BID: ‘Cartera activa para agua y saneamiento en Panamá ronda los $1,200 millones’

María Eugenia de la Peña, especialista Líder de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hizo un balance sobre la situación actual de los recursos hídricos y el manejo de las aguas residuales en Panamá, así como también de la cartera activa de financiamientos del Banco y los proyectos prioritarios. “Estimamos que la cartera de inversión del Banco para el sector de agua y saneamiento ronda los $1,200 millones, entre proyectos en ejecución y en preparación para este año. No significa que todo se ejecute en un solo periodo; los recursos se aprueban y se van ejecutando este año, el próximo y los subsecuentes”, explicó de la Peña en entrevista con La Estrella de Panamá.

Entre otros temas, la entrevistada también analizó los desafíos que enfrenta el país en materia de gobernanza para asegurar la asequibilidad del recurso hídrico en un país rodeado por costas y ríos. “Si analizamos la disponibilidad a nivel nacional, el nivel de estrés hídrico en Panamá es muy bajo; es decir, hay agua en el país. El verdadero reto está en la gestión del recurso”, afirmó de la Peña en la entrevista realizada en el marco del Día Mundial del Agua el 22 de marzo.

Nuestro análisis indica una mayor presión sobre los recursos hídricos debido al crecimiento poblacional y a la alta urbanización en América Latina, donde más del 80% de los habitantes se concentra en ciudades. Esta demanda se suma a la vulnerabilidad generada por el cambio climático, lo que pone en riesgo la disponibilidad de agua a corto y largo plazo. Es fundamental dimensionar estos riesgos y compatibilizar una visión estratégica con las necesidades inmediatas de los países. Panamá no es el único con urgencias en términos de acceso; esto genera una presión considerable sobre los prestadores de servicio. El desafío es compaginar estas demandas actuales con una planificación de futuro que garantice el recurso para las próximas generaciones, tanto para el consumo humano como para el desarrollo económico de la región.

El incremento es proporcional al crecimiento de la población y al aumento del PIB de los países. A medida que mejoran las posibilidades económicas de las familias y se fortalecen los sectores productivos, los requerimientos de agua se incrementan de manera exponencial. A nivel regional, la demanda se distribuye aproximadamente en un 70% para uso agrícola, un 20% para uso industrial y un 10% para consumo humano. Panamá presenta un caso distinto debido a su enfoque en los servicios, donde el uso agrícola representa cerca del 45%. Esta situación plantea retos importantes: no solo debemos cuidar el agua en el hogar, sino asegurar la eficiencia en la agricultura e industria. Además, es vital garantizar que las descargas de estas actividades productivas se realicen adecuadamente en los cuerpos de agua para preservar su calidad frente al crecimiento de la demanda.

Determinamos un consumo per cápita que oscila entre los 300 y 400 litros por habitante al día, dependiendo de si la población es urbana o rural. Este nivel de consumo en Panamá es considerablemente elevado en comparación con otros países de la región. Si analizamos el área metropolitana y Colón, que concentran gran parte de la población, el consumo es de aproximadamente 320 millones de galones diarios. Esto equivale a 5.8 tránsitos diarios del Canal, lo que evidencia la competencia entre el consumo humano y las actividades económicas. El reto fundamental es encontrar un balance que permita asegurar el acceso de la población sin afectar las actividades productivas.

Es superior al del resto de los países de la región. Estos datos suelen ser difíciles de obtener porque, a menudo, las empresas prestadoras carecen de mediciones certeras; por ello, se generan estimaciones basadas en el agua extraída y la facturada. Aun con la limitada medición disponible, se ha visibilizado que el consumo per cápita en Panamá es considerablemente elevado respecto a otros países de la región. Esto se debe, en parte, a que las normativas de diseño definen dotaciones altas y a que la población está acostumbrada a disponer del recurso y utilizarlo libremente cuando está disponible.

Identificamos la desigualdad en el acceso a los servicios de agua y saneamiento como uno de los retos más críticos en Panamá. Al analizar los datos del censo, observamos primero una brecha marcada: la población cuenta con mayor acceso al agua que al saneamiento, lo cual impacta directamente en la calidad del recurso. Asimismo, existe una diferencia importante entre el sector urbano, con mayor cobertura, y el rural. Al segmentar por niveles sociodemográficos, los quintiles de menores ingresos son los que menos acceso tienen. Minimizar esta brecha es un aspecto fundamental a abordar, ya que genera un impacto social profundo y afecta el desarrollo económico del país en su conjunto.

Si analizamos la disponibilidad a nivel nacional, el nivel de estrés hídrico en Panamá es muy bajo; es decir, hay agua en el país. El verdadero reto está en la gestión del recurso: ¿cómo garantizar que el agua esté disponible donde se necesita? Esto requiere planificación e instrumentos de gestión que son, en gran medida, la tarea pendiente para llevar el recurso a quienes lo requieren. En Panamá, solo cuatro provincias ubicadas en el Arco Seco presentan un estrés hídrico considerable, especialmente durante la temporada seca. El resto del país cuenta con una disponibilidad de agua adecuada: el reto es la gestión adecuada del agua.

En general, la región viene retrasada en su agenda de saneamiento frente a la de agua. Esto es algo histórico: la necesidad básica de acceso al agua siempre ha sido la prioridad de los países. Antes se veía el agua a disposición únicamente como un tema de salud, sin considerar la afectación que esas aguas residuales pudiesen tener sobre el ser humano o el medio ambiente. Esta agenda de conservación de la naturaleza y de analizar cómo los cuerpos de agua contaminados impactan a la larga a otras poblaciones se ha desarrollado más tarde. Por ello, aunque en algunos países los niveles de inversión son importantes —y Panamá es un ejemplo de cómo se trabaja en el área metropolitana—, definitivamente existe un rezago. Los niveles de cobertura en la región no superan el 60%, que es el mismo caso de Panamá. Esto significa que el 40% de las aguas residuales generadas no son tratadas y van a los cuerpos de agua, con todos los impactos que esto conlleva para los ecosistemas y la población.

