Formulan cargos a tres directivos de Campos de Pesé, S.A

La jueza de Garantías de la provincia de Herrera, Julisa Saturno, acogió ayer la solicitud de imputación por los delitos contra el ambiente, ordenamiento territorial y la salud pública a Rafael González Fernández Pacheco, gerente general y representante legal de Campos de Pesé, S. A.; Gustavo Martín Melgara, gerente agrícola de la empresa, y María Isabel Lao Quintero, supervisora responsable de la fumigación.

Saturno acogió la solicitud de la fiscal de circuito de la provincia de Herrera, Enereida Barría, quien pidió la imputación de los citados directivos.

También impuso medidas cautelares personales en contra de González Fernández Pacheco, Martín Melgara y Lao Quintero.

En la audiencia de ayer, Saturno también declaró legal la incautación de datos, realizada por el Ministerio Público, el pasado 4 de julio.

Los imputados tendrán que presentarse ante las oficinas de la Fiscalía de Circuito de Herrera los días 21 de cada mes mientras dure este proceso, dijo la funcionaria.

La otra medida cautelar es la prohibición de abandonar el territorio nacional.

Saturno señaló que para ello se girará la comunicación respectiva a la Dirección Nacional de Migración, con la finalidad de que se cumpla con dicha orden.

Por otro lado, se decidió que Campos de Pesé, S. A., a la que se le ordenó la suspensión temporal de operaciones por 30 días, debe reiniciar labores por tres días máximo, única y exclusivamente para llevar a cabo medidas de mitigación que incluyan recoger la vinaza que mantienen en los campos de cultivo y así evitar que nuevamente caiga al río.

Desde ayer, el Ministerio Público tendrá un periodo de seis meses para concluir la investigación.

EL AGUA YA ES POTABLE

El Gobierno suspendió ayer la restricción de consumo de agua de las plantas potabilizadoras Roberto Reyna (Chitré) y Rufina Alfaro (Los Santos), las cuales abastecen a los distritos de Chitré, Los Santos, Guararé y Las Tablas; lo que significa que los azuerenses ya pueden tomar agua de los grifos en esta región.

El anuncio fue hecho en conferencia de prensa por el Ministro de Salud, Javier Terrientes, quien detalló que tras varias pruebas se comprobó que los niveles de atrazina, herbicida que había contaminado el río La Villa, están por debajo de los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"El mensaje es claro... el agua se puede usar para beber, para cocinar, para el uso diario de los habitantes de Azuero", dijo Terrientes.

Señaló que se realizaron dos pruebas que comprobaron los bajos niveles de atrazina en el río La Villa, principal afluente de ambas plantas potabilizadoras.

Las pruebas fueron verificadas en el Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá, el Laboratorio de Toxicología Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) y el Laboratorio de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Añadió que hasta el momento no se ha reportado ninguna "manifestación aguda" o casos de atención en alguna instancia de salud, relacionado a la atrazina.

El titular de Salud advirtió que se mantiene la restricción de uso de atrazina, como herbicida, a empresas y sector agropecuario de esta región.

La Directora de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), Mirei Endara, anunció que en el sitio http://anam.gob.pa, se informará el resultado de los monitoreos del río La Villa.

Agregó también que pondrán en marcha el Plan de Ordenamiento Territorial Ambiental de esa cuenca e indicó que la entidad que dirige, ofrecerá asesoría técnica al Ministerio Público en la investigación que realiza por este caso.

CAMPOS DE PESÉ SOLICITA AL MIDA UNA AUDITORÍA

Por su parte, la empresa Campos de Pesé, S. A. informó ayer, que está solicitando al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) una auditoría sobre el manejo que hace del herbicida atrazina. A través de un comunicado, la compañía recuerda que a pesar de que esa sustancia es de venta legal y es utilizada por diferentes productores de la zona, ‘el interés de esta auditoría es que la autoridad competente pueda verificar los procesos con que cuenta la empresa para el uso de este producto, desde su salida del almacén hasta su aplicación en el campo’.