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- 05/12/2015 01:00
Unos por problemas crónicos con el espacio público, otros por el desorden institucional en el cambio de uso de suelo (que permitió erigir rascacielos entre pequeñas casas), y unos más por la permanente inundación de sus viviendas tras el relleno de extensas zonas de manglar, todos se quejan.
‘Indignados', un grupo de organizaciones de barrio de la ciudad ha decidido unir fuerzas en un movimiento que pretende atacar el caos urbano. Se ajustan, dicen, a una lógica novedosa: ‘se llama urbanismo participativo', los vecinos se unen para decidir su futuro.
Miriam González, dirigente del barrio de Las Mercedes, explica que no es un término teórico, sino el resultado de lo que en la práctica han tenido que hacer alrededor de 20 urbanizaciones de la ciudad en los últimos años: ‘demandar voz en la solución de nuestros problemas'.
‘Hemos surgido porque vemos que los barrios tenemos problemas distintos pero con una similitud: la falta de respuesta institucional. Agruparnos y luchar juntos es la única manera de superarlos', asegura.
La teoría del ‘urbanismo participativo' que se cuece en la ciudad de Panamá implica que las organizaciones agrupadas en el movimiento de Indignados por el Caos Urbano se apoyen, protesten cada uno por sus conflictos y todos por los de todos.
Así, los residentes de Albrook conocen de la lucha de los de Juan Díaz, y ellos los de Obarrio.
Ricardo Mejía, el vocero de Juan Díaz, sostiene que su barrio (Ciudad Radial) empezó a organizarse en dos calles, para luego sumar a los residentes del Las Acacias, Campo Lindbergh, Santa Clara y Don Bosco.
Todos se cohesionan en una Red Ciudadana Urbana, una organización de vecinos de la capital que ha conseguido personería jurídica y que, en función de eso, presenta denuncias judiciales por los abusos en los barrios.
‘Este movimiento ha nacido porque quienes un día nos apoyaron y ahora están en el Gobierno guardan silencio y siguen cometiendo las arbitrariedades que siempre han cometido los anteriores', argumenta María Chávez, representante del barrio de Clayton.
La red de vecinos se ha planteado enfrentar, en principio, doce problemas que padece la ciudad: el incumplimiento de las leyes ambientales que protegen los ríos, la falta de agua potable en las zonas urbanas, el otorgamiento de concesiones de minería no metálica en zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Chagres, el desbordamiento de aguas servidas, los edificios construidos ilegalmente, y los tranques en calles internas ocasionados por falta de planificación.
También han denunciado la apropiación ilegal de las riberas del mar en Punta Paitilla y el pacífico coclesano, el ejercicio de actividades comerciales ilegales en barrios del centro, la ineficacia del Idaan, ATTT y los Bomberos en verificar si es viable el otorgamiento de permisos de construcción, los Estudios de Impacto Ambiental amañados en San Francisco, la violación de la Ley de las Áreas Revertidas, y los ‘reavalúos abusivos'.
ESTADO DE DERECHO
‘Vivimos en una ausencia de Estado de Derecho y, a falta de seguridad jurídica ciudadana, se estropea sistemáticamente nuestra calidad de vida y bienestar. Las autoridades no empatizan con los efectos y el impacto que tiene el caos urbano sobre el ser humano y quieren ver el problema únicamente desde el punto de vista burocrático', planteó la organización.
La veintena de barrios sostiene la necesidad de que se cumpla con el Pacto por el Urbanismo Participativo, firmado el 8 de febrero de 2014, en plena campaña electoral, y para lo cual exigirán la aplicación de moratorias, paralizarán proyectos y alzarán su voz legalmente.
El movimiento se ha organizado para atacar todos los frentes: unos ven cómo atajar soluciones a través de leyes y otros están pendientes de la lucha diaria y la organización.
‘Aquí consultamos, preguntamos y proponemos a los gobierno locales. Si es necesario, cuando no nos escuchan, nos manifestamos en protesta', resume María Chávez.
Para ello, explica Miriam González, es fundamental el amparo de la Red, que ha obtenido su personería jurídica.
‘Por eso, es clave que las comunidades que aspiren a organizarse se unan a grupos como el nuestro: no es lo mismo luchar solos que luchar con 23 barrios más'.
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‘Nuestra idea es luchar juntos y concienciar a la gente de la ciudad sobre cómo funciona esto. Tenemos que abrirle los ojos a las comunidades',
RICARDO MEJÍA
DIRIGENTE DE JUAN DÍAZ
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‘No somos ni queremos un espacio político. Solo buscamos soluciones y reivindicar el respeto al ciudadano y a su calidad de vida',
MARÍA CHÁVEZ
DIRIGENTE DE CLAYTON
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PACTO ELECTORAL
Participación, la palabra prometida en campaña
La Red Ciudadana Urbana ha denunciado la falta de aplicación del pacto por el urbanismo participativo, que firmaron el 8 de febrero de 2014 los candidatos presidenciales, alcaldes (entre ellos el ganador, José Isabel Blandón) y aspirantes a diputados por los circuitos 8-7 y 8-8.
Miriam González, dirigente de Las Mercedes, sostiene que si bien las autoridades municipales les atienden y escuchan, ‘se han caracterizado por no dar respuestas'.
‘El problema aquí es que por mucho tiempo a los gobiernos solo les ha importado el dinero que aportan las inversiones públicas e inmobiliarias, y sus ciudadanos han quedado en segundo plano', sigue María Chávez.
Su posición contrasta con la postura del Gobierno Municipal, que asegura ejecutar consultas ciudadanas. Lo hicieron para diseñar el programa de revitalización de La Exposición, y para la intervención de la vía Argentina, en el El Cangrejo; y la calle Uruguay, en Marbella.