Contrato minero: lo que dijo el magistrado Arrocha sobre el fallo de la Corte

El magistrado Olmedo Arrocha evitó pronunciarse sobre eventuales acciones que puedan llegar nuevamente a conocimiento de la Corte Suprema. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
  • 13/08/2026 14:40

El magistrado de la Corte Suprema explicó que el fallo de inconstitucionalidad se refiere a aspectos específicos y no a la actividad minera como tal

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha, aclaró este jueves 13 de agosto que el fallo de inconstitucionalidad emitido por el máximo tribunal en noviembre de 2023 no declaró ilegal o inconstitucional la actividad minera en Panamá, al tiempo que evitó adelantar criterios sobre posibles actuaciones futuras relacionadas con la mina de cobre ubicada en Donoso, provincia de Colón.

Las declaraciones de Arrocha se dieron durante el lanzamiento de una iniciativa de la Comisión Nacional para el Estudio y Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (Conapred) y el Ministerio Público, donde también fue consultado sobre el alcance de la decisión judicial relacionada con la minería.

El magistrado pidió cautela al referirse a posibles efectos legales de decisiones o actuaciones que puedan producirse posteriormente.

“Nosotros los jueces y magistrados tenemos que ser muy cautelosos en opinar anticipadamente de cualquier suceso que produzca un efecto legal”, señaló.

Arrocha explicó que los jueces deben pronunciarse a través de sus decisiones y que el contenido del fallo debe ser interpretado a partir de lo que efectivamente establece.

“Nosotros no hemos declarado inconstitucional la minería, porque la minería está autorizada a través de la Constitución”, afirmó.

El magistrado agregó que existe una ley que suspendió la actividad minera, pero recalcó que ese asunto es distinto al hecho de declarar inconstitucional la minería como actividad.

“Hay una ley que suspendió la minería, eso es otra cosa”, manifestó.

El magistrado se refiere a la Ley 406 de 2023, publicada el 20 de octubre de mismo año, que aprobó un nuevo contrato de concesión a 20 años más entre el Estado y la empresa minera Cobre Panamá.

Arrocha también evitó pronunciarse sobre eventuales acciones que puedan llegar nuevamente a conocimiento de la Corte Suprema.

“Cualquier otro acto pudiera ser llevado a la Corte para ser realizado, nosotros no podemos opinar anticipadamente”, sostuvo.

Gobierno analiza el futuro de la mina de Donoso

Las declaraciones del magistrado se producen mientras el Ejecutivo mantiene bajo análisis el futuro de la mina de cobre.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, explicó recientemente que la Comisión de Alto Nivel creada por el presidente de la República José Raúl Mulino trabaja en la elaboración de propuestas que serán presentadas al mandatario, tomando como base los resultados de una auditoría integral y la información técnica recopilada.

La comisión está integrada por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y Moltó, en representación del MICI.

El titular de Comercio e Industrias aseguró que el análisis se realiza sobre una base técnica y con información verificable.

“Hemos hecho análisis, hemos puesto los equipos a trabajar sobre una auditoría base técnica, no con base a opiniones, solamente trabajando con la información dura”, afirmó Moltó.

El Gobierno también ha incorporado al proceso la situación de las comunidades cercanas a la mina. Moltó explicó que sostuvo reuniones con autoridades locales y residentes de los distritos de Donoso, Coclésito y el especial Omar Torrijos Herrera, con el objetivo de conocer de primera mano las condiciones económicas y sociales de la zona colonense.

Según el ministro, las consultas continuarán mientras la Comisión de Alto Nivel recopila información para formular sus recomendaciones.

Moltó evitó adelantar cuál será la decisión final sobre la mina y reiteró que las propuestas deberán sustentarse en la auditoría y en información técnica.

El funcionario también destacó que el procesamiento del stockpile y del concentrado de cobre ha generado movimiento económico en la zona, principalmente entre proveedores y pequeños negocios.

“Lo que queremos es dar empleo”, señaló Moltó, al referirse a la necesidad de atender las consecuencias económicas que ha dejado la paralización de la actividad minera.

El ministro insistió en que el Ejecutivo todavía evalúa el escenario completo antes de recomendar al presidente cuál debería ser el camino a seguir.

De esta manera, mientras la Corte Suprema de Justicia mantiene su posición de cautela frente a cualquier nuevo asunto que pueda llegar a su conocimiento, el Ejecutivo continúa con el proceso técnico y de consulta para definir el futuro de la mina de cobre en Colón.