Barclays alerta alto riesgo de rebaja para Panamá

Barclays advirtió que, pese a que Moody’s reafirmó la calificación Baa3 de Panamá con perspectiva negativa, el “riesgo de rebajar” la nota sigue siendo alto.

Señaló que, aunque el Gobierno ha tomado medidas positivas, la perspectiva negativa revela la necesidad de mayores esfuerzos para cumplir la meta de déficit fiscal y atender rigideces presupuestarias.

La firma destacó que el ajuste fiscal de este año depende de fuertes recortes al gasto de capital, algo “potencialmente insostenible”, mientras el déficit del Gobierno Central supera el 5 %, lo que presionará la deuda y las tasas de interés.

Barclays espera nuevas iniciativas fiscales a principios de 2026, pero advierte que la falta de propuestas oportunas, el bajo capital político y la agenda cargada —incluida la discusión sobre la mina— mantienen como escenario base una calificación decreciente.

Aunque Moody’s mantuvo la nota en Baa3, Barclays sigue “preocupado” por el grado de inversión debido a la lenta consolidación fiscal, la resistencia legislativa y el aumento de la deuda.

También cuestionó la sostenibilidad de los recortes de inversión pública y recordó que gobiernos anteriores han postergado el impacto real de proyectos de capital.

La firma estima que Moody’s podría tomar una decisión entre mayo y noviembre de 2026, según los avances del Gobierno. Aunque reconoce que las autoridades han ganado tiempo, advierte que se necesitarán reformas estructurales a inicios de 2026.

El FMI, que visitó Panamá el 14 de noviembre para la revisión del Artículo IV, reiteró que, sin política monetaria propia, la política fiscal es el único instrumento de estabilización.

Moody’s insiste en que Panamá requiere medidas estructurales para corregir rigideces como las presiones del sistema de pensiones, la obligación de destinar el 7 % del PIB a educación, leyes que fijan aumentos salariales y la ineficiencia en subsidios. Subrayó que la baja recaudación también es un reto, aunque considera “poco probable” una reforma fiscal. El 2 de enero será clave para nuevas propuestas, según anunció el presidente José Raúl Mulino.

Moody’s y Barclays coinciden en que la reapertura de la mina podría aportar ingresos —el contrato previo garantizaba al menos $375 millones anuales—, pero subrayan que su volatilidad impide considerarla una solución estructural. La oposición ciudadana, la vigencia de la moratoria minera y la espera de la auditoría ambiental hacen incierto el calendario.

Ambas calificadoras advierten que el bajo capital político dificulta la aplicación de medidas impopulares, incluso si estas no se ejecutan plenamente, como recortes en educación o ajustes en subsidios. Barclays prevé que los riesgos fiscales seguirán aumentando ante la dificultad de cumplir la Ley de Responsabilidad Fiscal y el crecimiento de la deuda. Estima que mayo de 2026 será la primera fecha crítica, aunque una degradación podría darse más adelante.

En el panorama internacional, Fitch degradó a Panamá a BB+ en abril de 2024 y mantiene perspectiva estable. S&P sostiene la calificación BBB- con perspectiva estable, tras un ajuste en noviembre de 2024.

Sus proyecciones de crecimiento —3,8 % para 2025 y 3,5 % para 2026— superan las de la región, por lo que esperará avances fiscales y definiciones sobre la minería antes de una nueva evaluación.