Brecha eléctrica: El 5% de la población sigue sin luz en el territorio nacional

En el marco del debate sobre las reformas a la ley que regula el servicio eléctrico en Panamá, el secretario nacional de Energía de Panamá, Rodrigo Rodríguez Jaramillo, hizo un llamado de atención sobre la persistente brecha energéticas.

Reveló que más de 58,000 familias en el territorio nacional —lo que representa aproximadamente el 5% de la población total— carecen actualmente de acceso a la energía eléctrica.

Rodríguez Jaramillo reconoció los reclamos de la ciudadanía en torno a las altas tarifas y los problemas de calidad en el servicio. Sin embargo, enfatizó la necesidad de priorizar a quienes están completamente excluidos del sistema.

“Nos quejamos del costo de la factura eléctrica, con justa razón, que puede ser mejor y puede ser más bajo. Nos quejamos de la calidad del servicio, con justa razón, porque recibimos una calidad en muchas partes deficitaria. Pero hay gente que no tiene acceso a la electricidad; y tenemos que resolver ese problema”, afirmó.

El funcionario comparó la situación de Panamá con la de países vecinos como Costa Rica, donde casi el 100% de la población cuenta con servicio eléctrico; asimismo, recalcó que el acceso a la energía “tiene que ser un derecho”.

Al ser consultado sobre las causas de este rezago, el secretario de Energía explicó que el marco legal establecido en 1997 con la Ley 6 dependía principalmente de una Oficina de Electrificación Rural. Si bien este modelo logró aumentar la cobertura del 87% al 95%, el 5% restante plantea retos complejos, aseveró.

Según explicó, el tramo faltante se ubica principalmente en comarcas y zonas rurales de difícil acceso, donde la infraestructura tradicional resulta sumamente compleja de instalar.

Para acelerar la cobertura en estas áreas, dijo, el proyecto de ley que actualmente se encuentra en segundo debate en la Asamblea Nacional propone mantener el trabajo de la Oficina de Electrificación Rural e involucrar de manera obligatoria a las empresas distribuidoras. Con esta reforma, añadió, las distribuidoras deberán desarrollar y ejecutar proyectos específicos para estas comunidades.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría, coincidió en la urgencia de dar respuesta a las comunidades desconectadas, señalando que debe lograrse mediante un entendimiento equilibrado entre el sector público y el privado.

“Hay que tener presente el atender a las comunidades que hoy no tienen luz. Eso debe ser un entendimiento balanceado entre la prioridad del gobierno y las empresas que participan en la distribución de energía en el país”, manifestó Barría.

El representante del gremio empresarial recordó además que se aproxima un período clave de revisión contractual para el sector eléctrico. “Sabemos que en esos contratos se están revisando las condiciones de cara al próximo año, donde se van a reasignar las condiciones”, destacó.

Barría valoró de forma positiva el debate en torno a la mejora del sistema y su impacto en la economía nacional, destacando la relación directa entre los costos energéticos y la competitividad del país.

“Vemos con buenos ojos que la discusión sea mejorar el servicio y revisar las tarifas para que sean más competitivas, porque es evidente que el costo de la energía determina mucho la competitividad del país”, comentó.

El paquete de reformas contiene 19 artículos existentes modificados, 4 artículos nuevos en la Ley 6 y 2 artículos modificados en la Ley 26 de 29 de enero de 1996 de la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP).

Entre los principales problemas que las reformas buscan resolver son las frecuentes fluctuaciones de voltaje, las interrupciones del servicio, los daños a electrodomésticos y las deficiencias en los mecanismos de atención, compensación e indemnización al cliente.

El proyecto, el cual regirá para los próximos contratos, incorpora disposiciones orientadas a garantizar mayor transparencia en la información suministrada a los clientes y plazos definidos para la atención de reclamos.

Asimismo, contempla el reconocimiento de créditos por incumplimiento de las normas de calidad por parte de las empresas distribuidoras —conforme a la reglamentación vigente— y herramientas que permiten una supervisión más efectiva por parte de la autoridad reguladora.

La iniciativa también contempla elevar los montos de sanciones a las empresas eléctricas. Los prestadores del servicio de energía eléctrica podrán ser multados hasta por $20 millones por infracciones a la Ley o a los contratos de concesión.

En tanto, para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios, el proyecto propone que la ASEP pueda intervenir a los prestadores del servicio público de electricidad, durante el tiempo que le tome corregir una falta, o mientras se rescinda o se dé la resolución administrativa del contrato o la terminación de la licencia correspondiente.