Acodeco prevé que control de precios desaparezca antes de que acabe el 2026

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) confirmó que el sistema de control de precios, vigente en Panamá desde hace más de una década, se encuentra en su fase final y podría desaparecer antes de que concluya el 2026.

Durante la sustentación del presupuesto de la entidad ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el administrador general Ramón Abadi Balid explicó que el mecanismo ha perdido vigencia y que hoy apenas quedan cuatro productos bajo regulación.

“El control de precio fue famoso en los últimos 14 años. Hoy prácticamente está extinto”, afirmó Abadi Balid.

El funcionario detalló que en años anteriores la institución debía realizar un seguimiento exhaustivo para verificar el cumplimiento de la medida.

Por ejemplo, dijo, visitaban 1,077 minisúper y 491 supermercados en todo el país. Actualmente, las inspecciones son más reducidas y rutinarias, pues la lista de productos regulados se ha reducido a mínimos históricos.

Abadi Balid anticipó que, de mantenerse la tendencia, la lista podría desaparecer por completo antes de finalizar el año, lo que marcaría el cierre de una política que durante más de una década buscó contener los costos de la canasta básica.

La decisión final la tendrá el Ministerio de Comercio e Industria (Mici) , ya que es el que tiene la responsabilidad de coordinar, proponer y firmar los decretos ejecutivos relacionados con el control de precios y márgenes de comercialización, basándose en las recomendaciones de la Comisión de Ajuste de Precios. También evalúa la modificación, reducción o eliminación gradual de productos sujetos a control de precios para propiciar la libre oferta y demanda.

Actualmente, el MICI mantiene la vigencia del control de precio con el Decreto Ejecutivo No. 1 del 15 de enero de 2026, que mantiene en vigor el Decreto Ejecutivo No. 165 de 1 de julio de 2014, tras una recomendación emitida por la Comisión de Ajuste de Precios de Alimentos durante su reunión del 11 de diciembre de 2025.

Los cuatro productos que todavía se mantienen son:

1. Carne molida de primera (excluye especial kosher y baja en grasa):Precio máximo: $2.15 por libra o $4.74 por kilogramo.

2. Aceite vegetal (palma o soya) en envases de 1.42 a 1.5 litros:Precio máximo: $3.74.Margen bruto máximo: 15%.

3. Leche en polvo (entera o instantánea) en envases de 345 a 400 gramos, excluye fórmulas infantiles:Precio máximo: $3.76.Margen bruto máximo: 15%.

4. Pan de molde blanco en empaque de 14 a 18 onzas, excluye integrales y especiales:Precio máximo: $0.92.Margen bruto máximo: 15%.

Antecedente

El control de precios en Panamá surgió el 1 de julio de 2014 como una promesa de campaña e iniciativa de emergencia del entonces presidente Juan Carlos Varela.

Buscaba garantizar un ahorro de unos $58 mensuales en la canasta básica familiar al congelar temporalmente los precios máximos de venta de 22 productos de alimentos de alto consumo.

Se presentó como una medida de emergencia temporal para frenar el alto costo de la vida y proteger el bolsillo de los consumidores

Con los años, el decreto sufrió modificaciones y reducciones graduales de productos debido a críticas sobre distorsiones en el libre mercado y afectaciones al sector agropecuario.

Giovanni Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derecho Consumidor y Usuario, cuestionó la efectividad del mecanismo y señaló que el problema de fondo nunca fue atendido.

“El sistema de control de precio regulado dentro del régimen jurídico panameño tuvo altos y bajos, pero nunca se corrigió el defecto de fondo: el Estado no identificó ni sancionó a los responsables de las prácticas monopólicas que originaron la medida”, indicó Fletcher.

El dirigente recordó que el control de precios fue implementado durante el gobierno de Juan Carlos Varela como una promesa de campaña, pero que se aplicó sin cumplir con la normativa de la Ley 45 de defensa de la competencia.

“Nos pasamos 12 años poniendo alcohol en la frente, pero nunca atacamos la causa de la enfermedad: las prácticas monopólicas”, agregó.

Fletcher insistió en que mientras el Estado imponga controles sin determinar responsables ni aplicar sanciones, las medidas carecerán de impacto real.

“El control de precio nunca va a tener un efecto objetivo si no se acompaña de mecanismos administrativos, judiciales o disciplinarios de castigo”, recalcó.

Desde el sector agrícola, Augusto Jiménez, representante de la Asociación de Productores de Tierras Altas, fue aún más crítico y calificó el control de precios como una medida lesiva para el comercio y la producción.

“El control de precios ya es un atentado contra el libre comercio. Está comprobado que distorsiona el mercado, porque al fijar un tope se afecta la producción y los productos regulados tienden a desaparecer”, advirtió Jiménez.

El productor recordó que cuando la cebolla y la papa estuvieron bajo control de precios, los consumidores terminaron pagando hasta $2 la libra, debido al surgimiento del mercado negro. “No hay peor producto que el que no exista”, enfatizó.

Jiménez sostuvo que el mercado debe funcionar bajo la libre oferta y demanda, y que cualquier intento de regulación artificial termina generando escasez y precios más altos para los consumidores.