blindaje”

Oydén Ortega, magistrado que investiga al expresidente Ricardo Martinelli, presentó advertencia de inconstitucionalidad al artículo 491

Una advertencia de inconstitucionalidad del magistrado fiscal Oydén Ortega, que investiga a Ricardo Martinelli por el delito contra la administración pública, podría poner punto final a la polémica ‘ley blindaje' de los diputados.

En la audiencia de control celebrada ayer, Ortega solicitó al juez de garantías, Jerónimo Mejía, un plazo de 30 días más para investigar a Martinelli. Al mismo tiempo, presentó una advertencia de inconstitucionalidad al artículo 491-A, por el poco tiempo que tiene para investigar a un diputado (90 días).

En la sustentación de su solicitud de prórroga, el magistrado fiscal dijo que la investigación es compleja y pueden surgir otros hechos punibles, tales como corrupción de servidores públicos, tráfico de influencias y fraude en contrataciones públicas.

La Ley 55 de 2012, conocida como ‘blindaje' para los diputados, fue presentada por Hernán Delgado, diputado de Cambio Democrático (CD) en el gobierno Martinelli

La polémica ley da solo dos meses a la Corte para que investigue a los diputados; de lo contrario, la causa tendrá que cerrarse. El tiempo para investigar a Martinelli concluye mañana.

Ahora el magistrado fiscal no podrá adelantar las investigaciones contra Martinelli hasta que el pleno de la Corte se pronuncie sobre la advertencia de inconstitucionalidad que presentó contra el artículo 491-A.

Aún la Corte no se pronuncia sobre otra demanda de inconstitucionalidad recibida.

La defensa de Martinelli argumentó que no se debía suspender la investigación a Martinelli, porque no tiene que estar presente.

Por otro lado, el pleno de la Corte aprobó ayer en sesión ordinaria solicitar al Tribunal Electoral que se le levante el fuero penal.

La petición del Corte es para poder iniciar la investigación en el caso de escuchas telefónicas.

Martinelli goza de fuero penal electoral porque el partido CD, del que es presidente, está en un proceso de elección interna.

Más temprano ayer, Alejandro Pérez, uno de los abogados del expresidente, presentó una querella contra la ex fiscal segunda Anticorrupción Lissette Chevalier.

La querella es por los supuestos delitos contra la administración de la justicia y contra la administración pública, y fue presentada ante la Fiscalía Auxiliar en las diligencias realizadas a Giacomo Tamburrelli como presunto responsable y testigo en las investigaciones que se adelantan por el contrato de comida deshidratadas en el Programa de Ayuda Nacional, detalló Pérez.

El abogado señaló que se coaccionó y amenazó a Tamburrelli, quien tiene medida de país por cárcel, para que declarara contra Martinelli y le sugirió respuestas durante la indagatoria.

Las declaraciones de Tamburrelli han provocado las investigaciones contra Ricardo Martinelli por parte de la Corte Suprema de Justicia.

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FINANCIAL PACIFIC

Otro caso de Martinelli, a la Corte Suprema

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) compulsó copia a la Corte Suprema de Justicia del expediente administrativo para que se realicen las investigaciones pertinentes y se determine si se ha incurrido en la posible comisión de un delito tipificado por el Código Penal, por el diputado del Parlacen, Ricardo Martinelli.

La SMV realiza investigaciones sobre Financial Pacific, la cuenta que poseía Martinelli en la casa de valores, y el uso de la cuenta High Spirit, a través de la cual se compraron acciones de la minera Petaquilla Gold, subsidiaria de Petaquilla Minerals, Ltd. Presuntamente, se hizo uso de información privilegiada para la compra y venta de acciones de la minera.

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