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- 19/07/2011 02:00
PANAMÁ. La ausencia de leyes enérgicas que combatan el delito de trata de personas y enjuicien a los culpables es evidente. El caso de la red tejida entre Pereira y Colón desde el 2008, con fines de explotación sexual en La Flor y La Olimpia, dos burdeles de Colón, es un ejemplo.
Mientras en Colombia se desarticuló dos veces esta organización de crimen, enjuiciando a los reclutadores con penas de hasta diez años, en Panamá la justicia vio las cosas de otra manera. Rubén Varela, nombrado por captadores y víctimas en Pereira como cabecilla de la red, cuya voz fue captada en las conversaciones interceptadas en la investigación judicial de Colombia, hablando de las mujeres como ‘mercancía’ y de las formas de ‘amarrarlas’ para no perder la inversión, obtuvo sobreseimiento definitivo.
A pesar de la apelación de la fiscalía de Panamá y de las pruebas presentadas en la carta rogatoria de la Fiscalía de Derechos Humanos en Colombia: informes de los investigadores del Departamento Administrativo de seguridad y testimonios de víctimas, este caso por la comisión del delito ‘contra la libertad e integridad sexual’, está impune. Según el Teniente Omar Matos, de la Unidad de Delitos Sexuales de la DIJ, ‘los elementos de la ley son muy débiles y los abogados muy astutos. Hay que demostrar que se cometen todos los puntos del delito de trata: captación, transporte, acogida, amenaza, explotación, si falta uno, los delincuentes se salvan. Por eso las pruebas nunca son suficientes’.