Reforma al Código Judicial restringirá detenciones preventivas

Los implicados en delitos de corrupción y contra la administración pública podrían beneficiarse con una reforma al Código Judicial, que amplía los rangos mínimos para ordenar detenciones preventivas.

El proyecto 245, propuesto por la Corte Suprema, establece que para ordenar cárcel preventiva, el delito imputado deba ser penado con seis años de prisión y no con cuatro, como sucede actualmente.

Con este cambio, se verían favorecidos exfuncionarios de la pasada administración que hoy enfrentan procesos judiciales por delito contra el patrimonio del Estado, entre ellos, el desfalco en el Programa de Ayuda Nacional (PAN) y el pago irregular de comisiones a Cobranzas del Istmo.

Aunque busca descongestionar las cárceles (en las que el 60% de la población no ha sido juzgada), el proyecto de ley 245 presentado por el magistrado de la Corte, José Ayú Prado, ha provocado suspicacia entre algunos abogados.

Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, indicó que si bien el proyecto es positivo, aumentaría las dudas sobre la administración de justicia y se podrían entender como beneficios para los acusados en los casos de corrupción de mayor revuelo mediático.

Además, dice Arauz, la norma ‘no plantea los obstáculos ya identificados en las investigaciones a diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como es la ley 55 del 2010, que determina el tiempo de investigación de los casos.