Apede: Panamá necesita 80 mil empleos privados para disminuir la informalidad

La informalidad sigue siendo uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico y social de Panamá. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el 47.1% de los trabajadores ocupados no agrícolas —784,990 personas— laboran en la informalidad.

Con estos datos, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) hizo enfásis este domingo sobre como la informalidad es una realidad compleja que limita el alcance de cualquier política pública.

Para el trabajador, explicó, significa generar ingresos en el día a día, pero desprotegido, sin el respaldo de la Caja de Seguro Social ni el derecho a una jubilación digna, lo que perpetúa la vulnerabilidad de su familia.

Para el país, según Apede, la informalidad erosiona los fondos de pensiones y debilita la recaudación fiscal, restándole recursos fundamentales al Estado para resolver, precisamente, crisis históricas como el suministro de agua potable o el desabastecimiento de medicamentos. Además, genera una competencia desleal para las empresas que cumplen con la ley.

”El empleo informal es un motor de supervivencia inmediata, pero para que el país dé el salto definitivo al desarrollo, necesitamos transformarlo en empleo formal y productivo”, Giulia De Sanctis, presidenta de Apede.

En este contexto, De Sanctis recordó que el lanzamiento del programa gubernamental “Panamá pa’ Ti” marca una hoja de ruta oportuna y necesaria para atender las demandas más sensibles de la población: empleo, salud, canasta básica y agua.

Sin embargo, para potenciar el impacto de este plan y garantizar que la confianza se arraigue con fuerza en el hogar de cada panameño, Apede indicó que la meta de generar 80,000 empleos privados debe complementarse con una estrategia paralela contra el obstáculo estructural más grande del mercado: la informalidad laboral, que hoy abarca a más de la mitad de nuestra fuerza de trabajo.

De Santics subrayó que “Panamá pa’ Ti” abre una ventana de oportunidad extraordinaria para sentar esas bases, ya que el llamado a la acción y el gran reto que tiene el país por delante —en una alianza seria entre el sector público y privado— para asegurar que este plan sea el primer paso de una estrategia nacional de formalización.

“Facilitar los trámites, digitalizar procesos y crear incentivos fiscales para que las microempresas crezcan bajo el paraguas de la ley serán las herramientas fundamentales”, aseveró.

La presidenta de Apede recordó que la buena noticia es que la región ofrece experiencias exitosas donde la informalidad se ha reducido de manera paulatina pero sostenida mediante programas específicos de incentivos.

Explicó que el modelo del “Monotributo” en Uruguay es un ejemplo claro: al simplificar y unificar los impuestos y la seguridad social en un solo pago muy bajo, lograron bajar la informalidad del 42.8% en 2001 a 21% en 2022, ofreciendo a los micro emprendedores ventajas reales en salud y jubilación.

De Sanctis indicó que Colombia, por su parte, logró reducirla en un rango de 3% a 7% al aliviar de forma agresiva los costos no salariales de contratación, facilitando que las pequeñas empresas dieran el paso hacia la legalidad.

“Estos ejemplos nos enseñan una lección fundamental: combatir la informalidad no se logra en un solo periodo de gobierno. Requiere una verdadera política de Estado a largo plazo, con una planificación que trascienda administraciones y que entienda que los resultados se consolidan año con año”, manifestó.