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La Corte Suprema de Justicia notificó formalmente, mediante documento, a la Asamblea Nacional, de la medida cautelar de suspensión del cargo público a Patria Portugal como defensora del Pueblo de Panamá desde este jueves 25 de julio.
Además, el magistrado José Ayú Prado, en función de juez de garantía del caso, decidió que la defensora no puede salir del país, acogiendo las peticiones de la procuradora general, Ana Belfon.
La Secretaría Judicial de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema dio a conocer la decisión de Ayú Prado mediante oficio 831-SP-2013, del 24 de julio de 2013.
"Como presidente de la autoridad nominadora solicitamos se sirva tomar las acciones administrativas para cumplir lo dispuesto por este tribunal de justicia", comunicó al Legislativo el secretario judicial de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte, José Israel Correa García.
En rueda de prensa, el diputado Sergio "Chello" Gálvez, informó este miércoles que esperaban la decisión de la Corte de forma escrita para que mediante una Junta de Directiva Ampliada tomar una decisión "en las próximas horas" sobre el futuro de la defensora Portugal.
Gálvez, de Cambio Democrático, sostuvo que con ese fallo "se cerrará el capítulo con respecto a la parte política que le corresponde a este ente nominador, que es el primer órgano del Estado".
Además, el defensor adjunto, el abogado Javier Mitil, nombrado por Portugal en mayo de 2011, fue comunicado formalmente por el presidente Gálvez de que tiene que encargarse de la Defensoría del Pueblo.
"En acatamiento a esta medida, como autoridad nominadora se le ordena asumir inmediatamente las funciones de defensor del Pueblo hasta que el mencionado tribunal de justicia así lo determine", explicó Gálvez a Mitil en la nota legislativa.
Eso basado en los artículos 16 y 18 de la Ley 7 de 5 de febrero de 1997 que crea la Defensoría del Pueblo, modificado por la Ley 41 de 2005.
La Asamblea hizo copia de lo ordenado a Mitil a la Secretaría Judicial de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte y a la contralora Gioconda Torres de Bianchini.
Anunció que realizará una auditoría total en la institución, colocará en el portal digital copia de los cheques sobre gastos en la entidad, además pidió la renuncia de los funcionarios involucrados en los polémicos contratos.