Antes de negociar con Cobre Panamá, la Alianza Minera de América Latina pide al Gobierno escuchar a las comunidades, garantizar empleos y transparencia
- 20/11/2026 11:32
Las recomendaciones llegan en momentos en que el Gobierno se prepara para iniciar conversaciones con Minera Panamá el próximo 23 de noviembre
A pocos días del inicio de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y Minera Panamá, la Alianza Minera de América Latina (ALMA) recomendó a las autoridades panameñas impulsar un proceso basado en el diálogo inclusivo, la escucha activa de las comunidades y el aprovechamiento de experiencias regionales que permitan maximizar los beneficios económicos y sociales de la actividad minera.
Las recomendaciones fueron planteadas durante una reunión entre el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y representantes de ALMA, considerada la primera organización internacional del sector minero con la que el Gobierno sostiene intercambios en esta nueva fase de evaluación sobre el futuro de la mina Cobre Panamá.
El encuentro se realizó en momentos en que el Ejecutivo se prepara para iniciar conversaciones con Minera Panamá el próximo 23 de noviembre, aunque las autoridades han reiterado que la eventual reactivación de la operación minera no ha sido aprobada y sigue sujeta a las condiciones establecidas por el Gobierno.
Durante la reunión participaron Francisco Javier Lecaros, presidente de ALMA, y Carolina Orozco, vicepresidenta de la organización para Ecuador. Ambos compartieron experiencias desarrolladas en distintos países de la región relacionadas con la generación de empleo, el desarrollo de las comunidades cercanas a proyectos mineros y los mecanismos de participación ciudadana.
Uno de los principales planteamientos presentados por la organización fue la necesidad de incorporar procesos de diálogo amplios e incluyentes.
Lecaros destacó que cualquier discusión sobre el futuro de la actividad minera debe considerar las preocupaciones y expectativas de todos los sectores involucrados, incluyendo a quienes respaldan la actividad, mantienen dudas o expresan una oposición abierta.
“Venimos a aportar conocimiento, facilitar el diálogo y poner a disposición nuestras capacidades técnicas y nuestra red de expertos para que el país pueda evaluar las distintas alternativas”, señaló Lecaros durante el encuentro con las autoridades panameñas.
Moltó aseguró que el proceso se desarrollará con transparencia y en concordancia con los principios del Acuerdo de Escazú. Según indicó, la ciudadanía tendrá acceso a información pública sobre las evaluaciones que se realicen y contará con espacios para presentar observaciones y propuestas.
“Escuchar a los panameños es una prioridad, como lo ha establecido el presidente. Trabajaremos con transparencia y conforme al Acuerdo de Escazú”, afirmó el ministro.
El representante de ALMA también hizo énfasis en la importancia de escuchar a las comunidades y comprender sus necesidades antes de tomar decisiones de largo alcance.
Según explicó, la construcción de consensos requiere espacios de participación donde se respeten las distintas posiciones existentes alrededor de la minería.
Como parte de las experiencias compartidas, la alianza presentó el modelo peruano denominado “Obras por Impuestos”, un mecanismo mediante el cual empresas privadas financian y ejecutan proyectos públicos, para luego descontar esa inversión mediante créditos fiscales.
La iniciativa fue expuesta como una referencia sobre cómo el Estado y el sector privado pueden colaborar para fortalecer infraestructuras, mejorar servicios públicos y generar oportunidades económicas para las comunidades y pequeños negocios.
Las recomendaciones llegan en un momento clave para el país, luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunciara el pasado 16 de noviembre el inicio de un proceso formal de conversaciones con la empresa minera.
En un mensaje a la nación, el mandatario instruyó a un equipo interministerial a entablar negociaciones bajo cinco condiciones que calificó como irrenunciables.
Entre esos principios figuran la propiedad panameña de los minerales, la obtención del máximo beneficio económico para el país, el respeto a la soberanía nacional, la protección del medio ambiente y el estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes.
Mulino también estableció que cualquier eventual acuerdo debe traducirse en la generación de empleos y beneficios tangibles para los panameños, al tiempo que exigió garantías ambientales rigurosas y mecanismos de fiscalización independientes.
Otro de los aspectos centrales planteados por el Presidente es la obligación de que la empresa financie un cierre ordenado, verificable y definitivo de la mina si ese fuese el escenario final, sin posibilidad de prórrogas.
Asimismo, el Gobierno ha dejado claro que la terminación de todos los arbitrajes y procesos internacionales contra Panamá constituye una condición indispensable dentro del proceso.
Otro de los aspectos centrales planteados por el Presidente es la obligación de que la empresa financie un cierre ordenado, verificable y definitivo de la mina si ese fuese el escenario final, sin posibilidad de prórrogas.
Asimismo, el Gobierno ha dejado claro que la terminación de todos los arbitrajes y procesos internacionales contra Panamá constituye una condición indispensable dentro del proceso.
El equipo encargado de las conversaciones está integrado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.
Por su parte, Chapman ha reiterado en declaraciones públicas que el análisis del Gobierno estará enfocado en determinar cuál alternativa representa el mayor beneficio económico y social para Panamá, siempre dentro del marco legal vigente y respetando los lineamientos establecidos por el Ejecutivo.
El titular de Economía también ha señalado que cualquier decisión deberá tomar en consideración el impacto sobre el empleo, las finanzas públicas y la confianza de los inversionistas, sin comprometer la soberanía nacional ni las obligaciones ambientales.