Crecen las presiones para la salida de José Almengor

PANAMÁ. Pasan los días y las voces que piden la renuncia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Abel Almengor por su participación en el plan PAMAGO que terminó con la separación de la procuradora Ana Matilde Gómez, aumentan. Pero ya no es una petición, ahora es una exigencia.

Miembros de la sociedad civil están convencidos de que para que las investigaciones contra el magistrado Almengor fluyan, este debe mantenerse alejado de la Corte Suprema de Justicia. Y aunque no ha habido un pronunciamiento del Ejecutivo al respecto, las organizaciones demandan su renuncia.

ALIGERANDO EL PESO AL GOBIERNO

Una de las voces críticas contra Almengor es la del ex dirigente civilista Aurelio Barría, quien le recomendó renunciar a su puesto y así corresponder al reconocimiento que le hizo el Ejecutivo al nombrarlo en la Corte.

Con Barría coincide Guillermo Antonio Adames, presidente del Consejo Nacional de Periodismo, pues aunque sostiene que pese a que la decisión de renunciar es muy personal, hacerlo le quitaría un poco de presión al Ejecutivo para que la investigación siga adelante.

Enrique Montenegro, del Frente Nacional Contra la Corrupción, en cambio, no pide solo la salida de Almengor, sino la del pleno de la Corte. ‘No creemos que la sociedad civil debe solicitar que investiguen solo a Almengor, hay otros magistrados que están violando la ley con bufetes funcionando’. Señaló que dadas las circunstancias ‘se hace importante el llamado a una constituyente originaria, pues las recientes revelaciones de La Estrella pudieran ser como un efecto dominó’.

INVESTIGACIÓN IMPARCIAL

Por su parte, el Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG), liderados por el ex procurador Rogelio Cruz, emitió un comunicado en el que, además de exigir la separación de Almengor, recomiendan que se designe una comisión que investigue los hechos denunciados, integrada por abogados y miembros de agrupaciones civiles, y que los resultados sean presentados al Ministerio Público y a la Asamblea Nacional para que actúen en consecuencia.

Los abogados cuestionaron la poca importancia que ‘los más altos personeros del Gobierno Nacional, de la Asamblea y del Ministerio Público, le han dado a tan delicada situación, aún cuando la ley obliga a los servidores públicos, así como a los funcionarios de instrucción, tanto a denunciar como a investigar los hechos que pudieran constituir delitos, sin desacreditarlos a priori, con el único fin de descubrir la verdad y, en caso que encontraren culpables, aplicar las sanciones previstas’.

NUEVAS DENUNCIAS

En tanto, para hoy la Asamblea Ciudadana presentará ante la Asamblea Nacional una denuncia sobre el supuesto caso de conspiración contra una ex procuradora. Pedirán que se esclarezcan los hechos que han generado una polémica a nivel nacional.