Contratos laborales del Mitradel crecen 19.1% a mayo, pero más del 76% son temporales

El dinamismo en el registro de nuevos contratos de trabajo en Panamá muestra un repunte significativo durante los primeros meses del año, abriendo un complejo debate técnico sobre la estabilidad y la distribución territorial del empleo. Entre enero y mayo de 2026, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) registró un total de 141,595 contratos laborales, lo que equivale a un aumento del 19.1% en comparación con los 118,924 contabilizados en igual periodo de 2025, de acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Este comportamiento positivo se reflejó mes a mes con variaciones que indican que solo en enero los contratos crecieron un 12.5%, en febrero un 11.2%, en marzo un 56.8%, en abril un 8.1% y en mayo un 13.9%. Geográficamente, la inscripción de estas plazas se dividió entre las sedes regionales, que acumularon 65,644 registros, y la sede central, que absorbió 75,951 contratos, reportando esta última un incremento del 25.3%.

Sin embargo, el análisis detallado de los indicadores económicos del INEC introduce un fuerte matiz analítico respecto a la permanencia de estos puestos. De la totalidad de los 141,595 contratos reportados, la gran mayoría corresponde a plazas temporales: 76,791 son definidos (de los cuales 15.3% corresponden a la sede central y 25.9% a las regionales) y 32,177 son por obra terminada (54.5% se registran en la sede central y 15.5% en las regionales), representando aproximadamente el 76.96% del total de los contratos registrados (108,968). dejando apenas 32,627 contrataciones bajo la modalidad de tiempo indefinido.

Esta realidad revive las discusiones sobre la precarización y la legalidad de los modelos de contratación en el país. Al respecto, en una publicación de este medio del pasado 6 de junio de 2026, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, aseguró que los contratos definidos “están dentro de la ley”. La titular afirmó que como Gobierno “no vamos a hacer nada que esté fuera o en el margen de la ley”, aunque admitió que “es un tema que no tiene límites porque la ley lo permite”.

El Código de Trabajo establece taxativamente en su artículo 77 que la relación de trabajo se considerará por tiempo indefinido bajo tres supuestos estrictos: primero, si vencido el término de un contrato por tiempo definido el trabajador continúa prestando servicios; segundo, cuando se trate de un contrato para la ejecución de una obra determinada y el trabajador continúe prestando las mismas tareas luego de concluida la obra; y tercero, cuando se celebren sucesivos contratos por tiempo definido o para obra determinada, o no se ajuste el pacto a la naturaleza del servicio, o si se desprende, por la cantidad y duración total de los contratos, que existe la intención de encubrir una relación indefinida.

Este repunte normativo de firmas laborales se cruza con una persistente crisis de desocupación general que el país busca revertir, considerando que la tasa de desempleo en Panamá aumentó de 9.7% en 2024 a 10.4% en 2025, reflejando un deterioro de 0.7 puntos porcentuales en el mercado laboral según el INEC.

Frente a este panorama, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció en su mensaje de nación del 1 de julio que el primer eje de su programa “Panamá Pa’ Ti” será el empleo. El mandatario panameño afirmó que la meta es impulsar la generación de 80,000 nuevos empleos privados en estrecha alianza con el sector productivo, aclarando que “no serán empleos estatales, sino oportunidades sostenibles que nazcan de la inversión, la producción y el desarrollo de nuevos proyectos”, e identificando a la construcción como uno de los motores indispensables para el cumplimiento del objetivo.

Desde la perspectiva de los gremios empresariales, las metas gubernamentales han sido recibidas con optimismo, aunque sin obviar los retos de fondo. El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, cree que se están tomando las iniciativas para que la propuesta oficial sea una realidad. Como gremio, el vocero empresarial dijo que “sabemos que el sector agro es un gran sector empleador y creo que están apuntando atinadamente a poder fomentar la generación de empleo que tanto necesitamos en el presente”. Barría Pino destacó positivamente que la generación de empleo ocurrida en los primeros meses de este año haya sido impulsada por la empresa privada, si bien reconoció que persiste “el reto de que estos empleos sean permanentes, más que temporales”.

Al evaluar las dinámicas de contratación actuales, puntualizó que “sabemos que las empresas están contratando según la estacionalidad de las operaciones, pero es una tendencia en la dirección correcta”, reiterando la urgencia de activar los sectores fuertes en generación de mano de obra como el agro o la construcción.

