Energía cara, economía expuesta: ¿cuánto le cuesta a Panamá depender del mercado internacional?

La energía suele hacerse visible en la economía cuando aumenta el precio de la gasolina, llega una factura eléctrica más elevada o suben los costos de transporte. Sin embargo, su impacto es mucho más amplio. El precio de la energía influye sobre la estructura de costos de las empresas, la movilidad de las personas, la distribución de alimentos, la inflación, la competitividad y también sobre las cuentas fiscales cuando el Estado interviene para amortiguar los aumentos.

Panamá enfrenta actualmente este desafío desde varios frentes. El incremento de los precios internacionales del petróleo ha obligado al Gobierno a mantener medidas temporales para contener el costo de los combustibles, mientras el sistema eléctrico inició en septiembre un nuevo período tarifario. A esto se suma una situación hidrológica que durante 2026 ha reducido la disponibilidad de agua para generación hidroeléctrica y llevó al Centro Nacional de Despacho a suspender temporalmente las exportaciones de electricidad hacia Centroamérica.

El problema, por tanto, no consiste solamente en cuánto cuesta llenar el tanque de un vehículo. La discusión económica es más profunda: qué tan expuesta está la economía panameña a los movimientos de los mercados internacionales de energía y qué capacidad tiene el país para reducir esa vulnerabilidad.

Panamá no produce petróleo en cantidades comerciales y depende prácticamente de las importaciones para abastecer el consumo de combustibles. El Ministerio de Economía y Finanzas ha señalado que esta característica hace que los aumentos internacionales puedan trasladarse directamente al mercado interno y ejercer presión sobre los costos de transporte, distribución y producción.

Esta dependencia tiene una consecuencia económica clara. Cuando aumenta el precio internacional del petróleo, Panamá no tiene capacidad para modificar ese precio. Lo que puede hacer es administrar la velocidad y magnitud con que el impacto llega a los hogares y empresas.

Durante 2026 esta situación llevó al Gobierno a establecer un mecanismo temporal de estabilización para determinados sectores. La medida contempla hasta B/.100 millones y está dirigida principalmente al transporte público colectivo y selectivo, transporte colegial, transporte de carga, maquinaria agrícola y pesca artesanal. El objetivo es evitar que el incremento del combustible se traslade de manera significativa a los precios de los bienes y servicios.

Hasta julio se habían destinado $32,3 millones a este subsidio y se había beneficiado a más de 50.000 vehículos vinculados a las actividades contempladas en el programa.

Desde una perspectiva económica, estas medidas pueden funcionar como un amortiguador frente a un shock externo. Pero no eliminan el costo económico del aumento del petróleo. Una parte del costo cambia de lugar: en vez de reflejarse inmediatamente en el precio pagado por determinados usuarios, pasa a tener una incidencia sobre las finanzas públicas.

La exposición energética de Panamá también se manifiesta en el sistema eléctrico. La electricidad tiene una estructura de costos en la que intervienen la generación, transmisión, distribución y comercialización. Dentro de ese esquema, los costos de generación pueden verse afectados por el precio de los combustibles utilizados por las plantas térmicas.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos aprobó nuevos pliegos tarifarios de distribución y comercialización que entraron en vigencia el 1 de septiembre de 2026 y tendrán vigencia hasta agosto de 2030. Para el período septiembre-diciembre de este año, el Gobierno adoptó medidas para limitar el impacto del ajuste sobre los consumidores.

De acuerdo con la ASEP, aproximadamente 83% de los clientes no tendrá un incremento tarifario derivado del ajuste durante esos cuatro meses, debido a los aportes realizados mediante el Fondo de Estabilización Tarifaria y el Fondo Tarifario de Occidente.

Esto introduce otro elemento importante en el análisis. Una tarifa regulada no necesariamente representa el costo económico completo de producir y llevar electricidad al consumidor. Cuando existen fondos de estabilización, el precio pagado por el usuario puede diferir temporalmente del costo que enfrenta el sistema.

La diferencia no desaparece. Se financia mediante recursos públicos o mecanismos regulatorios que deben ser evaluados dentro de una visión más amplia de sostenibilidad fiscal y eficiencia económica.

Panamá tiene una particularidad que diferencia su sistema eléctrico de otros países altamente dependientes de combustibles fósiles: una parte importante de su generación proviene de recursos hidroeléctricos.

Esto reduce la exposición directa al precio del petróleo y de otros combustibles para una parte de la generación. Pero crea otra vulnerabilidad: la disponibilidad de agua.

Durante 2026, los bajos niveles registrados en los lagos Fortuna y Bayano llevaron al Centro Nacional de Despacho a suspender las exportaciones de 200 megavatios hacia Centroamérica como medida preventiva para garantizar el abastecimiento nacional. ETESA vinculó la situación con los efectos asociados al fenómeno de El Niño sobre las fuentes de agua utilizadas para generación.

La situación demuestra que seguridad energética y seguridad hídrica están estrechamente relacionadas.

