CK Hutchison busca diálogo con el gobierno, pero fallo de la CSJ es definitivo

Mientras el Gobierno Nacional y Panama Ports navegan el proceso de transición para ceder el manejo de las operaciones de los puertos de Balboa y Cristóbal, el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se mantiene como una verdad inamovible: el contrato es inconstitucional y la empresa no tiene asidero jurídico para seguir operando. Así lo manifestó Julio Macías, uno de los abogados que presentó la acción de inconstitucionalidad que terminó en la decisión de la Corte.

“Hay que entender que la decisión que emitió la Corte Suprema de Justicia es una decisión primero que deviene del ejercicio de la soberanía, y en segundo lugar que es una decisión definitiva y de obligatorio cumplimiento”, afirmó Macías al ser cuestionado sobre el posible impacto de futuros arbitrajes internacionales. “No puede un poder interno o externo desconocer la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia, es una verdad incontrovertida, ya no se puede variar, y el arbitraje que es un derecho que tiene cualquier parte afectada en una transacción de esta naturaleza, sencillamente es el derecho de plantear una reclamación, pero no de alterar o desconocer lo que ya fue decidido por la Corte Suprema de Justicia”, concluyó.

El fallo de la CSJ, fechado al 29 de enero de 2026, declara inconstitucional el contrato que mantenía el Estado panameño con la empresa Panama Ports Company (PPC) para la administración de los puertos de Cristóbal y Balboa. El día siguiente, el presidente de la República José Raúl Mulino se pronunció anunciando que había designado al exadministrador del Canal de Panamá, Alberto Alemán Zubieta, para coordinar un equipo técnico durante el período de transición.

“Hasta que el fallo quede ejecutoriado se produce un periodo de continuidad del actual operador, sin ningún cambio operativo, después comienza un periodo de transición que se culmina con una nueva concesión bajo términos y condiciones favorables para nuestro país”, explicó el presidente durante un anuncio a la nación.

Técnicamente, la Corte podría verificar el cumplimiento del fallo y aplicar medidas de desacato si no se cumplen, pero cambiar de operador de la noche a la mañana no es un proceso sencillo en la práctica y el gobierno busca una alternativa para no interrumpir el servicio a los clientes ni afectar el comercio internacional.

El 5 de febrero de este año, el presidente Mulino anunció que los puertos serían licitados por separado. Enfatizó que la decisión de la CSJ es “única, definitiva y final”, y debe acatarse. Reiteró que los puertos se mantienen operando normalmente y que una vez el fallo esté ejecutoriado se evaluará un nuevo esquema de concesiones. Eso sí, dejó clara una regla: no se concesionarán los dos puertos a una misma empresa.

La empresa matriz de PPC no se quedaría callada. Una semana después, el medio económico Bloomberg reveló que CK Hutchison Holdings Ltd. había advertido a AP Moller-Maersk A/S que tomaría medidas legales si la unidad terminal de la compañía nórdica intentara hacerse cargo de las operaciones en los puertos panameños.

“CK Hutchison ha notificado a Maersk que cualquier asunción por parte de APM Terminals de las operaciones de las dos terminales sin el acuerdo de CK Hutchison causará daños” al grupo y “resultará en un recurso contra APMT”, dijo la empresa en un comunicado.

Este jueves 19 de febrero, se conoció que CK Hutchison, empresa matriz de PPC, buscaba acercamientos con el Gobierno Nacional. “Solicitamos que haya una mesa de conversación entre C. K. Hutchinson y los representantes del Ejecutivo para buscar una solución razonable”, manifestó el vocero de Panama Ports, Alejandro Kouruklis, en una entrevista a Radio Red, citada por la agencia de noticias AFP.

Hutchison, que tiene sede en Hong Kong, parece contar con el apoyo del gobierno chino. El día siguiente que se diera a conocer el fallo de la CSJ, un vocero del gobierno chino afirmó que el país tomaría “todas las medidas necesarias” para salvaguardar los intereses chinos en Panamá.

Y es que la administración de los puertos ha trascendido el plano económico e incluso nacional y se ha convertido en punto de discusión geopolítica. El manejo de los puertos por la empresa china fue el argumento principal con el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el país asiático “controlaba” la vía interoceánica. Aunque las quejas y acciones legales contra PPC preceden a las declaraciones de Trump, no tomó mucho tiempo luego que se pronunciara para que la Contraloría panameña anunciara el inicio a las auditorías a PPC, cuyos resultados preliminares, detallando la millonaria lesión patrimonial, fueron compartidos un día antes de la llegada del secretario de Defensa, Pete Hegseth, a Panamá.

Sin embargo, para el abogado Macías, que presentó la demanda en febrero de 2025, deben primar las leyes panameñas sobre la geopolítica. “No hay dentro de la decisión de la Corte Suprema de Justicia ningún argumento que valide o que respalde o que reconozca algún poder externo o alguna influencia geopolítica. El control constitucional de los actos que emiten las autoridades es una facultad soberana del país. Es una facultad que proviene de la soberanía del Estado. Es un derecho del país”, destacó el abogado. “La prioridad en este caso ha sido restablecer o confirmar la vigencia o la primacía de los principios constitucionales. Nada puede estar por encima de la Constitución”, puntualizó.