¿Listos para la minería?

De ninguna manera. Durante la evaluación del EIA advertimos que ciertas actividades conexas entre ellas la construcción de 5 embalses, para almacenar agua, una planta de energía eléctrica, y caminos de acceso, no se encontraban muy bien analizadas, especialmente la parte de la mitigación de los efectos negativos, así que se tomó la decisión de aprobar ciertas actividades como la de extracción, pero no las conexas. Estos estudios tienen que presentarse y aprobarse previo al inicio de operaciones. También se han solicitado otros requisitos para vencer la posible superficialidad que pudieran tener en el EIA, como el análisis del drenaje ácido de roca. Con la observancia de estas medidas, además de las fianzas solicitadas (de 4 y 10 millones de dólares) la actividad pudiera operar en un marco que la ANAM considera sostenible.

El Código Minero ya establece una prioridad para el Estado, en cuanto a la explotación de los recursos del subsuelo, este es un cometido del Estado panameño desde hace muchas décadas. El vacío que existía en esta ley es la aplicación de la legislación ambiental. Afortunadamente hace 10 años la ley general del ambiente llenó este vacío, con instrumentos legales como la evaluación de impacto ambiental, así que no creo que la aprobación de este estudio “per se”, dé luz verde a una actividad cualquiera. En minería metálica, desde 1999 se han aprobado cinco proyectos, como Cerro Quema, que adecuó sus operaciones a través de un programa de manejo ambiental que es la otra alternativa para empresas que ya estaban operando cuando la ley ambiental entró en vigencia igual que Aurum, que también tiene un instrumento de gestión ambiental aprobado; hay otras dos en programas de manejo ambiental, y ahora Petaquilla. Así que este es un tema de política de Estado, la buena noticia es que ahora tiene controles ambientales que todos los panameños deben conocer. Es muy común que se califique una actividad por los efectos ambientales negativos que tuvo en el pasado, sin embargo actualmente tenemos los instrumentos para controlar estos impactos.

Sí, porque las actividades como la de Petaquilla, que tuvo la particularidad de un proceso administrativo que se siguió a la empresa por haber iniciado operaciones sin el EIA, demostró que independientemente de que hay un organismo, que es el MICI, que es el que fomenta la minería metálica o no metálica (de la cual depende la industria de la construcción y la expansión del canal), también está la ANAM, que es la institución que controla los impactos ambientales de todas las actividades que puedan tener efectos negativos. Además está el Órgano Judicial que nos hace equilibrio.

El punto medio es el desarrollo sostenible. Mucho antes de que se acuñara este término, la Constitución Política establece es su artículo 120 que es deber del Estado y todos sus habitantes procurar un desarrollo social y económico que evite la contaminación del ambiente, o sea que ya estamos orientados política y jurídicamente hacia ese punto medio: que exista un desarrollo social y económico, pero que respete los ecosistemas. Esta actividad (la minera) tiene un matiz especial ya que los recursos son no renovables, y por lo tanto su tratamiento debe ser mayormente observado por el Estado.

De acuerdo con la ANAM, la empresa Petaquilla debe cumplir con una serie de requisitos “protocolares” antes de iniciar operaciones. En mi opinión todavía no debería de iniciarlas, hace falta más consulta ciudadana.

En la práctica, la ANAM abrió la caja de Pandora, inconsciente o conscientemente nos adentra en el mundo de la minería de metales sin estar preparados para lograr, del desarrollo de esta actividad, recursos económicos que se traduzcan en bienestar para todos los panameños. Muy por el contrario emulando los tiempos de la “patria boba”, como Buneau- Varilla entrega nuestros recursos al festín de las transnacionales y los intereses de algunos inversionistas nacionales.

El país no cuenta actualmente con una unidad fiscalizadora de la actividad minera. Recordemos que no hablamos de la aprobación de un proyecto turístico, o una plantación forestal en la que ANAM ha demostrado idoneidad y tiene personal. Nos referimos a la actividad económica más destructiva del medio, con efectos transformadores permanentes en el paisaje geográfico de un país, y contaminación de aguas, suelos y aire, producto de fenómenos físicos, químicos y de interacción agua roca, sin hablar de la desaparición de especies biológicas de forma permanente, incluso el hombre. Desde el punto de vista económico, no es una actividad, y cito de nuevo, el turismo que requiere incentivos, puesto que la explotación de un recurso mineral es la extracción de un recurso no renovable que produce durante un período determinado por el tamaño del cuerpo mineralizado, 10, 20 50 años de bonanza, al terminarse el mineral termina también la actividad económica y la prosperidad de la comunidad ya lo experimentamos en la mina de Santa Rosa en Cañazas, donde hoy por hoy no existe control ni fiscalización ambiental alguna.

En orden de prioridad, primero es determinar cómo protegeremos el ambiente, luego sabremos cómo desarrollar la actividad. No lo inverso, destruimos primero y remediamos o lamentamos después. Tal cual lo mencioné, la minería es altamente destructiva pero a su vez económicamente productiva si es desarrollada como parte de una política planificada de gobierno, recordemos que es un recurso finito, y si se va a extraer debe ser de forma planificada y en los mejores términos económicos para el país y la comunidad, tal cual lo hacen otros lugares donde las regalías alcanzan hasta el 50% y las transnacionales mineras que están aquí lo pagan en otras latitudes. Todo parece indicar que el país apuesta a la minería como una actividad económica, pero no estamos preparados para ello. Conviene entonces hacer un alto para reordenar algunas cosas, creo en la mora minera solicitada por algunos grupos ambientalistas, como un instrumento que nos daría el tiempo de establecer parámetros de explotación económica y ambientalmente aceptables. Crear leyes que eviten la explotación en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento, así como en las de riesgo por altas precipitaciones y deslizamientos entre otras normas que se podrían establecer. Crear un organismo de fiscalización y monitoreo con personal idóneo y con participación de universidades y grupos ambientales.