‘Aquí no ha pasado nada’

CGabriel Pascual nació en Penonomé hace 36 años. Está casado y tiene un hijo de nombre Gabriel Alexander. Es licenciado en Economía de la Universidad Nacional. Tiene una maestría en Gerencia Estratégica y estudios postgrados en Docencia Superior y Administración de Negocios. Es servidor público por más de 10 años con un puesto administrativo en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social. En octubre del 2006 la abuela de Pascual, María Paulina Flores, se resfrió. En el Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé recibió un frasco de jarabe sin azúcar para la tos, que compartió con su hijo, Erasmo Pascual Flores, el padre de Gabriel. María Flores murió el 26 de octubre del 2006 de Insuficiencia Renal a razón del envenenamiento del dietilenglicol. Erasmo Pascual murió del mismo envenenamiento (Insuficiencia Renal y enfermedades neurológicas) poco más de dos años después, el 18 de febrero de 2009. Gabriel Pascual es fundador y presidente del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida.

El comité se fundó el 17 de octubre del 2006, Muchas personas que tenían sus familiares enfermos visitaron el complejo hospitalario. No tenían cómo comer, no tenían cómo movilizarse, no tenían dónde buscar información. Tomamos la iniciativa de formar un comité de familiares cuyo estímulo era la búsqueda de la verdad y justicia. Encontramos una gran resistencia por parte de las autoridades. El gobierno no quería que ninguna organización o asociación le fuera la contraparte. En todo momento trataron de evitar esto, hicieron reuniones que en vez de buscar soluciones eran para desviar y dilatar. Pero lográbamos superar estos obstáculos y seguíamos organizandonos, tomando acciones, exigiendo reconocimiento de las víctimas y sobre todo mejoramiento de la atención a los sobrevivientes en los centros y policlínicas a nivel nacional.

Antes que nada, trato justo a los afectados. Aquí existe una ley de protección al paciente que no se ha cumplido. Una persona víctima debe ser tratado con amabilidad, con rapidez, con eficiencia, y con efectividad, lo que hemos recibido es maltrato psicológico tanto en la parte de salud como legal. Cuando llega una persona para sacar una cita, no se la da en momento oportuno, se la da para 3 ó 4 meses. También está el problema de la medicina. Cuando dicen que no hay, tampoco se la compran inmediatamente. En cuanto a la gente que tienen que hacerse diálisis tres veces por la semana, la Caja de Seguro Social pone un bus, pero esto no es garantía para buscarlo o recogerlo, es evidente en provincias. Por ejemplo en Penonomé, Santiago y Bocas del Toro no hay hospital en la cual se puedan realizar diálisis. El paciente tiene que ir en bus hasta Aguadulce o David. Esto es costosísimo. A parte de esto, no solo somos víctimas del veneno, sino también de la golpiza que nos dieron en la Presidencia un 19 de julio del 2007 por parte de los miembros del SPI, encabezado por José A. Gómez, entre otros.

Hemos tenido contradicciones con el Instituto de Medicina Legal (IMEL). No ha hecho el análisis de los envases que los familiares entregaron. Hay 10,000, frascos distribuidos entre la población que tienen que ser analizados. Solamente estudian 400 por año. Esto conlleva a que hay víctimas que no reciben las atenciones. Si tú no estás reconocido legalmente como víctima por el Ministerio Público, la Caja de Seguro Social/MINSA no te atiende de la manera correcta. En enero del 2008 el director del IMEL, el Dr. Vicente Pachar, presentó un informe público en que habla de 464 casos supuestamente no afectados. Resulta que hay ahora alrededor de 15 de estas personas que presenten efectos tóxicos. Los familiares lo hemos encontrado poco serio en esto. Tenemos el caso del señor Adolfo Nieto, que en paz descanse, que fue declarado por el IMEL como un caso positivo pero sin secuelas. Sin embargo, murió de los efectos del veneno. Por otro lado el Ministerio Público determinó 70 casos no concluyentes, 60 casos incompletos o por falta de información. Lo más lógico y sensato era definirlo como casos positivos. Nosotros consideramos que toda persona que ingirió el veneno está afectada. Supongo que si un oficial del gobierno había tomado el jarabe, el pensaría igual.

También es injusto como se ha manejado el expediente para no tener que declarar más personas como víctimas. Ahora el expediente tiene diez meses de estar en la Corte Suprema de Justicia en manos de la magistrada Esmeralda de Troitiño, resolviendo un caso tras un incidente de controversia presentado por la defensa del señor Luciani, director de la Caja de Seguro Social. Esto pone un obstáculo al avance de la investigación y lo estanca en la Corte. Mientras que el expediente no regrese al Ministerio Público, no va haber quien determine y certifique a una persona como positivo o negativa. Las personas que hoy sobreviven a la tragedia, pero que son considerados casos no concluyentes no pueden hacer nada porque el expediente con sus nombres está en la Corte. El mismo IMEL no decide porque manifiesta que el expediente con su caso está allá.

Que la justicia caiga sobre ellos. Por ejemplo, Camilo Alleyne, ministro de Salud, regente de salud en el país no cumplió con lo que establece la Ley 1 de Medicamentos, los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social por no jugar su rol en la vigilancia, el director de Farmacia y Droga responsable del no cumplimiento de la Ley 1 de Medicamentos. El director de la Caja de Seguro Social no hizo cumplir su compromiso para la seguridad de los productos, los ex directores de Compras de la Caja de Seguro Social y los mismos señores del laboratorio no cumplieron a cabalidad. Está también la empresa Medicom en conjunto a la empresa Davivienda, que financió la compra del veneno, y sus directores Teófilo Gateño y Steve Taraci. En China y en España han hecho correctivos necesarios. Los chinos han castigado gente, y se ha mejorado el sistema. Los españoles han llamado a juicio los responsables de la empresa Rasfer Internacional, y están en proceso de juzgamiento. Pero en Panamá ¿qué pasa? Todavía los controles no son efectivos. No han hecho correctivos. No han llamado a juicio a nadie. Hay un chivo expiatorio detenido, pero los empresarios y los altos funcionarios siguen libres como si nada.

No se han mejorado los controles como era lo justo. Si se sigue el relajamiento en la Caja de Seguro Social y con la Ley de Medicamentos. No hay organismo en este país que dé verdadero seguimiento a este tema. Ha sido el comité de familiares quienes lo hemos llevado con los medios de información y en las calles. Fuimos en varias ocasiones a la Asamblea con una propuesta de pensión de por vida para todos los sobrevivientes, mejorar las atenciones de en los centros hospitalarios, entre otros puntos, pero todo quedo archivado, nunca hubo la intención de llevarlo a la discusión. Hemos denominado este gobierno sordo, mudo y ciego, un gobierno indolente, que no le ha importado las tragedias que han pasado en este país. Ojalá que no se repita en los próximos años.

Hay compromisos. El presidente electo, Ricardo Martinelli, y su equipo de trabajo se ha comprometido con el comité y me lo reiteró vía telefónica, el próximo 2 de julio, a través de la diputada Marylin Vallarino y un equipo de trabajo, van a crear una comisión para dar respuestas a nuestras peticiones. Creemos que este compromiso debe darse. De igual, estamos siempre pendientes. Si no lo hace, estaremos realizando y tomando acciones que garanticen las atenciones que hemos venido exigiendo.