Un nombramiento con sabor a decepción

La designación de Kenia Porcell Díaz en el Ministerio Público ha hecho recordar episodios ocurridos en años anteriores, cuando la ciudadanía ha cuestionado a la Presidencia por nombramientos en puestos clave hechos de forma ‘inconsulta’.

Uno de ellos fue la designación de José Abel Almengor como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Almengor saltó en aquel momento a la Corte desde un puesto de asesor de seguridad en la administración de Ricardo Martinelli.

Fue también una situación similar a la de la actual procuradora, Ana Belfon, quien antes de ser nombrada para esa posición laboraba como asesora legal en el gabinete de Martinelli.

Quienes esperaban que el presidente Juan Carlos Varela cumpliera su promesa de campaña de realizar las debidas consultas antes de hacer el nombramiento de un nuevo procurador, se sintieron decepcionados.

‘Hay un problema ético y de principios en su designación (de Porcell) que obliga a la reflexión’, manifestó la representante de Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, quien suponía que Varela respetaría los resultados de los diálogos nacionales como la Concertación y el Pacto de Estado por la Justicia, que sugieren un escrutinio público previo a este tipo de designaciones.

A pesar de las críticas, Castillo considera que hay una oportunidad para trabajar en temas pendientes: la implementación del Sistema Penal Acusatorio; la Ley de carrera de instrucción judicial dentro de la Procuraduría, que no se ha implementado; reforzar el sistema de investigación y sancionar las faltas de los funcionarios del ministerio.

‘No es conveniente llegar a hacer barrería, más bien, examinar quién hace su trabajo y quién no. Hay que revisar las estadísticas judiciales y mejorar las oficinas de atención a víctimas’, recomendó Castillo.

Los recientes casos de corrupción motivarán la creación de una fiscalía especial anticorrupción, que cuente con personal preparado para investigar este tipo de delitos. Además, un factor importante será dotar de recursos a estas oficinas; de lo contrario, todo queda en intenciones y las expectativas de la ciudadanía, que espera certeza de castigo, se desploman.

Castillo propone reformas a la Ley 59 sobre enriquecimiento injustificado, que como está redactada actualmente solo obstaculiza el trabajo de los fiscales. ‘No pueden hacer nada si la Contraloría General de la República no emite un informe sobre los bienes patrimoniales, etc. Por tanto, ninguna investigación puede efectuarse hasta que eso ocurra’, explica Castillo.