Exsocio de Lavitola dice que pagó ‘sobornos’ por 670 mil en Panamá

PANAMÁ. Mario Velocci, exsocio de Valter Lavitola, declaró bajo juramento ante la Fiscalía de Nápoles que antes de lograr un contrato público para la construcción de cuatro complejos carcelarios en Panamá, ‘se desviaron primero 530 mil dólares y luego 140 mil dólares para el pago de ‘sobornos por adelantado’ a funcionarios panameños.

Diarios italianos, entre ellos La Repubblica y Il Corriere de la Sera citan a Velocci, quien dijo que entregó a los fiscales napolitanos la documentación a la que tuvo acceso y en los que se vincula entre otros funcionarios a la hoy alcaldesa de Panamá y exministra de Gobierno, Roxana Méndez.

Méndez, insistió ayer en negar ante los medios de comunicación, su participación en cualquier acto de corrupción, pero los correos electrónicos que han sido aportados al expediente judicial dicen lo contrario, presuntamente la funcionaria habría cruzado comunicación con Lavitola para finiquitar detalles para el contrato en abril de 2011.

‘Carissima Roxana: si Dios quiere estaré en Panamá el día miércoles 6 de april y la entrega el sábado por la mañana. Vengo a hablar contigo y cerrar el tema de las cárceles. Por favor dame un cita de 30 minutos. En cualquier momento. Abrazo Valter’.

En respuesta a este correo electrónico, la exministra respondió: ‘Ok me puedes adelantar si puedes informarme algún avance en cuanto a la confirmación del financiamiento bancario’.

Otra copia del correo que fue entregado a los fiscales, dice: ‘el miércoles a las 4:00 p.m.’.

Velocci quien estuvo en Panamá a finales del año pasado confesó ante los fiscales que ‘por intermedio de Lavitola estaba haciendo los pagos a fin de que se adjudicara el contrato’ para la construcción de los complejos carcelarios por un monto aproximado de 176 millones de dólares, según citó la agencia de prensa italiana Agenparl.

¿PLIEGO DE CARGOS ACOMODADO?

Velocci entregó a la Fiscalía de Nápoles, otro correo, el cual se dirigía directamente a él por un asesor legal de nombre Raúl Ándrade. Según la información entregada a los funcionarios judiciales italianos, se establece que harían pagos a la compañía Svemark que representaba el mismo Velocci en Panamá y que se encargaría del suministro y la construcción de las cárceles.

En la nota, presuntamente originada desde el Ministerio de Gobierno, se le informa a Velocci que se ha convertido en testigo clave de la fiscalía, que ‘se le harían pagos por adelantados aún sin haber iniciado la construcción de las cárceles’.

Además que ‘la Contraloría se encargaría de incluir en la legislación un nuevo tipo de fianza que servirá como precedente para los próximos contratos que se realicen de este tipo’.

LAVITOLA ANTE LA JUSTICIA

Gran expectativa ha generado en los medios de Italia y el extranjero, la comparecencia de hoy ante los fiscales napolitanos, Henry John Woodcock y Vicenzo Piscitelli, quienes por el momento, le mantienen abiertos dos procesos penales. Hace más de ocho meses, los funcionarios de instrucción judicial, mantienen abierto el proceso de investigación, lo que ha permitido la acumulación de pruebas y declaraciones.

Uno de los expedientes es por ‘el crimen internacional de corrupción, cometidos en el interés de empresas italianas en la República de Panamá’.

El Ministerio Público de Panamá informó ayer que ha solicitado a través de la Cancillería panameña asistencia judicial a las autoridades judiciales de Nápoles, a fin de conocer el expediente, las pruebas acumuladas, así como los testimonios que han logrado recopilar en el caso que se menciona la posibilidad e actos de corrupción en los que menciona a panameños

¿PACTO CON LA JUSTICIA?

Los medios italianos, ya empezaron a filtrar información sobre la posible existencia de un pacto secreto entre Lavitola y la justicia de su país.

