El agua que sostiene la economía de Panamá está bajo presión

Durante mucho tiempo, el agua fue tratada en Panamá como un recurso abundante cuya disponibilidad parecía estar garantizada por la geografía y el régimen de lluvias. Esa percepción está cambiando. El comportamiento climático observado durante 2026 y los efectos del fenómeno de El Niño han colocado al recurso hídrico en una posición distinta: ya no es solamente un asunto ambiental o de abastecimiento humano, sino una variable que puede afectar la actividad productiva, la generación eléctrica, la operación del Canal de Panamá, la agricultura, la logística y las finanzas públicas.

El 26 de agosto de 2026, el Consejo de Gabinete declaró el Estado de Emergencia Nacional debido al comportamiento climático asociado al fenómeno de El Niño. La medida tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2027 y responde a las previsiones de déficit de lluvias y sus posibles efectos sobre los recursos hídricos del país. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ha proyectado para el período julio-diciembre de 2026 reducciones de las precipitaciones que podrían alcanzar hasta 55% en determinadas zonas.

La dimensión económica del problema comienza precisamente allí. Cuando disminuye la disponibilidad de agua no solamente cambia el paisaje de una cuenca hidrográfica. También pueden modificarse las condiciones en las que funcionan actividades que generan ingresos, empleo, energía y divisas.

Panamá tiene una característica particular: el agua cumple simultáneamente funciones económicas de gran importancia. Es indispensable para el consumo de la población, para la agricultura, para determinadas actividades industriales, para la generación hidroeléctrica y para el funcionamiento del Canal.

Esta multiplicidad hace que el recurso tenga un valor económico que no siempre aparece reflejado de manera directa en las cuentas nacionales.

Los datos oficiales muestran la magnitud de esta relación. En 2025, la oferta de energía alcanzó 13,357 millones de kilovatios hora. Del total suministrado a la red nacional, 73.7% correspondió a fuentes renovables. Dentro de la generación renovable, 79.1% tuvo origen hídrico. Es decir, la generación eléctrica panameña mantiene una exposición importante a la disponibilidad de agua.

Esto representa una ventaja cuando existe suficiente recurso hídrico, porque permite aprovechar una fuente renovable y reducir la dependencia de combustibles para una parte de la generación. Pero también introduce un riesgo: cuando disminuyen los caudales y los niveles de los embalses, el sistema eléctrico necesita compensar la menor disponibilidad hidroeléctrica mediante otras fuentes.

Ese riesgo dejó de ser una posibilidad teórica durante este año.

El 30 de junio de 2026, el Centro Nacional de Despacho de ETESA suspendió preventivamente las exportaciones de 200 megavatios hacia Centroamérica debido a los bajos niveles registrados en los lagos Fortuna y Bayano, dos reservas relevantes para la generación hidroeléctrica. La decisión tuvo como objetivo priorizar el abastecimiento interno y preservar la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

El episodio revela una relación que merece mayor atención: la seguridad hídrica forma parte de la seguridad energética.

En Panamá, la relación entre agua y economía adquiere una dimensión todavía mayor por la existencia del Canal. Cada tránsito requiere agua dulce para permitir el funcionamiento de las esclusas. Por esa razón, la disponibilidad hídrica de las cuencas vinculadas al sistema del Canal tiene una relación directa con la capacidad de mantener una operación eficiente y competitiva.

El problema no consiste únicamente en disponer de agua suficiente para un año determinado. La planificación debe considerar la variabilidad climática, el crecimiento de la demanda de agua para consumo humano, las necesidades de las actividades productivas y la sostenibilidad de las fuentes durante períodos secos.

La experiencia reciente demostró que este equilibrio puede tensionarse. Los efectos del clima sobre los niveles de los lagos utilizados por el Canal obligaron en años recientes a modificar parámetros operativos y restricciones relacionadas con el tránsito. En 2026, el Gobierno volvió a colocar el agua en el centro de la agenda económica ante las previsiones de sequía y los posibles efectos sobre las cuencas hidrográficas, los embalses y la operación canalera.

La importancia económica del Canal hace que el agua tenga un valor que trasciende el costo de captación, tratamiento o distribución. El recurso hídrico también sostiene una infraestructura que genera ingresos para el país, actividad logística, empleo directo e indirecto y demanda para una amplia red de servicios.Por eso, hablar de seguridad hídrica en Panamá es también hablar de competitividad nacional.

El impacto sobre el sector agropecuario constituye otro canal de transmisión económica.

La agricultura depende de la disponibilidad de agua para mantener los niveles de producción y enfrentar períodos de temperaturas elevadas. Una disminución prolongada de las precipitaciones puede afectar rendimientos, modificar calendarios de siembra, elevar los costos de producción y aumentar la necesidad de sistemas de riego.

El efecto puede llegar posteriormente al consumidor. Si la producción local disminuye, el mercado puede responder mediante mayores importaciones o precios más elevados, dependiendo del producto y de las condiciones internacionales. En ambos casos existe una consecuencia económica: mayor presión sobre los costos de los productores, sobre el gasto de los hogares o sobre la factura de importación.

El Gobierno ya ha advertido que las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño podrían afectar al sector agropecuario y a los recursos hídricos durante los próximos meses. Las proyecciones oficiales contemplan la posibilidad de que sus efectos se extiendan hasta 2027.

La seguridad alimentaria, por tanto, no puede separarse de la seguridad hídrica.

