Expertos evalúan la Ley de Sustancia Económica de Panamá tras su reglamentación

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto Ejecutivo Nº 32 publicado en la Gaceta Oficial, reglamentó este miércoles el Capítulo II del Título I del Libro IV del Código Fiscal, relativo a las reglas de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera.

La medida busca garantizar que las entidades multinacionales domiciliadas en Panamá cuenten con operaciones reales y verificables, evitando estructuras meramente instrumentales que generen ingresos pasivos sin actividad sustancial en el país.

La reglamentación de la ley coincidió con el encuentro empresarial de Deloitte 2026, donde distintos especialistas compartieron sus perspectivas sobre cómo esta normativa transformará el panorama fiscal y la competitividad del país.

Los voceros resaltaron que la medida refuerza la reputación internacional de Panamá y abre nuevas oportunidades de inversión, aunque también plantea retos de implementación y adaptación.

El socio líder de Deloitte Panamá, Luis Eduardo Ocando, subrayó que la ley representa una evolución del sistema de renta territorial. Explicó que ahora las empresas que reciben ingresos pasivos deberán tener presencia física en el país, con oficinas y juntas directivas locales.

“Lejos de ahuyentar, esta ley va a traer más inversión hacia Panamá. Se venderán más sociedades anónimas y más vehículos jurídicos panameños”, afirmó Ocando, citando ejemplos de países como Uruguay, Hong Kong y Singapur, que han fortalecido su atractivo tras adoptar medidas similares.

Juan Carlos Chavarría, socio líder de impuestos y servicios legales para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, destacó que la reforma responde a los estándares exigidos por la Unión Europea (UE) para sacar a Panamá de la lista de jurisdicciones no cooperantes.

“Lo importante es que el país no pierda competitividad y se mantenga como un eje de atracción de inversión. Panamá siempre ha estado un paso adelante en la región en materia de reformas fiscales”, señaló.

Chavarría también enfatizó la necesidad de avanzar en automatización tributaria, incluyendo facturación electrónica y digitalización de procesos, para hacer más eficiente la recaudación.

El presidente de la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales (CASEM), Tony Roldán, coincidió en que la ley es clave para mejorar la reputación del país y atraer capital extranjero. “Esta legislación permitirá que más empresas miren a Panamá como objetivo de inversión y con ello gana el país con mejores posiciones, más inversiones y un entorno institucional fortalecido”, aseguró.

Roldán recordó que el Régimen Especial de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) y Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura (EMMA) ya cumplen con requisitos de sustancia desde hace cuatro años, lo que facilita la transición hacia los nuevos estándares.

Además, resaltó la importancia de fortalecer el talento local, mencionando el programa Academia SEM, que capacita jóvenes en inglés, habilidades blandas y digitales para vincularlos con multinacionales.

El socio de impuestos y área legal de Deloitte, Carlos Márquez, enfatizó que Panamá sigue siendo una jurisdicción altamente competitiva y atractiva para multinacionales. Señaló que la Dirección General de Ingresos (DGI) ha avanzado en procesos de fiscalización y recopilación de datos, lo que refuerza la seguridad jurídica tributaria.

“La seguridad jurídica es fundamental para los inversionistas. Panamá ha estado adoptando medidas y normativa para proveer sustancia económica real a las operaciones, alineándose con estándares internacionales sin perder competitividad”, explicó.

Márquez añadió que Deloitte acompaña a las empresas en el cumplimiento de la Ley 526, con miras a garantizar que los criterios se cumplan plenamente hacia 2027. También aseguró que Panamá nunca ha sido un paraíso fiscal, pese al impacto reputacional de los Panama Papers, y advirtió que el país debe definir una posición clara frente al impuesto mínimo global para no perder competitividad.

Priscilla Piedra, socia de impuestos de Deloitte Costa Rica, compartió la experiencia de su país en la implementación de una normativa similar. Recordó que Costa Rica aprobó su ley en 2022 bajo presión de la Unión Europea y que, aunque fue polémica, permitió al país salir de la lista de jurisdicciones no cooperantes.

“La norma busca evitar la doble no imposición y garantizar que las empresas multinacionales tengan sustancia real en el país. Panamá puede usar este ejemplo para consolidar su competitividad, manteniendo la territorialidad pero alineándose con los estándares globales”, afirmó.

Piedra advirtió que en Costa Rica el actual gobierno discute posibles modificaciones, incluyendo la opción de gravar de forma generalizada las rentas pasivas, lo que muestra cómo estas reformas pueden evolucionar según las prioridades fiscales de cada país.