Dudas por proyecto de bioetanol: Diputados exigen proteger al consumidor

La discusión en primer debate del proyecto ley 443, que modifica la Ley 42 de 20 de abril de 2011, que establece lineamientos para la política nacional de biocombustibles, no prosperó este lunes por falta de quórum en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.

La iniciativa busca consolidar la transición energética de Panamá hacia fuentes más limpias y sostenibles, en línea con la Ley 295 de 2022 sobre movilidad eléctrica, que establece que para 2030 el 40% de la flota estatal debe ser eléctrica.

El diputado Ernesto Cedeño, presidente de la Comisión, comentó que había dos posiciones y ninguna tuvo quórum para realizar algún tipo de modificación. “El cierre de la sesión se da por falta de quórum y esperamos hacer una definición el próximo martes con todas las propuestas y dudas que se den”, comentó.

El debate reunió posiciones encontradas entre autoridades y diputados. Mientras el administrador general de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, Ramón Abadi Balid, y el secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez, defendieron la iniciativa como un paso hacia la seguridad energética y la sostenibilidad, los diputados como Alexandra Brenes, Jorge González y Jhonatan Vega expresaron fuertes reservas sobre la obligatoriedad del uso de bioetanol y sus efectos en los consumidores.

Abadi destacó que el bioetanol es un combustible “noble” que mejora la calidad del aire, reduce riesgos ambientales y aporta estabilidad frente a la volatilidad del petróleo.

Rodríguez añadió que el proyecto permitirá el desarrollo de más de 300 pequeños productores, reducirá entre 6.5% y 7% las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuirá al crecimiento del interior del país. “No podemos privarnos de una tecnología que ya aplican países desde Canadá hasta Argentina”, afirmó.

Por su parte, la diputada Alexandra Brenes cuestionó que el artículo 2 del proyecto establezca la obligatoriedad del uso de bioetanol en todas las estaciones de gasolina, lo que, según ella, limita la libertad de elección de los consumidores y podría ser contrario a los artículos 49 y 298 de la Constitución.

“El panameño quiere sentir cómo realmente se baja el precio de la gasolina, no una imposición sin beneficios claros”, señaló Brenes, quien además criticó que el proyecto no favorezca de manera diferenciada al productor nacional, ya que tanto el bioetanol importado como el local tendrían el mismo impuesto de 60 centésimos por galón.

El diputado Jorge González coincidió con Brenes en la necesidad de proteger al consumidor, especialmente a quienes poseen vehículos antiguos. “No hemos visto una certificación que garantice que el bioetanol no afectará la mecánica de los automóviles viejos, como las bombas de gasolina o los carburadores”, advirtió.

Asimismo el diputado Jhonatan Vega fue aún más crítico, calificando la iniciativa como una imposición económica disfrazada de política ambiental. Señaló que la mezcla E10 (10% de etanol) tiene un rendimiento energético menor que la gasolina pura, lo que obligaría a los consumidores a gastar entre un 3% y 4% más en combustible para recorrer las mismas distancias.

“Si recorres 100 km con gasolina pura, con la mezcla de etanol recorrerás 97 km. Eso es un golpe directo al bolsillo del pueblo panameño”, afirmó Vega.

Consultado sobre el tema, el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Arias, planteó una posición intermedia, reconociendo beneficios pero advirtiendo sobre riesgos. Reconoció aspectos positivos como la generación de empleo en el interior del país y la contribución a combustibles más limpios.

“Hoy en Panamá hay cerca de 22,000 hectáreas sembradas para producir azúcar y se habla de duplicar esa cifra para producir etanol, lo que significaría más empleo”, señaló Arias.

Sin embargo, el empresario advirtió que el etanol inicialmente será importado y que se deben tomar medidas para evitar que el precio del combustible aumente para el consumidor final. También subrayó que las estaciones de servicio deberán realizar inversiones para adecuar sus tanques y sistemas, ya que la gasolina mezclada con etanol no puede entrar en contacto con agua. “A largo plazo lo vemos con buenos ojos, siempre y cuando se genere empleo y no se afecte al consumidor”, concluyó.