Equidad para hombres y mujeres

Los derechos humanos que se consideran básicos no nacieron del Derecho Internacional hasta el 1° de diciembre de 1948 en París.

Los derechos humanos que se consideran básicos no nacieron del Derecho Internacional hasta el 1° de diciembre de 1948 en París. Siete años antes, ya en Panamá se había promulgado la Ley 48 de 1941 (firmada por el expresidente Arnulfo Arias) que “permitía” la esterilización de mujeres que tuviesen por lo menos cinco hijos vivos y cuyas condiciones económicas y sociales “fuesen difíciles”. No fue sino 72 años después, en marzo de 2013, que se aprobó la Ley 7, “que establece el marco regulatorio para la esterilización femenina”, cuyo único mérito es haber derogado la ley de 1941, que no tomaba en cuenta los logros de las mujeres, porque todavía no existían.

Sin embargo, la Ley de 2013 tampoco toma en cuenta el derecho de la mujer a decidir sobre su vida reproductiva y el número de embarazos y cuándo tenerlos; ni el derecho de todos los seres humanos a no ser discriminados por razón de sexo; ni acata las normas de Derecho Internacional, como lo manda nuestra Carta Magna. Se contradice a sí misma: en su primer artículo dice que “la esterilización es un derecho personalísimo y voluntario de la mujer”, para luego obligarla a tener dos hijos y 23 años de edad para acceder a la esterilización. Esto es maternidad forzada, que es tan indignante como la esterilización forzada. También les exige a las mujeres que tengan una recomendación médica, lo que las deja a merced de un médico que objete la cirugía por sexismo, insensibilidad, u objeción de cualquier otra índole y negarse a emitir dicha recomendación. Establece la práctica gratuita del procedimiento quirúrgico a toda persona que cumpla con los requisitos, imponiéndole una carga insostenible al Estado, en contra del numeral 5 del artículo 110 de la Constitución, que establece que los servicios de salud deben ser proporcionados gratuitamente sólo a quienes carezcan de recursos económicos.

No existe una norma que prohíba la esterilización, por lo que aquellas mujeres con suficientes recursos económicos pueden esterilizarse sin cumplir con ninguno de los requisitos establecidos en la ley 7. Se está discriminando, entonces, contra las mujeres en situación de extrema pobreza, al establecer condiciones para la esterilización, que no se establecen para las otras mujeres ni para los hombres.

Esta situación nos ha llevado, primero, a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia en 2015 (que a la fecha no ha sido decidida a pesar de dos impulsos procesales); y luego, por intermedio de Participación Ciudadana, una propuesta de ley que establece el marco regulatorio para efectuar la esterilización en el sistema público de salud a toda persona mayor de edad no asegurada, que carezca de recursos económicos, siempre que así lo solicite. La Caja de Seguro Social queda obligada a realizar la esterilización de asegurados que así lo soliciten al médico tratante.

La ley que proponemos también toma en consideración excepciones al requisito de mayoría de edad, circunstancias en que sería insensible, por no decir que iría en contra de la vida y la salud humana, negar la esterilización a menores de 18 años. La propuesta de ley exige el consentimiento de la menor y siempre actuando por medio de su tutor o de la persona legalmente responsable y sólo por recomendación médica, cuando la menor padezca alguna enfermedad o defecto y el embarazo y el parto pueda poner en peligro su vida o su salud; o si la menor tiene dos o más hijos y carece de recursos económicos para su crianza; o si la menor padece de enfermedad mental debidamente acreditada y consta la solicitud al médico del tutor o de la persona legalmente responsable de ella.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censo, un total de 517 niñas menores de 15 años tienen hijos nacidos vivos. De éstas, 504 tienen un hijo; 12 tienen 2 hijos; y una ya tiene 3 hijos. Un total de 13,056 niñas de 15 a 19 años de edad tienen hijos nacidos vivos. De éstas, 9,305 tienen un hijo; 3,054 tienen 2 hijos; 616 tienen 3 hijos; 65 tienen 4 hijos; 13 tienen 5 hijos; 2 tienen 6 hijos; y 1 ya tiene 7 hijos. Mientras más hijos tengan, menos oportunidades tendrán de rehacer su vida y salir de la pobreza y la de sus hijos, que se ha descrito como nuestra quinta frontera. El motivo principal de estos embarazos precoces es la falta de educación sexual, que en nuestro medio sigue siendo un tabú.

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