El momento en que Panamá enfrenta este desafío resulta particularmente importante porque la economía mantiene un ritmo de expansión considerable.

El Instituto Nacional de Estadística y Censo reportó que el PIB aumentó 6.4% durante el segundo trimestre de 2026 frente al mismo período del año anterior. Durante el primer semestre, el crecimiento acumulado alcanzó 5.5%. Entre las actividades con mayor expansión estuvieron transporte, almacenamiento y logística, comercio y sector agropecuario. El suministro de electricidad y agua creció 7.5% durante el segundo trimestre.

El dato permite observar una tensión que merece atención. Una economía que crece necesita más infraestructura, más energía, más transporte y más servicios. También requiere mayor disponibilidad de recursos naturales.

La expansión económica, por sí misma, no garantiza que los recursos que la sostienen tengan capacidad suficiente para acompañarla.

En otras palabras, el crecimiento también aumenta la demanda sobre el agua. Esto obliga a pensar en la planificación hídrica como parte de la política económica. No basta con reaccionar cuando disminuyen los niveles de los embalses. Es necesario anticipar cuánto recurso requerirán la población, el Canal, las ciudades, la agricultura, la industria y la generación eléctrica en los próximos años.

Uno de los mayores riesgos económicos asociados al agua es que sus costos pueden aparecer de manera indirecta.

Una sequía puede generar menor generación hidroeléctrica y obligar a utilizar plantas térmicas. Eso puede elevar los costos del sistema eléctrico. Una reducción de agua disponible para la agricultura puede aumentar los costos de producción. Una menor disponibilidad para el Canal puede afectar las condiciones operativas. La necesidad de construir infraestructura de emergencia puede aumentar el gasto público.

El Banco Mundial ha señalado anteriormente que la variabilidad climática y los cambios en los patrones de disponibilidad de agua pueden afectar distintos sectores de la economía panameña, incluida la generación eléctrica. También ha advertido que una menor disponibilidad hídrica puede obligar a utilizar generación térmica más costosa, con efectos sobre los precios de la electricidad. El punto central es que el costo económico de una crisis hídrica no aparece necesariamente en una sola partida presupuestaria. Puede distribuirse entre hogares, empresas, consumidores, productores, generadores de energía y Estado.

Panamá necesita avanzar hacia una visión en la que la infraestructura hídrica sea considerada una inversión productiva.

Esto incluye ampliar y modernizar sistemas de almacenamiento, mejorar acueductos, reducir pérdidas, fortalecer redes de distribución, proteger las cuencas hidrográficas, mejorar los sistemas de medición y desarrollar mecanismos para utilizar el agua con mayor eficiencia.

También será necesario analizar alternativas como la reutilización de aguas residuales, captación de agua, tecnologías de eficiencia hídrica y soluciones que permitan aumentar la capacidad de adaptación durante períodos secos.

El objetivo no debería ser únicamente disponer de más agua, sino utilizar mejor la que existe y aumentar la capacidad del país para administrar su variabilidad.

La información disponible muestra que todavía existe margen para mejorar. En 2025, la facturación de agua en Panamá alcanzó 120.247 millones de galones, mientras la cobertura de agua potable se situó en 92%. El mismo informe oficial registró 732.600 clientes facturados.

Estas cifras muestran la escala de un sistema que ya es esencial para la economía y que seguirá enfrentando una demanda creciente.

Una política hídrica con visión económica

El fenómeno de El Niño ha colocado al agua nuevamente en el centro de la discusión nacional. La declaración del Estado de Emergencia es una respuesta ante una situación concreta, pero el desafío trasciende el período de emergencia.

El país necesita pasar de una lógica reactiva a una política de seguridad hídrica de largo plazo.

Esto implica coordinar las decisiones relacionadas con agua potable, Canal, agricultura, energía, ordenamiento territorial, conservación ambiental y desarrollo urbano. También requiere producir información más detallada sobre la disponibilidad y demanda futura del recurso para que las decisiones de inversión pública y privada incorporen el riesgo hídrico.

Panamá posee una ventaja importante: cuenta con recursos hídricos significativos y una posición geográfica que le ha permitido construir alrededor del agua una parte sustancial de su modelo económico. La cuestión ahora es preservar esa ventaja frente a un clima más variable y una economía que continuará creciendo.

El agua no es un recurso gratuito desde el punto de vista económico. Aunque la lluvia no tenga un precio de mercado, la infraestructura necesaria para captarla, almacenarla, tratarla, distribuirla y proteger las cuencas sí tiene un costo. Más importante todavía, las actividades que dependen de ella tienen un valor económico que puede verse afectado cuando la disponibilidad disminuye.

La discusión que Panamá necesita no debería centrarse únicamente en cuánta agua tiene el país. La pregunta relevante es cuánta agua necesitará su economía, dónde estará disponible, durante cuánto tiempo y qué inversiones serán necesarias para garantizarla.

El crecimiento económico de Panamá seguirá dependiendo de carreteras, puertos, electricidad, conectividad y capital humano. A partir de ahora, también deberá incorporar con mayor claridad una variable que durante mucho tiempo pareció inagotable: el agua.

La seguridad hídrica dejó de ser exclusivamente un asunto ambiental. Para Panamá, empieza a ser una condición de competitividad, productividad, generación de energía, seguridad alimentaria y sostenibilidad económica.