Por su parte, el consultor empresarial y laboral, René Quevedo, aportó un análisis macroeconómico de fondo al recordar el giro estructural reciente que dio el país, pasando de ser una economía que durante doce años, entre 2012 y 2024, solo generó informales y funcionarios con plata prestada, a una que genera principalmente empleo formal privado en 2025, logrando reducir el déficit fiscal a la mitad. Quevedo precisó que entre 2012 y 2024 el tamaño de la economía panameña se duplicó; no obstante, 24,174 asalariados perdieron sus trabajos mientras se agregaron 63,044 funcionarios y 264,153 informales, elevando la deuda externa en $39,169 millones. En contraste, el Informe Laboral del INEC de octubre de 2024 versus septiembre de 2025 detalló que en ese lapso se generaron 63,078 nuevos empleos formales privados, equivalentes al 86% de todas las nuevas plazas formales creadas en el periodo, mientras el déficit fiscal caía de 7.4% a 3.68%.

Bajo este sustento técnico, Quevedo considera plenamente viable la meta de 80,000 nuevos empleos privados del Ejecutivo. Explicó que, aun considerando que en ese periodo se perdieron 21,734 empleos formales privados agrícolas, de los cuales la mitad correspondieron a Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe-Buglé, el resto de la economía generó 84,812 empleos formales privados no agrícolas en el 2025. El consultor enfatizó que esta fuerte recuperación del empleo formal privado en el sector interno se ha dado a pesar de la caída de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), impulsada por un incremento de la confianza en el clima de inversión interna.

Esta reactivación comercial se evidencia directamente en los índices de liquidez y consumo doméstico. “El consumo está aumentando”, afirmó Quevedo, detallando que en los primeros cinco meses del 2026 las recaudaciones del ITBMS marchan un 13% por encima de las del mismo periodo del año pasado, lo que se traduce en “$158 millones mensuales de mayor consumo”. De forma paralela, el especialista subrayó que este año registra la mayor venta de autos en una década, al tiempo que la mora bancaria superior a 61 días reportada por APC Experian bajó de 5.2% en abril de 2025 a 4.1% este año. Al evaluar todos los sectores económicos, la mora promedio se ubicó en un 5.8%, situándose por debajo del 7% reportado hace un año, lo que llevó a Quevedo a aseverar que “sectores como la construcción, servicios financieros, logística, comercio, salud y turismo mostraron un desempeño positivo, que continuará en el 2026”.

A pesar de los vientos macroeconómicos a favor, el talón de Aquiles del mercado laboral sigue siendo la profunda desigualdad geográfica. Quevedo profundizó en que el 99% de la recuperación del empleo formal se concentró de forma exclusiva en el eje canalero, compuesto por las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, mientras que el resto de las provincias del país sufrieron la pérdida de más de 105 mil empleos, incluyendo 60 mil plazas del sector agrícola.

Debido a esta brecha, el consultor advirtió que “la prioridad tiene que ser estimular la inversión y generación de empleo formal privado en el interior del país, con particular énfasis en la reactivación de la construcción”, asegurando que los proyectos de infraestructura pública ejecutados por contratistas privados ayudarán a paliar este complicado panorama. Quevedo agregó que “la capacidad de la economía para continuar generando empleo formal privado dependerá de la velocidad con la cual se le pueda inyectar liquidez, lo cual requiere seguir mejorando la confianza”. Entre las herramientas normativas clave para dinamizar el mercado citó el Proyecto de Ley 478, ya aprobado en segundo debate, que permite la conversión de facturas certificadas al Gobierno y grandes empresas en instrumentos negociables; la eliminación del 2% del Impuesto de Transferencia de Bienes e Inmuebles (ITBI) para viviendas de interés social; y la supresión de trámites burocráticos que ahogan a las microempresas de menos de diez trabajadores, las cuales representan el 83.5% de los patronos activos en la Caja de Seguro Social (CSS).

Finalmente, el analista apuntó que las proyecciones económicas y de atracción de capitales a largo plazo quedan sujetas a definiciones ambientales y mineras de gran calado. Quevedo puntualizó que a todas estas consideraciones del entorno local debe agregarse que el futuro de la inversión privada, tanto nacional como extranjera en el país, “pasa por Donoso”, concluyendo de manera tajante que “qué hacemos, cómo y cuándo, determinará nuestra capacidad para convencer al mundo de que invertir en Panamá es buen negocio”.