Deuda de Panamá crece $71.9 millones en noviembre; Banco Mundial inyecta $1,900 millones para refinanciamiento

El Gobierno de Panamá avanzó en su estrategia de administración de la deuda pública con la autorización de un paquete integral de financiamiento del Grupo Banco Mundial, que contempla garantías por hasta $1,900 millones, en un contexto marcado por un leve aumento del saldo total de la deuda pública al cierre de noviembre.

La operación, aprobada por la Junta Directiva del Banco Mundial el 18 de diciembre de 2025 y respaldada por el Consejo de Gabinete, forma parte de la estrategia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) orientada a diversificar las fuentes de financiamiento multilateral, mejorar el perfil de la deuda y optimizar el servicio de los compromisos financieros del Estado.

Los recursos, cuyo desembolso está previsto para enero de 2026, se destinarán exclusivamente al refinanciamiento de deuda existente con vencimientos durante el primer cuatrimestre del año. De acuerdo con el MEF, esta operación permitirá una reducción de 2.29 % en la tasa de interés, lo que se traduce en ahorros anuales aproximados de $64.6 millones y cerca de $830 millones en intereses a lo largo de la vida de los préstamos.

Esta estrategia cobra relevancia en un escenario en el que el saldo de la deuda pública total ascendió a $58,904.6 millones al cierre de noviembre, lo que representó un incremento de $71.9 millones (0.1 %) con respecto al saldo registrado al cierre de octubre de 2025. El aumento estuvo impulsado principalmente por la emisión de Letras del Tesoro, por un monto de $228.2 millones, a un plazo de 12 meses y con un rendimiento promedio ponderado de 4.91 %, según el Informe Mensual de la Deuda Pública del Sector Público No Financiero (SPNF) de la Dirección de Financiamiento Público del MEF.

Por cartera, $3.5 millones correspondieron a deuda externa, asociados a desembolsos con organismos multilaterales ($3.0 millones) y bilaterales ($0.5 millones), vinculados a compromisos previamente adquiridos. Del total de la cartera de deuda externa, $0.5 millones se destinaron al pago de intereses a JICA por el financiamiento del Proyecto de Desarrollo de la Línea 3 del Metro de Panamá II.

Asimismo, $1.0 millón se utilizó para atender compromisos con la CAF por el financiamiento del Programa de Renovación de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá, mientras que otros $2.0 millones se dirigieron también a la CAF para cubrir los intereses del préstamo del Proyecto de Implementación del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), Fase II.

En el mercado de capitales, el informe del MEF señala que los títulos de deuda internacional más líquidos de la República de Panamá registraron una disminución de precios en noviembre, debido a un aumento promedio de 19 puntos básicos en los rendimientos frente al mes anterior. De igual forma, los instrumentos locales mostraron una caída en sus precios y un incremento promedio de 9 puntos básicos en sus rendimientos.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, destacó que: esta operación es innovadora y constituye la primera de su tipo realizada por el Banco Mundial en el hemisferio, con el objetivo de servir como referente para otros países. Asimismo, resaltó que: combina financiamiento del Banco Mundial con el respaldo de otras agencias del Grupo que otorgan garantías, lo que permite acceder a recursos a una prima de riesgo sustancialmente menor que la de la República de Panamá.

Con esta operación, el MEF busca mitigar presiones de corto plazo sobre el servicio de la deuda, extender los plazos de repago y fortalecer la sostenibilidad fiscal, en un entorno financiero caracterizado por ajustes en los mercados de deuda locales e internacionales.

En una conferencia ofrecida a finales de noviembre, el presidente José Raúl Mulino aseguró que su administración cumplirá la meta de déficit fiscal para 2025, fijada en 4 %, aunque reconoció que 2025 ha sido un año “muy duro” para alcanzar ese objetivo.

La Ley 445 del 28 de octubre de 2024, que reformó la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) y la Ley del Fondo de Ahorro de Panamá, establece un límite máximo de 4.0 % para el déficit en 2025 y fija una trayectoria descendente hasta alcanzar 1.5 % del PIB en 2030. Las metas anuales —3.5 % en 2026, 3.0 % en 2027, 2.5 % en 2028, 2.0 % en 2029 y 1.5 % en 2030— buscan reforzar la disciplina fiscal en el mediano plazo.

“Lo importante”, enfatizó Mulino, “es que el ajuste ha permitido recuperar la confianza de los inversionistas... y se conservó el grado de inversión”.

En este contexto, Moody’s Ratings mantiene la calificación crediticia de Panamá en Baa3, con perspectiva negativa; Standard & Poor’s (S&P) ratificó la calificación de BBB-, con perspectiva estable; y Fitch Ratings confirmó la calificación de riesgo soberano en BB+, con perspectiva estable, sustentada en la estabilidad macroeconómica del país.