La famosa Ley Faundes y algunas de sus víctimas

La Ley 61 de 1998, llamada Ley Faúndes, es una legislación aprobada durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares en la que se dictaminaba que ‘todo funcionario público que cumpla 75 años de edad debe dejar el cargo’.

‘La Ley Faúndes fue bautizada así porque su propósito fue sacar de la Corte Suprema al ya fallecido magistrado José Manuel Faúndes, pero sirvió para perseguir a cientos de profesores universitarios y funcionarios del gobierno que ya habían cumplido 75 años’, explicó James Aparicio en una nota que escribió sobre la ley en su periódico digital ‘Hora Cero’.

Aunque trató de aplicársele la ley, el entonces magistrado permaneció en su puesto. En un artículo de opinión titulado: ‘La Ley Faúndes y el caso Pereira’, explicó qué le dio oportunidad a Faúndes de seguir en el cargo: ‘La Ley Faúndes no se pudo aplicar al magistrado. Había un escollo constitucional no advertido por los legisladores que la aprobaron. Faúndes fue nombrado magistrado por un período de 10 años fijado en la Constitución y una ley no podía reducir el término señalado en la norma superior. La estabilidad de Faúndes descansaba en un principio elemental. Si una norma legal contraviene otra constitucional, se preferirá la constitucional. Es un mandato del Código Civil panameño. Estamos en presencia de un problema en todo caso judicial, no político. El magistrado Faúndes, a pesar de la ley dictada para destituirlo, continuó ejerciendo sus labores y cesó en sus funciones por razones de salud’.

En el 2004, César Pereira, también magistrado, sufrió la misma situación de Faúndes al querer utilizar la Ley en su contra y quitarle su magistratura. En su momento, figuras del derecho como Edgardo Molino Mola aseguraron que la aplicación de la ley era ilegal, pues aseguró que ‘la denominada una norma no puede estar por encima de lo que establece la Constitución’.

Sin embargo, a diferencia de Faúndes, Pereira Burgos sí fue sacado de la Corte. El entonces presidente Martín Torrijos declaró ‘vacante’ la magistratura y nombró a Esmeralda de Troitiño.

En 2007, la ley fue derogada. En 2008 se presentó la ley de ‘Mi primer empleó’ que generó política porque tenía conceptos similares.