El BID concentra actualmente la mitad de sus inversiones en Panamá en el sector hídrico. Con el Idaan, priorizamos finalizar plantas críticas como Arraiján, Howard, Sabanitas y David, además de transformar la gestión operativa de la institución para pasar de la atención de emergencias a la planificación técnica. En saneamiento, preparamos un nuevo programa para expandir la infraestructura en Panamá, Arraiján y La Chorrera, optimizando la planta de Juan Díaz e integrando resiliencia climática. Paralelamente, trabajamos con el MOP en un Plan Maestro de Drenaje Pluvial para establecer, por primera vez, una hoja de ruta estratégica frente a las inundaciones. Finalmente, junto a la ACP y el Minsa, impulsamos soluciones sostenibles y culturalmente adecuadas para comunidades rurales e indígenas en la Cuenca del Canal, Guna Yala, Panamá Este y Darién. Nuestra agenda integral combina financiamiento y apoyo técnico para garantizar la seguridad hídrica a largo plazo.

Hay que definir en qué etapa se encuentra cada proyecto, pero estimamos que la cartera de inversión del Banco para el sector de agua y saneamiento ronda los $1,200 millones, entre proyectos en ejecución y en preparación para este año. No significa que todo se ejecute en un solo periodo; los recursos se aprueban y se van ejecutando este año, el próximo y los subsecuentes. Ese es, aproximadamente, el monto que mantenemos como cartera activa o en preparación: $1,200 millones de activos.

Varía según la ciudad, pero estimamos que las pérdidas de agua superan el 50%, una cifra muy elevada. Esto significa que la mitad del agua extraída de ríos y lagos se pierde en fugas antes de llegar a la ciudad. Por ello, creemos firmemente que hay que priorizar la reducción de pérdidas y la optimización de los sistemas actuales antes de buscar nuevas fuentes o plantas potabilizadoras.

Siempre estamos abiertos a apoyar los proyectos que los países nos soliciten, trabajando según su demanda. Mantenemos una agenda de colaboración con la Autoridad del Canal en actividades vinculadas al proyecto, pero no se ha definido ningún apoyo financiero por el momento.

En términos de financiamiento, no. Actualmente estamos apoyando con asistencia técnica. Siempre existe la posibilidad de que, en un futuro, se den colaboraciones a través de nuestro brazo privado, BID Invest, pero no es algo que se esté revisando en este momento.

El BID ha acompañado el Programa de Saneamiento de Panamá como socio desde sus inicios, hace más de 20 años. Ha sido un proceso muy interesante, basado en un marco de planificación que definió necesidades de infraestructura a corto y largo plazo. Este plan de inversiones se ha actualizado conforme al desarrollo urbano del área metropolitana, manteniéndose consistente y estratégico. Nuestro apoyo financiero ha estado presente a lo largo de los años, pero el Banco también pone a disposición de los países un enfoque de sostenibilidad: no solo se trata de financiar la infraestructura, sino de asegurar que sea sostenible, que los usuarios estén conectados y que existan recursos para su operación. El reto no es solo construirla, sino operarla y mantenerla en el tiempo. Por ello, trabajamos de la mano con el programa de saneamiento, el gobierno y las instituciones para garantizar la sostenibilidad de la infraestructura y maximizar los beneficios del servicio.

En sus distintas etapas, hemos financiado aproximadamente entre $200 y $250 millones. Es importante destacar la colaboración con otros organismos multilaterales, sumando recursos hacia un mismo fin. Además del apoyo financiero para inversión, canalizamos recursos de cooperación técnica no reembolsable; estos fondos facilitan el desarrollo de herramientas, políticas y el fortalecimiento de capacidades, elementos clave para la sostenibilidad de las inversiones.

En realidad, las inversiones realizadas en saneamiento en los últimos 20 años superan los 1,700 millones de dólares, donde también se han sumado otras multilaterales. De ese total, el BID ha aportado alrededor de unos 200 millones. Es una suma importante cuyos resultados se perciben gradualmente. Nuestro apoyo busca que estos se concreten con mayor rapidez, para que se reflejen en la calidad de los cuerpos de agua, las costas y los ríos, permitiendo que la población cuente con el ambiente sano que requiere.

Hemos realizado varios estudios, incluyendo un análisis reciente con información satelital histórica para visualizar la mejora en la calidad del agua de ríos y costas. Los avances son notables, especialmente en áreas donde antes los olores por contaminación eran muy fuertes y que hoy ya se pueden visitar. Sin embargo, persiste un reto en la conectividad de los usuarios. El programa de saneamiento debe trabajar con el Idaan para asegurar que toda la población se conecte al sistema. Esto no es sencillo, pues existe resistencia por el costo en la factura o la preferencia por fosas sépticas, sin considerar que su desborde impacta los cuerpos de agua. Se requiere un trabajo social importante para lograr esa conexión y ver resultados plenos. Asimismo, hay otras agendas que deben trabajarse en paralelo, como la gestión de residuos sólidos. Aunque se traten las aguas residuales, si se sigue disponiendo basura en los ríos, su descomposición genera lixiviados que contaminan el agua. Atender este problema es fundamental para contribuir al mismo objetivo de saneamiento.