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- 09/07/2011 02:00
A principios de año, el titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario revelaba de manera muy escueta a la comunidad nacional y a través de algunos medios de comunicación que en nuestro país se habían estado realizando ensayos con un tipo de salmón genéticamente modificado, dirigido a la exportación.
Más adelante, y seguramente para minimizar las posibles preocupaciones de la población panameña sobre este tipo de tecnología, afirmó que desde hace diez años ‘corn flakes’ transgénico llega a nuestras mesas sin que los consumidores hayan sufrido daño alguno.
Esta aseveración la hacía sin disponer o aportar evidencia estadística y sin considerar que en países como los Estados Unidos, 76 millones de personas sufren anualmente de intoxicaciones alimenticias y 5,000 mueren por esa causa.
Confío que este razonamiento del señor ministro, ni por asomo, forme parte de las excusas que invocará la Comisión Nacional de Bioseguridad sobre Organismos Genéticamente Modificados, cuando pretenda justificar el ingreso, comercialización y consumo de seres vivos o sus componentes, resultantes de la mal llamada ingeniería genética.
Sin embargo, el marcado entusiasmo en tecnologías inciertas del ministro y los intereses lucrativos de AquaBounty Technologies Inc., han recibido un ligero traspié, cuando a finales de junio pasado la Cámara de Representantes de los Estados Unidos decidiera frenar la tramitación y aprobación del salmón transgénico conocido por sus creadores, como ‘AquAdvantage’ y por los que ponemos en duda sus virtudes, como ‘Frankenfish’.
Naturalmente que esta noticia no conseguirá infundirles el desaliento o frustración suficiente que los haga desistir, ni tampoco los empujará a revisar con objetividad y profundidad los riesgos asociados que una tecnología de ADN mixto como ésta, entraña para la salud humana, para la existencia de la especie natural y para otras formas de vida que habitan los medios acuáticos.
La fe ciega en la efectividad y virtuosidad de los genes trasplantados en organismos extraños, les impide concederle algún crédito al número creciente de evidencias, que demuestran que sí existen efectos perjudiciales y que la moratoria y el principio precautorio, son las normas mínimas requeridas para proteger a la población y al medioambiente.
A esta apuesta al dogma simplista ‘un gen, un rasgo’, base principal de las tecnologías del ADN recombinante, se le suma el lucro desmedido, que tiene por norte no el conocimiento científico, sino la recuperación de las inversiones y el incremento de sus ganancias; de allí la tendencia de ocultar informes negativos que revelan efectos nocivos o secundarios, tildar de irrelevantes pruebas independientes que contradicen sus resultados y pagar voceros ‘científicos’ que respaldan sus cuestionados inventos.