Bancos desconocen anteproyecto sobre prescripción de deuda
- 02/10/2025 00:00
El objetivo de esta propuesta es reducir la carga judicial innecesaria, fortalecer la protección al consumidor financiero, fomentar la transparencia en el sistema bancario y garantizar un acceso más efectivo a la justicia para los deudores
Mientras la Asamblea Nacional (AN), a través de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, llevó este martes a primer debate la discusión del proyecto de ley No. 388, que establece el reconocimiento administrativo por parte de bancos y entidades financieras de la prescripción de deudas, los bancos dicen no tener conocimiento sobre estos avances.
“No estoy al tanto de ese proyecto de ley”, así lo confesó el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Ernesto Boyd, al ser consultado por este medio, este miércoles, durante un evento.
Boyd, quien incluso pidió datos de la iniciativa, comentó que es difícil mantenerse al tanto o darle seguimiento a todos los temas que discute la AN.
La normativa
El proyecto de ley No. 388, presentado por el diputado Ernesto Cedeño, busca establecer un procedimiento administrativo específico para que los bancos y entidades financieras en Panamá reconozcan la prescripción de deudas, evitando que los clientes tengan que recurrir obligatoriamente a la vía judicial para hacer valer este derecho.
Actualmente, la legislación panameña contempla la prescripción como una figura jurídica clave para garantizar la seguridad jurídica, evitar la perpetuidad de las obligaciones y proteger a los deudores frente a la inactividad del acreedor.
El Artículo 1652 del Código de Comercio establece que las acciones derivadas de contratos bancarios o financieros, títulos valores y otras operaciones mercantiles, prescriben en el término de tres años.
A pesar de la existencia de este plazo, la práctica actual obliga a los clientes a invocar la prescripción exclusivamente como una excepción procesal en juicio (conforme a los Artículos 690 y 693 del Código Judicial), lo que genera costos, demoras y una carga judicial innecesaria.
El objetivo principal de esta propuesta es reducir la carga judicial innecesaria, fortalecer la protección al consumidor financiero, fomentar la transparencia en el sistema bancario y garantizar un acceso más efectivo a la justicia para los deudores.
También busca armonizar su proceso con otros mecanismos de protección al consumidor financiero ya existentes, como el Sistema de Atención de Reclamos y las obligaciones de transparencia.