“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
- 11/09/2009 02:00
COLÓN. La ciudad atlántica amaneció diferente ayer. Un comité de visitantes compuesto por policías, periodistas y altos funcionarios de Gobierno estaban a primera hora en la ciudad.
El punto de convergencia eran las estructuras que construye en la Bahía de Manzanillo, junto al Club Náutico Caribe, la empresa Ocean Pollution Control (OPC).
La visita no era de cortesía, sino un nuevo episodio en la saga entre concesionarios y el Gobierno Central.
Casi todo el Gabinete en su “uniforme de fatiga”, (camisa manga corta blanca de tela de algodón), estuvo en el allanamiento a los terrenos donde Ocean Pullution construye un muelle.
A la cabeza de la delegación los ministros Jimmy Papadimitriu de la Presidencia, José Raúl Mulino de Gobierno y Justicia, Alberto Vallarino y Federico Suárez de Obras Públicas, cumplieron el ritual: colocaron letreros de “Propiedad del Estado”, enarbolaron la Bandera Nacional y cerraron el lugar con candado.
La idea del destacamento de funcionarios era tomarse las instalaciones de la empresa en lo que han definido como un método de recuperación de bienes que son considerados patrimonio del Estado y que de acuerdo a los funcionarios está siendo aprovechada al margen de la ley.
El ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, indicó que las ordenes expresas del Presidente de la República fueron “ver el área y tomarnos la parte ilegal del relleno que se ha hecho aquí en este muelle de Colón” que, según el ministro, es “completamente ilegal”.
El administrador de la Autoridad Marítima, Roberto Linares, advirtió que en el 2008 se le dio una resolución a la empresa indicándoles que ellos no podían rellenar, ni hacer ninguna construcción ni empezar trabajos sin que saliera el contrato debidamente refrendado por el Contralor. Este contrato nunca fue refrendado por esta autoridad “la gente debe entender, que no puede seguir jugando vivo, eso se acabo”, dijo.
“No podemos permitir que aquí se embarque y desembarque mercancía de un muelle que es ilegal”, agregó el ministro de la Presidencia, quien luego de esto no quiso aclarar si se insinuaba que desde este puerto se estuviese introduciendo o sacando mercancía de contrabando.
Tanto el ministro de la Presidencia, como el de Gobierno y Justicia, José Raúl Molino, negaron conocer quiénes eran los dignatarios de la empresa OPC o si el ex asesor de la AMP, Hugo Torrijos, tuviese alguna relación con la misma.
La AMP otorgó mediante Resolución DM-P No. 043-2008 de 2 de abril, a la sociedad OCEAN POLLUTION CONTROL, S.A., un permiso provisional de concesión por un termino de 11 meses y 29 días que venció el pasado 1 de abril de 2009, sin capacidad de renovarse.
Sin embargo, los trámites definitivos aún no recibían el refrendo de la Contraloría. Pese a ello, la sociedad OPC realizó trabajos de movimiento de tierra en la rivera de mar del lugar.
La empresa Ocean Pollution Control (OPC) respondió que sus operaciones están en orden y “al día”. Lo explicó José Miguel Guerra, su vocero.
En un comunicado sostienen que mediante una autorización provisional mantienen el permiso para desarrollar esas obras. El permiso temporal incluye un pago mensual. El último pago tiene fecha del 9 de septiembre. ( ver facsímil ).
“Los funcionarios del gobierno dicen que no existe permiso para hacer los trabajos, pero le cobran a la empresa por ello” resalta Guerra.
La AMP, asegura que los pagos después de abril se recibieron “por error”. Además aseguran que “el permiso era de ocupación y no construcción”.