El dilema de la construcción en Panamá: entre el ajuste fiscal y la crisis del acceso habitacional

La industria de la construcción en Panamá atraviesa un momento de tensiones y contrastes que reflejan tanto los efectos inmediatos de políticas fiscales como el comportamiento estructural de la economía. La caída en las ventas de viviendas y el cobro del 2% del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) han generado un efecto dominó que no solo golpea a los promotores inmobiliarios, sino que también paraliza nuevos proyectos y afecta a toda la cadena de valor del sector.

En un país donde la construcción aporta más del 15% al producto interno bruto (PIB) y es una de las principales generadoras de empleo formal, este freno tiene implicaciones profundas en la economía y en la vida de miles de familias.

El informe de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) sobre los desafíos y oportunidades para 2025 ya advertía que, pese a los obstáculos, la construcción sigue siendo un motor fundamental de la economía. La Cámara subrayó que el sector no solo genera empleo formal, sino que impacta positivamente en industrias asociadas como la producción de materiales, el sector inmobiliario y la banca. Además, juega un papel clave en la reducción del déficit habitacional, ofreciendo soluciones de vivienda a miles de panameños.

El gremio insistió en que para garantizar un crecimiento sostenido es necesario fortalecer la colaboración público-privada, agilizar trámites y reforzar políticas como la Ley de Interés Preferencial, vigente por más de 40 años. También enfatizó que el gobierno debe cumplir con los pagos pendientes a las empresas privadas, pues de ello depende la conclusión de proyectos y la entrega de soluciones a las comunidades.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) confirman que en 2025 el PIB a precios corrientes (o PIB nominal) alcanzó $90,462.6 millones, con un crecimiento de 4.6% respecto a 2024. En volumen encadenado, el PIB fue de $84,752.9 millones, con un aumento de 4.4%.

El sector construcción creció 2.7% al cierre del año pasado, impulsado por proyectos residenciales privados y obras de infraestructura pública, mientras que en el cuarto trimestre mostró un repunte de 4.4%, señal de una recuperación parcial hacia el cierre del año. Sin embargo, los primeros meses de 2026 reflejan un panorama mixto: el valor de las construcciones aumentó 12.9% respecto al mismo período de 2025, gracias a proyectos no residenciales que crecieron 85.7%, pero el área construida cayó 7.6% y la producción de insumos como concreto y cemento se redujo, evidenciando que la vivienda sigue debilitada.

Las cifras evidencian que la industria inmobiliaria atraviesa uno de sus momentos más críticos. Según los datos de Convivienda, el sector acumula una desaceleración drástica del 55% (10,146) al sumar los resultados de 2024 y 2025. Solo en el último año, la caída fue de casi el 30% (4,020), una cifra que despierta inquietud sobre la capacidad del país para generar empleo y reducir el déficit habitacional.

La presidenta ejecutiva de Convivienda, Elisa Suárez, dijo que lo importante es que las familias panameñas sigan teniendo acceso a hipotecas y vivienda, especialmente la clase media trabajadora que gana menos de $1,000.

Recordó que el déficit habitacional supera las 180,000 familias y que las soluciones deben surgir desde la formalidad, con la colaboración público-privada. Entre las medidas urgentes mencionó la reapertura del crédito hipotecario, la reducción de la burocracia excesiva y la revisión de la exoneración del 2%. “Estamos en la dirección correcta”, afirmó, al reconocer que la Ley de Interés Preferencial es un gran paso, pero debe complementarse con políticas que garanticen acceso real a vivienda digna.

El consultor laboral René Quevedo aportó otra dimensión al debate: el empleo juvenil y su relación directa con el acceso a vivienda. Señaló que el 54% de los empleos juveniles son informales, con un salario promedio de $815, lo que dificulta el acceso a hipotecas. Además, el interior del país perdió 105,000 empleos en 2025, incluidos 60,000 agrícolas, mientras que la recuperación se concentró en el eje canalero.

“El mejor programa social del mundo es un empleo”, expresó Quevedo, al advertir que “sin confianza no habrá inversión privada” y, por ende, “no se generarán empleos formales”. Quevedo insistió en que la política fiscal debe considerar la crisis de desempleo juvenil y la necesidad de reactivar la construcción como alternativa para absorber parte de los empleos perdidos. Para él, “el reto inmediato es inyectar liquidez a la economía en los próximos 18 meses, estimulando la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio”.

Para quienes perciben un salario mínimo de $600, el acceso a una vivienda nueva es prácticamente imposible bajo las condiciones actuales. Los costos de las hipotecas y el impacto del ITBI elevan el monto de las cuotas iniciales, excluyendo a gran parte de la población trabajadora.

La banca ha señalado que el impuesto encarece aún más el financiamiento, limitando las posibilidades de quienes tienen ingresos bajos. En contraste, los apartamentos bajo régimen de propiedad horizontal mostraron un crecimiento de 11.1% en 2025, impulsados por hipotecas más accesibles y menores costos de mantenimiento, reflejando un cambio en la demanda hacia proyectos verticales.

La diputada Yamireliz Chong consideró que los constructores están abusando en los precios, tomando en cuenta que entregan viviendas en su mayoría con materiales de mala calidad, con vicios ocultos que luego tienen que acarrear las personas. “Si ellos como mercado se sienten apretados, imaginate cómo se sienten los panameños que tienen la necesidad de una vivienda digna pero con salarios bajos que no le da para acceder a viviendas con costos tan elevados”, dijo.

Agregó que “yo no estoy diciendo que le regalen las viviendas o que las promotoras no hagan negocio, lo que estoy diciendo es que sean justos con los precios o al menos con la calidad de lo que venden”.

Chong sentenció que la eliminación de ese subsidio a las promotoras lo propuso el gobierno, no los diputados. Aclaró que “si se vuelve a incorporar se le quitará la incertidumbre a las promotoras pero no a los panameños que tienen que enfrentarse con el alto costo de las viviendas, más los altos intereses de los bancos que muchas veces no respetan el periodo del interés preferencial”.