Empresarios piden transparencia en manejo de fondos para rescatar las mipymes

En medio de la creación del Programa Global de Crédito para la Reactivación Económica Sostenible y el Fondo de Garantía de Panamá, por $310 millones, para atender a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) afectadas por el terremoto, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) pide un manejo transparente de estos fondos y evitar especulaciones.

“Eso es importante porque le transmite primero transparencia y control, de que esos fondos lleguen donde tienen que llegar de forma responsable y de forma específica”, afirmó Aurelio Barría, presidente de la CCIAP.

Añadió que “ese fideicomiso establece normas y establece una mesa de supervisión. Realmente son dos fideicomisos, que también es algo importante resaltar para no mezclar los fondos públicos, que el Gobierno va a recibir por parte de las multilaterales, y los fondos privados que el Gobierno va a recibir de parte del sector privado, que también quiere hacer sus aportes”.

De los $300 millones habilitados, alrededor de $160 millones serán para el Programa Global de Crédito para la Reactivación Económica Sostenible, con disponibilidad inmediata de $100 millones.

Mientras que el Fondo de Garantía de Panamá estará dotado con $150 millones. Ambos recursos serán coordinadas por Banco Nacional de Panamá (Banconal), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Los recursos llegarán a través de canales expeditos y rápidos, conocidos por las empresas y con presencia en las comunidades afectadas o cerca de ellas. Las empresas impactadas podrán utilizar el financiamiento para cubrir capital de trabajo y gastos operativos, así como realizar otras inversiones necesarias para su recuperación”, señaló Felipe Chapman, ministro del MEF, en un comunicado.

Para comenzar la distribución de estos recursos, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), en alianza con la Federación de Cámaras de Comercio de Panamá (Fedecámaras) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ejecutarán un levantamiento de información en campo para diagnosticar las necesidades de las mipymes.

“Estuve conversando con la presidenta de Fedecámaras, Alicia Jiménez, y estamos uniendo la información para poder, entonces, esta semana que viene, inmediatamente, ir al campo. Par ello, vamos a enviar un personal del Ministerio de Comercio e Industrias que vaya a las empresas a que verifiquen para hacer entonces el análisis de en qué podemos ayudar, cómo podemos empujar”, adelantó Julio Moltó, ministro del MICI.

Javier Carrizo, gerente general de Banco Nacional de Panamá, comentó que estos ejes buscan promover un desarrollo económico más inclusivo, al ampliar las oportunidades de acceso al crédito y respaldar a empresas y sectores que tradicionalmente han enfrentado mayores barreras para obtener recursos financieros.

Mientras que Gloria Lugo, representante del Grupo BID en Panamá, señaló que “la recuperación de las comunidades afectadas pasa también por apoyar a sus micro, pequeñas y medianas empresas. Por eso, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas y Banco Nacional de Panamá, estamos impulsando mecanismos financieros ya disponibles que permitirán canalizar crédito de manera ágil, proteger empleos y contribuir a la reactivación económica de los territorios impactados”.

El presidente de la Cciap destacó que este modelo permitirá mantener una supervisión adecuada y garantizar que la ayuda llegue a las personas afectadas de manera efectiva, especialmente a quienes perdieron sus viviendas tras el sismo.

“Es una forma de llevar un mejor control, de poder lograr que esos fondos lleguen realmente a esa persona o a esa familia que necesita esa casa reconstruida o esa nueva casa”, manifestó.

Barría también hizo énfasis en la necesidad de atender el período de transición que enfrentan las familias damnificadas mientras se reconstruyen sus hogares. Según explicó, la prioridad es brindar condiciones dignas a quienes actualmente permanecen en alojamientos temporales.

“Nosotros nos estamos enfocando en ese período de transición, de esas personas y familias que han perdido su vivienda y que hoy están, por ejemplo, viviendo en tolderas o campamentos”, sostuvo.

Añadió que la asistencia debe gestionarse con rapidez para evitar que las personas afectadas permanezcan durante semanas o meses en condiciones precarias. “Esperemos que toda esa ayuda se pueda canalizar de forma correcta y ágil para poder ayudar a todas esas personas que están sin vivienda en este momento”, concluyó Barría.