El círculo vicioso del CEMIS

PANAMÁ. ¿“Qué pasó en el Palacio Justo Arosemena los últimos días de diciembre de 2001? Esa es una pregunta que aún no encuentra respuesta.

Los movimientos que tuvo el contrato entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo, que permitiría establecer un Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS) en la provincia de Colón se dieron en direcciones muy diversas, pero específicas.

Hace casi nueve años, en junio de 2001, el consorcio fue el único que aportó los documentos necesarios en la licitación pública para desarrollar un proyecto de parque industrial y el establecimiento de una terminal aérea de carga en la Costa Atlántica.

Todo transcurría con aparente normalidad. El proyecto fue aprobado en el Consejo Económico Nacional (CENA), luego por el Gabinete de la entonces presidenta Mireya Moscoso y presentado a la Asamblea Legislativa en septiembre de 2001.

Pero una vez en la Comisión legislativa de Comercio, presidida en aquel entonces por el ex legislador PRD, Laurentino Cortizo, comenzó la odisea.

El documento original fue modificado casi un 80%, ya que según los integrantes de la comisión, la mayor parte del contrato era leonino para el Estado. “Prácticamente se estaba regalando Colón”, dijo Cortizo en una entrevista a LA ESTRELLA. Desde entonces, se ha tejido una telaraña de la aprobación de un contrato que terminó convirtiéndose en el mayor escándalo de corrupción de la década.

La reapertura del caso CEMIS ha devuelto al debate la competencia y la correspondencia de responsabilidades, generadas por declaraciones e investigaciones.

Y es que con los primeros declarantes en esta nueva etapa investigativa, los cañones se enfilaron directamente contra una persona: la ex presidenta Mireya Moscoso, y una gestión: la de los integrantes de su Gabinete. Personajes que pasaron desapercibidos en las primeras investigaciones por el escándalo de corrupción.

El pasado 21 de mayo, durante su declaración jurada el ex legislador del PRD, Miguel Bush lanzó el primer dardo.

En su declaración ante el Ministerio Público, pidió la citación de la ex presidenta Mireya Moscoso y el ex contralor Alvin Weeden porque, según Bush, fue el primer contrato llevado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa lo que produjo una serie de interrogantes, ya que el documento fue considerado lesivo para los intereses nacionales.

Moscoso devolvió la esférica al campo legislativo, aduciendo que su gobierno no tuvo que ver con el CEMIS. “Quien presentó la iniciativa y generó el escándalo fue la Asamblea Legislativa”, aseguró.

Pero Weeden, copartidario de Moscoso, jugó su propia pelota, devolviendo al campo de la ex mandataria la responsabilidad por el controversial contrato.

“Ella sabía del CEMIS”, aseguró el ex contralor, quien dijo haberse opuesto al primer contrato presentado en septiembre de 2001.. y a continuación, hizo una movida adicional: “sería bueno que Moscoso fuera llamada a declarar”.

La ex presidenta no se quedó callada. “Lo que se investiga es la acción de los legisladores, no la gestión de mi gobierno”, explicó.

Hizo énfasis en algunos aspectos. Durante su administración, señaló, el proyecto fue revisado por el Consejo de Gabinete y retirado de la Asamblea Nacional. “Fue allí donde decidieron realizar un segundo bosquejo, que fue aprobado entonces por los legisladores”.

Es allí donde los últimos señalamientos de Tomás Altamirano Duque y Francisco Reyes, quienes eran miembros cuando el CEMIS, llegó al terreno legislativo, y tornan nuevamente la mirada hacia el Palacio Justo Arosemena.

Altamirano Duque señaló en su declaración que sí hubo movimiento de dinero en los días en que se promovía la aprobación del contrato, pero que él se negó a aceptarlo.

Reyes comentó que por aquellos días los rumores en los pasillos del pleno eran que para la aprobación del CEMIS “había corrido mucha plata”, principalmente hacia el sector de los diputados del PRD, porque del lado oficialista, el voto ya estaba garantizado”.

Dos declaraciones que podrían echar por tierra, las posturas de defensa que adoptaron los ex legisladores del PRD y quienes formaron parte del gobierno Moscoso.