Según el economista en jefe de la FAO, Máximo Torrero, la región ha reducido la prevalencia del hambre, con casos destacados como Brasil, República Dominicana...
- 20/06/2013 02:00
PANAMÁ. La procuradora general de la Nación, Ana Belfon, reaccionó ayer tras la reciente solicitud que hizo a La Estrella el fiscal Séptimo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, José Osorio Cedeño.
‘En esta oportunidad no le voy a poder ayudar a emitir algún pronunciamiento (...). Yo voy a hablar personalmente con el fiscal, pero el principio general es la reserva de la fuente’, manifestó brevemente a este diario la máxima autoridad del Ministerio Público.
Lo acontecido hace recordar la petición que a principios de abril hizo Ana Belfon, cuando por medio de una circular dirigida a los fiscales y personeros del Ministerio Público, los instó a dar cumplimiento a los principios de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En esa misiva, Belfon solicita ‘no procesar a comunicadores sociales por delitos contra el honor salvo aquellos casos en que se presenten las pruebas de que estos actuaron con la intención de difamar’.
No obstante, el fiscal Osorio, mediante oficio con fecha del 10 de junio de 2013 pidió a este medio ‘informe sobre quién proporcionó la información que fue publicada el 16 de diciembre de 2012’, para incorporar este reporte al sumario en averiguación, por la presunta comisión de un delito contra el honor de la persona natural.
EL EJE DE LA POLÉMICA
La glosa de la polémica que apareció en la columna ‘La Llorona’ decía lo siguiente: ‘Por allí se comenta de la designación de Nelson, el del Gatito, como magistrado del nuevo Tribunal de Apelaciones Marítimas. Lo malo, dicen, es que tiene varios procesos penales en su contra por la supuesta comisión de delitos muy graves’. ¿Quién estará detrás?’.
Además, en la solicitud del Fiscal se cita el artículo 391 del Código Judicial que, entre otras cosas, expresa: (...) las personas naturales o jurídicas deberán también presentar la cooperación necesaria a dichos agentes cuando estos actúen en defensa de los intereses pú blicos y los referidos funcionarios podrán imponer multas de hasta $25.00 o arresto por ocho días a los que sin motivo justificado entorpecieren su acción con demoras evasivas o negativas’.
REACCIÓN DEL GREMIO PERIODÍSTICO
La petición del fiscal José Osorio Cedeño fue recibida ayer por los representantes de gremios periodísticos con sorpresa e indignación. Sobre todo porque la Ley 22 del 29 de junio de 2005, en su artículo cuatro desliga a un periodista de la obligatoriedad de revelar su fuente informativa.
Expresa: ‘el responsable de la información o la noticia difundida por los medios de comunicación social, no estará obligado a revelar la identidad de su fuente, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran por sus afirmaciones’.
Así lo recordó el abogado Guido Rodríguez, ex adjunto de la Defensoría del Pueblo y uno de los principales im pulsores de la Ley 22 de 2005.
Rodríguez, que actualmente es directivo de TVN, lamentó que autoridades judiciales pretendan anular el derecho de la reserva de la fuente, un principio básico de la libertad de expresión que también descansa en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que en su artículo ocho reza: ‘Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales’.
El Fórum de Periodistas, a través de su presidente, Simón Bolívar Alemán, calificó la petición del fiscal Cedeño como ‘otra intimidación que intenta autocensurar a los medios’, primordialmente porque ‘la reserva de la fuente representa una pieza importante’ en el ejercicio periodístico.
Por esta razón, Alemán concluyó que el medio ‘no está obligado y por ende no debe revelar la fuente’.
Todo esto se traduce en ‘presiones para coartar la libertad de expresión de la prensa’, es la lectura que le da José Escobar, directivo del Colegio Nacional de Periodistas. ‘Pareciera que desconoce las leyes que rigen el ejercicio del periodismo en el país’, acota Escobar.