Chapman calcula regalías por más de $700 millones anuales si se abre la mina

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, estimó que una eventual reapertura de la mina Cobre Panamá, en Donoso, generaría para el Estado más de $700 millones anuales en regalías, un monto sujeto a las fluctuaciones del precio del cobre.

“Podríamos estar hablando de órdenes de magnitud de 700 millones de dólares o más” para el Estado anuales, declaró Chapman en una entrevista concedida al programa En Contexto.

Respecto al destino de estos recursos, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicó que la prioridad inicial sería “fondear el cierre de la mina”, cuyo costo estimado asciende a menos de $3,000 millones. El remanente se destinaría, en consonancia con lo señalado por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, a constituir un “fideicomiso ambiental” para restaurar el área afectada y promover inversiones ecológicas a escala nacional.

Sin embargo, el funcionario puntualizó que la decisión final recae sobre el presidente de la República, José Raúl Mulino, y aclaró que aún no se ha adoptado ninguna determinación sobre el futuro del yacimiento.

Durante el Congreso Latinoamericano de Fideicomiso, este jueves 8 de octubre, organizado por Felaban y la Asociación Bancaria de Panamá, Chapman reiteró que la recomendación técnica presentada al Ejecutivo consiste en ejecutar un cierre ordenado sin costo fiscal para el Estado, “autofinanciado” mediante los ingresos que produzca el mineral remanente.

El ministro subrayó que cualquier operación futura exige cumplir estrictamente con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, la Constitución y las leyes, además de garantizar un incremento sustancial en los recursos percibidos por el Estado y la población afectada. Asimismo, advirtió que un requisito indispensable, de procederse con una reapertura, sería alcanzar un acuerdo de finiquito para disolver los arbitrajes internacionales vigentes.

“Se tiene que cumplir con todas las leyes, se tiene que cumplir con la Constitución, se tiene que recuperar el ambiente, se tiene que hacer un cierre ambiental ambientalmente sostenible y responsable. Hay varios temas que son no negociables para el país, afirmó Chapman.

Y recalcó que, “por supuesto, de operar la mina tiene que haber un aumento sustancial de los recursos que recibe el Estado panameño para que le llegue a la gente, a las comunidades afectadas donde no les ha llegado dinero e igualmente usar ese dinero para las necesidades más apremiantes que tiene el país”, subrayó

Previamente, el miércoles 7 de octubre, la Comisión Interministerial —integrada por los titulares de Comercio e Industrias, Economía y Finanzas, y Ambiente— expuso ante la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) los seis criterios fundamentales que sustentan su informe:

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, recomendó evaluar la viabilidad de una nueva relación con la empresa que permita resolver los procedimientos arbitrales y establecer las condiciones para una operación por un período definido, orientada a sostener el sitio y financiar su cierre, sin posibilidad de prórrogas.

Chapman destacó que cualquier alternativa requiere identificar quién ejecutaría el cierre, cuánto tiempo tomaría y cómo se financiaría. Advirtió que asumir sus costos con recursos públicos tendría implicaciones significativas para las finanzas nacionales. Por su parte, Navarro insistió en que la suspensión temporal de actividades no equivale a un cierre ambiental ordenado y abogó por un programa regulado con veeduría ciudadana.

Desde el sector empresarial, directivos de la Apede valoraron la apertura al diálogo y la divulgación de las recomendaciones técnicas ante los distintos sectores del país. La Comisión Interministerial continuarán con estas reuniones con otros sectores.

En contraste, el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, la Mesa Técnica para el Cierre de Minas de la UICN, dirigentes comunitarios de Donoso y Omar Torrijos, y organizaciones aliadas rechazaron tajantemente la propuesta gubernamental, calificándola de un retroceso y una transgresión al Estado de derecho.

Las agrupaciones cuestionaron que se plantee reanudar la extracción minera bajo el argumento de financiar un cierre, advirtiendo que esto podría extenderse por décadas y ampliar los riesgos ecológicos, como la generación de nuevos desechos y drenajes ácidos. Asimismo, señalaron que la ruta jurídica definitiva ya está trazada en la Resolución de Gabinete N.° 19 de febrero de 2024, la cual cuenta con un plan de abandono y una fianza vigente de $157 millones hasta 2029.

Los colectivos exigieron al Gobierno desechar la vía de una nueva concesión o contrato, cumplir estrictamente con el mandato de cierre definitivo y fortalecer la defensa jurídica del Estado frente a los arbitrajes internacionales.