CK Hutchison reclama $2 mil millones a Panamá por toma de puertos

La controversia entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison Ports, escaló a un nuevo nivel tras la decisión de la empresa de intensificar sus acciones legales.

El conflicto se avivó luego de que el pasado 23 de febrero el Gobierno panameño tomara control de los puertos de Balboa y Cristóbal mediante el Decreto Ejecutivo No. 23, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de declarar “inconstitucional” el contrato ley (Ley 5 del 16 de enero de 1997) suscrito entre el Estado y la filial de la empresa hongkonesa CK Hutchison, medida que PPC califica como una “toma ilegal”.

Entre las acciones emprendidas, PPC presentó un arbitraje internacional contra la República de Panamá bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, reclamando al menos $2 mil millones en daños. Además, interpuso recursos legales contra el decreto que ordenó la incautación de bienes, equipos e información protegida, y exigió a la Autoridad Marítima la devolución inmediata de documentos privados confiscados sin autorización judicial.

Por su parte, CK Hutchison Holdings Limited, accionista de PPC, amplió su notificación de disputa bajo un tratado bilateral de inversión. Este paso significa que la compañía está invocando mecanismos de protección internacional para inversionistas extranjeros, alegando que Panamá violó sus obligaciones de transparencia y comunicación.

Según CK Hutchison, el gobierno ignoró consultas previas y actuó sin diálogo ni buena fe, lo que refuerza la base para un arbitraje internacional.

El contexto de este enfrentamiento se remonta a una campaña estatal de más de un año, en la que PPC denuncia medidas y declaraciones oficiales que han debilitado la confianza en el marco legal y contractual panameño.

La empresa sostiene que la actuación del Estado contradice compromisos mantenidos durante casi tres décadas y envía un mensaje negativo a la inversión extranjera.

PPC y CK Hutchison han reiterado que no buscan soluciones simbólicas, sino la defensa plena de sus derechos y la reparación de los daños ocasionados por lo que consideran una conducta anti-inversionista del Estado panameño.

Voces expertas en temas portuarios y logísticos coinciden en que el caso tiene implicaciones jurídicas, económicas y reputacionales de gran alcance.

El especialista portuario, Carlos González de La Lastra, recordó que la Constitución panameña, en su artículo 258, establece que los puertos son bienes de uso público y no pueden ser objeto de apropiación privada. “Las empresas privadas pueden operarlos mediante concesión, pero no son dueñas del puerto. Ese es el punto medular que puede justificar la acción del Gobierno”, afirmó.

González de La Lastra también señaló que auditorías de la Contraloría detectaron irregularidades en las operaciones de PPC, lo que refuerza la defensa del Estado frente al arbitraje internacional en el que la empresa reclama $2 mil millones en daños.

El experto marítimo Eduardo Lugo interpretó la reacción de CK Hutchison como parte de una estrategia jurídica y política más amplia. “La empresa busca defender sus derechos adquiridos, preservar su reputación internacional y elevar el costo político y financiero del conflicto para Panamá”, explicó.

Lugo subrayó que la ampliación de la notificación de disputa bajo un tratado bilateral de inversión (BIT) traslada el conflicto al plano internacional, obligando a Panamá a defenderse bajo principios como trato justo y equitativo y seguridad jurídica.

Según él, este tipo de disputas puede tener efectos reputacionales profundos y afectar la percepción de Panamá como destino de inversión, comparando el caso con precedentes como el conflicto entre DP World y Yibuti por el Puerto de Doraleh y el arbitraje en el Puerto de Manta en Ecuador.

El expresidente de la Cámara Marítima de Panamá, Rommel Troetsch, destacó que Hutchison, como empresa que cotiza en la bolsa, tiene la obligación de informar públicamente a sus accionistas sobre cada paso que da en este proceso. “Es una empresa pública, está en la bolsa de valores, tiene acciones, tiene que informar de lo que está haciendo. Este tipo de comunicados son normales en situaciones de esta magnitud”, comentó.

Troetsch añadió que en los próximos días debería esperarse una comunicación oficial del Gobierno, confirmando la recepción de la notificación, para evitar vacíos de información entre las partes.

El presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), Ángel Sánchez, llamó a mantener la estabilidad del sistema logístico nacional más allá del litigio. “La resolución de disputas jurídicas pertenece exclusivamente al ámbito del Derecho. Nuestra prioridad absoluta es la integridad de nuestro hub logístico. Los puertos de Balboa y Cristóbal no son solo activos de infraestructura; son las llaves maestras del comercio regional y nodos críticos de la cadena de suministro nacional”, señaló.

Sánchez advirtió que cualquier especulación sobre su futuro pone en riesgo la reputación del país y la seguridad comercial de los panameños, y subrayó que la logística “no admite pausas ni experimentos”.