Cámara de Comercio ve esencial un tercer operador en el servicio móvil

En medio de las recientes investigaciones administrativas iniciadas contra las dos operadoras de telefonía móvil que dominan el mercado local, la Cámara de Comercio calificó la situación entre una mezcla de cautela técnica y una defensa institucional del libre mercado, señalando que, si bien la organización es una “fiel creyente” de la empresa privada, la estructura actual del sector telecomunicaciones amerita un análisis profundo sobre la competencia.

Juan Arias, presidente del gremio empresarial, reconoció que la Cámara aún no ha realizado una revisión exhaustiva de las estructuras tarifarias que motivaron las denuncias por presuntos aumentos injustificados.

No obstante, sus declaraciones apuntaron a un factor estructural que define la realidad del consumidor panameño: la falta de un tercer competidor que equilibre la balanza comercial.

Recordó que la normativa establece que el mercado debería operar con tres concesionarios; sin embargo, el país ha quedado operando con un duopolio de facto.

Para Arias, “esta anomalía en la cantidad de operadores es la clave del debate sobre los precios. Si los precios actuales fuesen excesivamente altos o atractivos para el capital, esto debería funcionar como un catalizador natural para que un tercer operador decida entrar a Panamá, viendo en esos márgenes una oportunidad de negocio clara”.

Asimismo, defendió que “bajo la lógica del libre mercado, a mayor cantidad de actores, se genera una presión natural hacia la baja de precios y una mejora sustancial en la calidad del servicio”.

A pesar de las quejas de los usuarios que han inundado las redes sociales y las oficinas de atención al cliente, Arias matizó la percepción de carestía señalando un dato estadístico: en Panamá hay más líneas celulares activas que habitantes.

Desde su perspectiva, este fenómeno de penetración móvil sugiere que el servicio sigue siendo accesible para la gran mayoría, pues de ser prohibitivo, no se observaría tal nivel de consumo

Aun así, mostró apertura a que el tema sea revisado por las autoridades competentes, manifestando su confianza en que las empresas operadoras en Panamá son “serias y responsables”, y que actuarán conforme a la ley si se determinan irregularidades.

Esta postura del gremio empresarial surge después de que el administrador general de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, confirmara el inicio de investigaciones de oficio. De comprobarse las irregularidades, las multas oscilarán entre los $250,000 y el millón.

Abadi ha sido enfático en que la institución no permitirá abusos que afecten el bolsillo de los ciudadanos, especialmente en un servicio que hoy se considera de primera necesidad. Explicó que la Acodeco está analizando si los recientes ajustes en los planes de telefonía responden a costos operativos reales o si se trata de una práctica coordinada que vulnera los derechos del consumidor.