Activistas tachan de ‘falacia’ plan de ‘cierre autofinanciable’ para la mina

El rechazo al esquema de “cierre ordenado y autofinanciable”, presentado el pasado 30 de septiembre por la Comisión Interministerial es generalizado entre los sectores opuestos a la minería metálica.

El Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la UICN, dirigentes comunitarios de Donoso y Omar Torrijos, y organizaciones aliadas sostienen que la propuesta transgrede el Estado de Derecho y burla los fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Para las agrupaciones, la premisa de financiar la clausura mediante la prolongación de la extracción constituye una contradicción insalvable. Carlos Bichet, asesor del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y representante del Movimiento Panamá Libre Sin Minería, enfatizó que la medida engaña a la ciudadanía:

“La conferencia de prensa de los ministros el 30 de septiembre presenta una cuestión que llaman el ‘cierre de la mina’. Eso es una falacia inmensa. Los del movimiento ambiental [...] decimos que eso es una manera de engañar al pueblo panameño con una concesión que se encarga de la explotación”.

Bichet advirtió sobre la ambigüedad jurídica del informe oficial, el cual omite plazos claros y soslaya los estándares de protección en derechos humanos y materia ambiental fijados por el fallo de inconstitucionalidad de 2023.

A su juicio, el Ejecutivo incumple la obligatoriedad de una licitación pública, la realización de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y el principio de no regresión ambiental.

“La corte dijo: si llegas a un estándar ambiental establecido, no puedes regresar para allá atrás, sería un retroceso en materia ambiental. Y nos preocupa a sobremanera que esto se venda como un cierre de la mina, cuando es verdaderamente una nueva concesión que violenta la ley de moratoria minera”, señaló Bichet.

A estas críticas se sumó Alibel Pizarro, del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, quien cuestionó la incapacidad de los ministerios para sustentar la legalidad de la propuesta tras meses de análisis.

“Lo que el gobierno nos ha presentado hasta el momento es un disfraz de cierre, cuando en realidad es una explotación y una apertura de la mina [...] Si hubiese una fórmula jurídica, ya nos la hubieran presentado. ¿Cómo es posible que tres ministerios con el departamento de asesoría legal todavía no nos dicen cuál es esa fórmula?”, alertó Pizarro.

Por su parte, Isaías Ramos González, biólogo del CIAM, alertó que la ambigüedad del discurso oficial repercute negativamente en la percepción de los mercados internacionales, al tiempo que omite responsabilidades esenciales.

“Un cierre precisa toda una serie de pasos concernientes al manejo de las estructuras, a garantizar la estabilidad química y física y, a su vez, establecer mecanismos económicos de compensación que el gobierno no está hablando de ello”, cuestionó Ramos.

Desde la perspectiva comunitaria, Leysi Rodríguez, de la Coordinadora Campesina de Donoso, desmintió que exista un beneficio socioeconómico real para los habitantes de Donoso.

“Como representante de mi comunidad, específicamente, yo alzo la voz por todas estas familias que viven en el distrito de Donoso, que se aprovechan de las necesidades que tenemos en las comunidades para ofrecer estas soluciones en base a un proyecto que atenta contra la vida de todos nosotros [...] y de todo el país”, señaló Rodríguez.

Asimismo, la activista ambiental Raisa Banfield instó a la ciudadanía a mirar más allá de los eufemismos oficiales. “Si quisieran cerrar, no hay que abrir, hay que entrar para controlar, para restaurar, para reparar, para transformar de manera que existan otros tipos de aprovechamientos económicos que genere desarrollo a esas comunidades directamente y beneficios al país de manera indirecta”, señaló Banfield.