Lo que no se olvida de Changuinola

Había miedo. El informe preparado por una comisión independiente que debía analizar los hechos ocurridos entre el 8 y el 10 de julio de 2010, en los que murieron dos personas y más de 700 resultaron heridas, puede resumirse en esas dos palabras.

El documento asegura que las autoridades temieron que la resistencia indígena fuera la entrada a un episodio de desestabilización en el país.

Pero esa refriega de trabajadores bananeros fue la puerta que abrió los canales a una nueva postura en la relación sociedad-autoridades. ‘El gobierno aprendió a respetar a los indígenas’, explica Víctor Lewis, abogado de profesión y presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, una organización que reúne a decenas de sociedades civiles y gremiales.

Según el informe de la comisión independiente, el gobierno empezó por ignorar la reacción adversa de los indígenas en Changuinola y terminó reprimiéndolos desproporcionadamente temiendo una sublevación.

‘Creo que el gobierno reconoció que se equivocaron en la forma, quedó evidenciado que hay poco profesionalismo en la policía ante un evento de esa magnitud, ellos se asustaron’, añade Lewis.

LA CRISIS DE CHANGUINOLA

El miedo, sin duda, había sido un factor presente en la relación entre el gobierno de Ricardo Martinelli y la sociedad civil organizada. Desde 2009, cuando la presente administración asumió el mando del Estado, el gobierno había mantenido un control de la opinión pública.

Los sectores que se le opusieron públicamente fueron arrinconados y desafiados, la agresividad del estilo de gobierno hizo que antes de criticar o cuestionar a las autoridades hubiese que pensar en temores.

Pero en julio de 2010 ese escenario cambió abruptamente. El gobierno había aprobado la Ley 30, literalmente un ‘chorizo’ que legislaba sobre nueve temas en un solo documento. La propuesta fue ampliamente cuestionada, los sectores laborales, ambientales, políticos; los abogados, otros especialistas, en fin, la mayoría de la sociedad, se opuso a la aprobación de semejante mezcla.

La ley se aprobó de todas maneras en junio de 2010. La nueva legislación establecía que las empresas no estaban obligadas a descontar la cuota sindical a los trabajadores y la empresa bananera que opera en Changuinola, Bocas del Toro, lo puso en práctica de inmediato.

Dejó sin recursos económicos de un solo plumazo a la organización sindical que aglutina a los trabajadores del banano. Eso provocó una huelga en las bananeras.

La primera reacción del gobierno fue minimizar su impacto. Los trabajadores cumplieron una semana en huelga sin que nadie les pusiera atención.

El 7 de julio de 2010, trancaron las calles que rellenaron con piedras de río y bloquearon los accesos a Changuinola; el 8 de julio, empezaron los enfrentamientos severos que dejaron, ese mismo día, dos muertos. Este combate se prolongó hasta el 10 de julio y no fue sino hasta el 11 cuando se logró un acuerdo que permitió una salida a la crisis.

EL ESTIRA Y AFLOJA

¿Era el surgimiento de un nuevo esquema en la relación entre gobierno, gremios y organizaciones civiles? Rafael Chavarría, dirigente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), cree que el episodio de Changuinola reveló dos caras de una misma moneda. ‘Este es un gobierno que siempre espera tener el agua a las narices’, dice Chavarría. ‘Los trabajadores aprendieron que la presión era la única forma de actuar frente a este gobierno; si no, mire la respuesta ante la ley minera...’.

El rechazo a la ley minera, aprobada como Ley 30 en sesiones extraordinarias, conjugó a medios, grupos civiles y, otra vez a la cabeza de las manifestaciones, a los indígenas.

Aunque hubo menos exceso policial, los acontecimientos parecían salir del mismo molde que se aplicó en Changuinola. Al final, en un giro sorpresivo cuando menos se lo esperaban, el presidente Martinelli la derogó.

Con la decisión del mandatario terminó la presión tras casi una semana de cierres en la carretera hacia Chiriquí, ocasionando pérdidas severas a la producción de las Tierras Altas chiricanas. ‘Los indígenas se ganaron el respeto del gobierno’, explica el abogado Lewis.

Pero entonces, ¿por qué el equipo de Cambio Democrático no adopta otra fórmula para gobernar? ‘No han sido perfectos’, dice Lewis, al analizar el motivo que lleva al presidente a consultar tan poco. ‘Se piensa que queremos cogobernar, pero se trata de que escuchen lo que se tiene que decir, ellos tienen la responsabilidad de tomar las decisiones, a nosotros (la sociedad civil), no nos interesa cogobernar’.

Mientras, Chavarría encuentra la razón en algo más ideológico. ‘Este es un gobierno de ultraderecha y no tienen suficiente sensibilidad social’, opina el dirigente obrero. Para muestra, el sindicalista cita lo que considera persecución contra varios representantes obreros en la Caja de Seguro Social.

El gobierno de Martinelli cumple apenas dos años de mandato, aún le queda el 60% del tiempo, ¿tendremos que ver tres años más de estos altibajos?

Saberlo sería jugar al agorero, pero los indígenas tienen algo claro, las agresiones de Changuinola no se olvidan. ‘Cuando agredes físicamente a un indígena, cuando tú lo tocas… ¡él nunca se va olvidar ni perdonar eso!’, sentencia Liborio Miranda, dirigente del Congreso Ngöbe, e insiste: ‘¡Eso no se olvida...!’ .