El costo de la inacción hídrica en Panamá, según el CNC

Panamá posee una gran riqueza hídrica, pero la disponibilidad de agua dulce por sí sola no garantiza la seguridad hídrica del país. Así lo plantea el análisis “Seguridad hídrica en Panamá. Retos y compromisos para una gestión sostenible del agua”, preparado por el Dr. José R. Fábrega D. para el Centro Nacional de Competitividad (CNC) con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

El estudio destaca que garantizar el suministro exige evaluar la calidad del recurso, la equidad en su distribución territorial y estacional, la continuidad de los servicios y la protección de los ecosistemas, condiciones esenciales para la salud pública, la competitividad económica y la operación continua del Canal de Panamá.

A pesar de contar con marcos legales de referencia como el Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos 2010-2030 (PNGIRH) y el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050 (PNSH), la brecha principal radica en la articulación operativa y financiera a nivel de cuenca.

El informe destaca que en la evaluación del indicador ODS 6.5.1 sobre Gestión Integrada de Recursos Hídricos al año 2020, Panamá obtuvo una calificación de 33 sobre 100 puntos, lo que refleja rezagos institucionales e insuficiencia en los recursos destinados a sostener la gestión.

“Episodios pasados de turbiedad extrema y vulnerabilidades en la calidad de las fuentes evidencian que la expansión de las redes de distribución debe ir acompañada de un tratamiento efectivo de aguas residuales, saneamiento y conservación”, se lee en el documento.

Para superar estos desafíos, el documento propone cuatro opciones de política pública. La primera es articular la coordinación territorial mediante matrices de atribuciones y fortalecer los comités de cuenca con participación comunitaria y técnica, respetando el régimen especial de la cuenca del Canal.

La segunda consiste en consolidar un sistema integrado de información e inventarios hidrometeorológicos interoperables que conecte a las entidades del sector para respaldar la toma de decisiones y la emisión de alertas.

La tercera plantea una cartera priorizada de inversión territorial enfocada en saneamiento, reducción de pérdidas en redes, eficiencia en el riego y restauración ribereña.

La cuarta opción sugiere evaluar esquemas de financiamiento sostenibles que aseguren recursos multianuales para la operación, mantenimiento y monitoreo continuo.

Como hoja de ruta, Fábrega sugiere un cronograma progresivo de acción: definir en los primeros 12 meses un mapa público de competencias por cuenca; consolidar en 18 meses un protocolo único de medición y monitoreo; priorizar entre los meses 6 y 24 la protección de fuentes vulnerables; y estructurar entre los meses 12 y 36 las inversiones clave en infraestructura de saneamiento y eficiencia.

Asimismo, recomienda instituir un informe anual de cumplimiento por cuenca con indicadores públicos sobre calidad, continuidad y ejecución presupuestaria. “Al convertir la planificación hídrica en compromisos concretos y verificables, Panamá fortalecerá la base de su desarrollo sostenible y su competitividad nacional”, dijo.