Il Fatto Quottidiani divulgó ayer que a cambio de no involucrar al exprimer ministro de su país, Silvio Berlusconni, podría lograr un acuerdo en su beneficio.

‘Lavitola no hablará de Berlusconi’, ese es el primer mensaje que se ha ‘filtrado’ desde la llegada de Lavitola a Italia divulgó el diario en su versión electrónica de ayer.

EL GOBIERNO SE DEFIENDE

Aunque pocas figuras del Gobierno Nacional, han dado la cara ante el escándalo internacional que ha generado la llegada de Lavitola a su natal Iatalia, ayer algunos de sus voceros salieron al paso a negar cualquier relación con actos de corrupción.

Luis Eduardo Camacho, Secretario de Comunicación del Estado, quien se ha convertido en uno de sus más acérrimos defensores del gobierno rechazó los canales informales que se han utilizado para vincular al gobierno panameño con un escándalo que no tiene sustento legal.

El ministro de Economía, Frank De Lima fue otro de los que salió a defender al gobierno. Dijo que en el presupuesto, no se contempló ningún pago para la construcción de cárceles.

Camacho reconoció que si hubo conversaciones con la empresas italiana Svemark, pero insistió en que no se concretizó nada.

El contrato involucraría la construcción de cuatro cárceles, una en La Chorrera, otra en David, Colón y la otra provincias centrales. Sería cárceles modulares o desmontables, las cuales podrían ser trasladados de un lugar a otro. En total serían $176 millones, los que se pagarían por la construcción de los penales, los medios internacionales, entre ellos el Financial Times de Londres, informaron que por el contrato se pagaría un ‘soborno’ de poco más de veinte millones de dólares.

POLÉMICA POLÍTICA

Mientras que en Italia avanzan las investigaciones judiciales en Panamá, no cesan las polémicas políticas.

La Asamblea Nacional, se ha convertido en el escenario central.

Sectores de la oposición insisten en que se nombre una comisión investigadora para conocer los hechos denunciados.

José Blandón por el panameñismo recriminó a sus colegas, la falta de independencia con respecto al Órgano Ejecutivo. ‘No es correcto que mientras se deteriore la imagen del país, los diputados no cumplamos con nuestro trabajo’, dijo.

Noriel Salerno del oficialista Cambio Democrático (CD) reclamó lo que considera una práctica habitual de los medios de comunicación de estar divulgando informaciones que no han sido confirmadas. El diputado coclesano dijo que la situación es tal que esto podría generar un enfrentamiento entre hermanos panameños. Hasta se atrevió a hablar de ‘una guerra civil’. De generarse un enfrentamiento, hasta los medios de comunicación y los periodistas serían víctimas.

Juan Carlos Varela, presidente del partido Panameñista, también salió a negar cualquier relación con Valter Lavitola, aunque reconoció que cuando fungía como canciller de la República, le tocó atender a la delegación italiana en las visitas que hicieron a Panamá.

Varela insistió que lo que corresponde ante el escándalo y las dudas que hay en Italia es que el gobierno panameño rompa cualquier contrato que mantenga con las empresas italianas.

Otra de las que atacó al gobierno y que no descartó la posibilidad de que tenga que comparecer ante la Fiscalía de Nápoles en Italia fue la excandidata presidencial del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera.

Responsabilizó directamente al presidente de la República, Ricardo Martinelli y le pidió que se de cuenta de todo el daño que le está haciendo a la imagen internacional del país. Herrera solicitó al Ministerio Público y la Contraloría General de la República que reabran la investigación, pero que ‘ahora lo haga de manera objetiva e independiente’.

La exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, se sumó a las críticas y dijo que ya es hora de que el Ministerio Público envíe una comisión a Nápoles y haga los contactos con las autoridades de investigación en Italia para conocer en detalle las investigaciones que adelantan.

Aunque mostró su desconfianza en que las autoridades panameñas estén en capacidad de hacer una investigación realmente independiente. En su opinión de la exprocuradora, los panameños no podremos esperar mucho, hasta que el país tenga nuevas autoridades en todos los estamentos del Estado.