Proselitismo abierto a costa de los fondos del Estado

PANAMÁ. Obras, obras, obras. Es el banderín de batalla que usa el candidato presidencial del partido oficialista Cambio Democrático y parece que servirá también para darle un impulso a las candidaturas de los opositores.

Y es que ensayando una jugada maestra, el gobierno ha hecho extensiva la invitación a todos los aspirantes al solio presidencial a que lo acompañen en todas las inauguraciones y desde ahí se sirvan de forma directa o indirecta de los recursos del Estado para promover su figura.

Lo dijo el propio presidente Ricardo Martinelli durante la inauguración de la línea de conducción de agua del IDAAN en San Miguelito. Según el mandatario, desde el viernes pasado envió sendas invitaciones para los opositores, pero ninguno acudió al llamado.

Tanto el Partido Panameñista como el Partido Revolucionario Democrático rechazaron la invitación presidencial. ‘Más que una burla, es la doble moral con la que se maneja el gobierno para justificar la presencia de su candidato en actos públicos’, dijo el diputado panameñista José Luis Varela.

De parte de la candidatura de Juan Carlos Navarro, también advierten al presidente que ‘no cuente con el PRD’ para justificar el uso de recursos del Estado en campañas políticas.

Aún así, el candidato oficialista José Domingo Arias reta a los demás candidatos presidenciales y asegura que seguirá presentándose en cada acto oficial al que se le invite.

ILEGALIDAD A TODAS LUCES

Pero más que una invitación inmoral, es un acto ilegal, que violenta no solo a la Constitución Política de Panamá en su artículo 136, sino también el Decreto 20 del 23 de junio de 2003 del Tribunal Electoral, que prohíbe la utilización de los recursos del Estado para hacer campaña a favor o en contra de partidos o candidatos.

El decreto electoral es claro en su artículo 3: ‘Fuera de su horario de servicio, todo funcionario público es libre de hacer campaña a favor o en contra de los partidos o candidatos, siempre que no sea con ocasión de la inauguración de obras públicas ni en actos de carácter oficial, aunque sean velados los medios empleados para tal fin’. La falta a estas disposiciones establece penas de prisión de seis meses a tres años, suspensión de los derechos y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

EL EFECTO BÚMERAN

El nuevo anuncio presidencial ha causado indignación en el exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado. ‘Nos están agarrando de morones’, fue su reacción inmediata al conocer de la medida del gobierno, promotora del proselitismo con bienes del Estado.

El jurista asegura que aparte de violentar aún más la Constitución, el presidente y cualquier candidato que se preste para esto estará caminando en la inmoralidad. Sin embargo, Márquez Amado está convencido e que la estrategia de Martinelli terminará convirtiéndose en un búmeran. ‘Eso se les va a rebotar. Van a arreciar las críticas al partido de gobierno. Llegarán a ser muy fuertes, ojalá el presidente acuse recibo de ellas’.

COMPETENCIA DESLEAL

Más crítica se mostró la exprocuradora y candidata independiente a diputada Ana Matilde Gómez, para quien la invitación presidencial no es más que ‘una burla’. ‘Este país se ha convertido en una chabacanería. El manejo de la cosa pública ha caído en sus niveles más bajos’.

Gómez considera que las intenciones de Martinelli promueven una competencia desleal, porque ‘habemos candidatos que no usaremos los bienes del Estado para nuestro beneficio’.

En esa misma línea, Gerardo Solís, exmagistrado del Tribunal Electoral y aspirante a la silla presidencial, ve el ofrecimiento como un acto de ‘mala fe’.

‘La Constitución lo prohíbe y el único que iría sería el candidato de gobierno, por lo que el presidente no ha ofrecido una invitación bien intencionada’.

Solís sostiene que las palabras del presidente Martinelli solo dejan al descubierto el panorama del próximo torneo electoral donde habrá un ‘abuso’ por parte del gobierno de los recursos del Estado.