Denuncian posible tráfico de influencias en compra

PANAMÁ. En su intento por defender la adquisición de la finca 334700, la ministra Alma Cortés podría haber confesado una violación a los códigos Administrativo y de Ética.

Así plantearon ayer abogados, dirigentes sindicales y políticos, como respuesta al argumento que dio Cortés —sobre que había logrado titular las tierras gracias al ex ministro de Desarrollo Agropecuario Víctor Pérez.

‘El tráfico de influencias siempre ha sido un tema cuestionado, pero en el caso que sea una ministra, es una falta más grave’, dijo el sindicalista Mariano Mena, quien criticó que sea la titular de Trabajo quien esté involucrada en una situación de este tipo cuando ‘es la que cuestiona a los sindicalistas supuestos usos indebidos de los fondos del Estado’.

Por su lado, el ex procurador Rogelio Cruz cree que es necesario saber cuáles fueron los trámites que hizo Cortés en el gobierno pasado y el actual, determinar si se le dio a su caso una celeridad inusual. Si es así, explica, podría haber un delito.

Cruz sostiene que hay dos caminos que investigar. Si hubo tráfico de influencias a la hora de adquirir la propiedad y la velocidad con que lo logró, y si cabe la figura de peculado, por el precio que pagó por las 88 hectáreas.

Más parcos respondieron los dirigentes de oposición Milton Henríquez y Laurentino Cortizo.

Henríquez, presidente del Partido Popular, sostuvo que si los hechos se dieron tal como los plantea Cortés, tendría razón; sin embargo, si el escenario fuese el contrario, sería un ‘abuso de poder y se debería echar abajo la transacción’.

Cortizo, del PRD, entre tanto, ve diferencias de precios. ‘Como ganadero conozco que en esa zona la hectárea cuesta entre 4 mil y 6 mil dólares’, formuló.