Una matriz con una elevada participación hidroeléctrica puede disminuir la exposición a los combustibles fósiles, pero no está libre de riesgos. Las variaciones climáticas pueden modificar la disponibilidad de agua y obligar al sistema a utilizar otras fuentes de generación.Por eso, la discusión sobre energía no puede reducirse a petróleo versus energías renovables. Panamá necesita analizar simultáneamente diversificación, almacenamiento, transmisión, respaldo, eficiencia y adaptación climática.

El encarecimiento energético tiene efectos directos e indirectos.

El transporte es uno de los primeros canales de transmisión. Un aumento del diésel incrementa los costos de movilización de mercancías y pasajeros. En una economía donde buena parte de los bienes consumidos son importados, transportados o distribuidos internamente, el efecto puede trasladarse progresivamente hacia otros precios.

La producción agropecuaria también está expuesta. El combustible interviene en maquinaria, transporte, procesamiento y distribución. Una subida sostenida de los costos energéticos puede reducir los márgenes de los productores o trasladarse al consumidor.

En la industria y el comercio ocurre algo similar. La electricidad representa un insumo para refrigeración, iluminación, producción, almacenamiento, sistemas tecnológicos y operación de establecimientos. Para las empresas intensivas en energía, un aumento persistente puede afectar la competitividad.

La Contraloría General de la República ha identificado precisamente combustibles y electricidad entre los componentes de la canasta de precios que presentan alta volatilidad y fuerte dependencia de factores externos. Su análisis de la inflación subyacente para el primer trimestre de 2026 señala que la exclusión de estos elementos permite observar una dinámica de precios más contenida en comparación con la inflación general.

El dato resulta relevante porque muestra que una parte de las presiones inflacionarias puede tener origen externo y no necesariamente responder a un exceso de demanda interna.

Hasta junio de 2026, la inflación de Panamá se ubicó en 1,4%, pese al incremento observado en los precios internacionales del petróleo. Al cierre de julio, la inflación acumulada alcanzó 1,5%, según información presentada por el MEF.

Estos niveles muestran que el traslado del shock energético hacia los precios internos ha sido limitado hasta ahora. Sin embargo, sería incorrecto interpretar una inflación moderada como ausencia de riesgo.

El efecto de la energía puede producirse con rezagos. Una empresa puede absorber inicialmente parte del aumento reduciendo su margen, pero si los costos permanecen elevados tendrá que ajustar precios, modificar proveedores, reducir gastos o disminuir inversiones.

La duración del shock es, por tanto, tan importante como su magnitud.

Panamá ya inició un proceso que puede convertirse en una oportunidad para revisar su estructura energética. En marzo de 2026 comenzó la elaboración del Plan Energético Nacional 2026-2040, concebido como una hoja de ruta de largo plazo para el sector. El proceso contempla la participación de distintos sectores y busca definir prioridades para fortalecer la matriz energética, impulsar la transición y mejorar la sostenibilidad.

El país también dispone del Sistema de Información Energética de la Secretaría Nacional de Energía, que concentra información sobre balances energéticos, oferta, demanda, precios, infraestructura, reservas e indicadores económico-energéticos.

La planificación debe partir de una premisa sencilla: diversificar no significa sustituir una dependencia por otra.

Una política energética sólida debería procurar una combinación de fuentes que reduzca la vulnerabilidad ante shocks externos y climáticos. También debe considerar la expansión de la transmisión eléctrica, almacenamiento, generación distribuida, eficiencia energética, movilidad eléctrica y tecnologías que permitan administrar mejor la demanda.

El costo de la energía debe analizarse junto con el costo de no invertir.

Para Panamá, la energía no es solamente un asunto de consumo doméstico. Es una variable de competitividad.

El país aspira a consolidarse como plataforma logística, financiera, comercial y de servicios. Esa posición requiere infraestructura energética confiable, suficiente y competitiva. El crecimiento de sectores como transporte, logística, comercio, turismo y servicios incrementará las necesidades de electricidad y combustibles.

El MEF ha señalado que la economía panameña enfrenta un entorno internacional caracterizado por precios de energía más elevados y condiciones financieras exigentes. Al mismo tiempo, proyecta un crecimiento económico de 4,4% para 2026 y 4,6% para 2027, según las estimaciones de la CEPAL citadas por la entidad.

Si Panamá quiere sostener ese crecimiento, la seguridad energética debe formar parte de la estrategia económica.

La pregunta ya no es únicamente cuánto paga el consumidor por la gasolina o cuánto aparece en su factura eléctrica. La cuestión fundamental es cuánto le cuesta a la economía mantener una elevada exposición a factores que no puede controlar.

Panamá puede reducir esa vulnerabilidad mediante una matriz más diversificada, mayor eficiencia, inversión en infraestructura, mejor planificación y una política energética con horizonte de largo plazo. La transición no será inmediata ni gratuita, pero tampoco hacerlo tiene un costo.

En una economía abierta y conectada con los mercados internacionales, la energía seguirá siendo un factor externo difícil de controlar. La diferencia estará en la capacidad del país para absorber sus movimientos sin convertir cada shock internacional en un problema de inflación, competitividad o finanzas públicas.

La energía barata puede ser una ventaja. La energía confiable, diversificada y sostenible es una condición para crecer.