Comercio culpa a los indutriales

PANAMÁ. El ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, salió al paso a hablar de las reformas al reglamento de aguas residuales (norma Copanit 35 2000). Y lo hizo de una manera muy singular: le pidió al Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) ‘dar la cara’ porque los cambios a la norma son por solicitud del grupo empresarial.

‘El Gobierno no puede seguir a que nos empujen para que hagamos algo de buena fe y después quedemos recibiendo los golpes, cargando la cruz como si fuéramos los grandes promotores del desorden’, dijo el ministro en el noticiero matutino de TVN.

Aclaró que aún no hay una decisión sobre las reformas al reglamento. La propuesta está en consulta pública hasta el próximo 1 de agosto.

El viceministro de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano también habló ayer del tema y pidió que las autoridades de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) aclaren las dudas sobre las reformas porque el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) solo es ‘coordinador y observador’ de las discusiones de las reformas.

El presidente del SIP, Juan Francisco Kiener, por su parte, alega que las reformas al reglamento de aguas residuales son para adecuar la norma a estándares internacionales y a la realidad de la industria del país.

Una opinión similar a la del viceministro Quijano, quien considera que la norma actual es ‘muy restrictiva’.

Kiener agregó que cuando se creó la norma, en el 2000, se tomó de ejemplo las aplicadas en Chile. Sin embargo, explicó que ese país sureño modificó las normas porque en la práctica eran inaplicables. A su juicio, el reglamento exige el monitoreo de sustancias químicas que no son usadas en la industria, recalcó.

Kiener reconoció que hay empresas que no han cumplido con la construcción de su planta de tratamiento y que las autoridades no han hecho nada para obligarlas. El reglamento solo se lo aplican a las empresas que tienen su planta de tratamiento, recalcó.

Las reformas a la norma Copanit 35 2000 aumentan los niveles permisibles de algunas sustancias contaminantes que pueden ser vertidas a las fuentes hídricas del país. De acuerdo con la propuesta, el manganeso aumentaría de 0.3 a 2 miligramos por cada litro de agua que las empresas podrían verter a las fuentes hídricas.

El cloruro aumentaría de 400 a 600 miligramos por cada litro de agua.

Las reformas son cuestionadas por conservacionistas y la Cámara Panameña de Empresas Consultoras Ambientales.

La oficina de Relaciones Públicas de la Autoridad Nacional del Ambiente informó que en esta semana una autoridad de la entidad ofrecerá las explicaciones del tema.