Comercio agrícola entre Panamá y Costa Rica, a la espera de una solución bilateral

Panamá y Costa Rica explorarán un nuevo acercamiento bilateral para normalizar el comercio de productos agroalimentarios, luego de más de cuatro años de restricciones, un fallo adverso para Panamá en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la posterior apelación presentada en Ginebra, un proceso que mantiene el caso en suspenso dentro del sistema multilateral.

La expectativa de ambos gobiernos es que, a partir de 2026, los ministerios de Comercio Exterior y Agricultura retomen un diálogo técnico y político que permita destrabar el intercambio comercial, especialmente en productos sensibles como lácteos, carnes y frutas frescas, que han estado fuera del mercado panameño por no contar con permisos sanitarios vigentes.

El tema fue abordado durante la reciente visita del presidente panameño, José Raúl Mulino, a Costa Rica, donde sostuvo un encuentro con su homólogo Rodrigo Chaves. De acuerdo con autoridades costarricenses, ambos mandatarios instruyeron a sus equipos económicos y agrícolas a buscar una solución definitiva al diferendo, que ha escalado desde el ámbito técnico hasta el jurídico-comercial.

En entrevista con El Observador, el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar, explicó que, tras la reciente visita del presidente panameño a San José, ambos mandatarios giraron instrucciones directas a sus equipos económicos y agrícolas para avanzar hacia una solución definitiva al diferendo comercial. “Durante la visita del presidente Mulino, los dos presidentes nos encomendaron a los ministros de Comercio Exterior y de Agricultura de ambos países sentarnos a trabajar y encontrar una salida definitiva a esta situación”, afirmó Tovar.

El ministro costarricense reconoció que la relación bilateral entre Panamá y Costa Rica ha sido históricamente cercana y constructiva, aunque admitió que el manejo del conflicto comercial ha generado tensiones.

“Se trata de una situación que nos produce frustración, porque hablamos de un país amigo y vecino con el que siempre hemos mantenido una relación muy sana y positiva”, señaló.

Tovar añadió que, desde la perspectiva costarricense, persiste un malestar por la estrategia adoptada por Panamá, particularmente tras el fallo favorable obtenido por Costa Rica en la OMC. “Nos sentimos agraviados por el tratamiento que se nos ha dado, sobre todo después de que el panel nos dio la razón y Panamá decidió apelar, pese a que Costa Rica había planteado un mecanismo alternativo de apelación que ofrecía certeza jurídica y un cierre definitivo del caso”, sostuvo.

Pese a ello, Tovar calificó el tema como “complejo y retador”, y subrayó que el primer paso para destrabar el conflicto pasa por retomar el diálogo directo, a través de un acercamiento bilateral que podría concretarse con una visita oficial a Panamá.

Desde la óptica panameña, el conflicto se enmarca en la aplicación de normas sanitarias y fitosanitarias que, según las autoridades y el sector productivo local, buscan proteger la salud pública y la producción nacional. Panamá sostiene que las restricciones a productos costarricenses responden a observaciones técnicas detectadas en plantas procesadoras desde 2014, que durante años operaron bajo prórrogas y permisos temporales.

El diferendo se formalizó ante la OMC en enero de 2021, cuando Costa Rica solicitó consultas al alegar que Panamá imponía medidas incompatibles con el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), el Acuerdo sobre la Agricultura y el GATT de 1994. El caso, identificado como DS599, se originó tras el vencimiento, el 30 de junio de 2020, de los permisos de importación de cerca de una veintena de plantas costarricenses.

Luego de un proceso que incluyó la conformación de un grupo especial y audiencias técnicas, la OMC emitió el 5 de diciembre de 2024 un informe que favoreció a Costa Rica, al concluir que varias de las medidas aplicadas por Panamá no estaban suficientemente sustentadas en principios científicos. El panel recomendó al país adecuar sus disposiciones a las obligaciones internacionales vigentes.

Sin embargo, Panamá decidió apelar el fallo en enero de 2025, una acción que, conforme a las reglas de la OMC, suspende la aplicación del informe del grupo especial. La apelación fue presentada ante el Órgano de Apelación en Ginebra, actualmente inoperante por la falta de jueces desde 2019, lo que deja el caso en un limbo jurídico.

De acuerdo con representantes del sector productivo, la apelación responde a inconsistencias detectadas en el informe del panel, al considerar que no tomó plenamente en cuenta la normativa sanitaria panameña. Mientras el proceso permanece en espera, continúa restringido el ingreso al mercado panameño de fresas, productos lácteos, carnes de bovino, porcino y aves, piña fresca, banano, plátano y otros alimentos de origen costarricense que no cuenten con habilitación sanitaria.

La decisión de Panamá generó reacciones críticas desde Costa Rica, tanto del Gobierno como de gremios productivos, que consideran que la apelación prolonga innecesariamente el conflicto y afecta a exportadores y consumidores. No obstante, Panamá ha reiterado que el país ha optado por los mecanismos previstos en el sistema multilateral de comercio, sin cerrar la puerta a una solución negociada.

Desde el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) se ha insistido en que el diálogo bilateral sigue siendo la vía preferente para resolver no solo este diferendo, sino otros asuntos de interés común, como aduanas, transporte y seguridad fronteriza. Panamá también recuerda que, previo a la disputa, acató decisiones adoptadas por Costa Rica que afectaron a plantas panameñas, con el objetivo de preservar una relación comercial histórica entre países vecinos.

Analistas económicos advierten que la prolongación del conflicto tiene costos para ambas economías, al limitar el comercio intrarregional y generar incertidumbre en las cadenas de suministro agroalimentarias. En ese contexto, el nuevo acercamiento político busca reducir tensiones y encontrar una solución técnica que permita restablecer gradualmente los flujos comerciales, sin comprometer los estándares sanitarios.

Mientras el sistema de apelaciones de la OMC permanece paralizado, la vía bilateral aparece como la alternativa más viable para destrabar un diferendo que se ha convertido en uno de los principales retos comerciales entre Panamá y Costa Rica en los últimos años.