Felaban: la banca panameña goza de libre competencia más que la región

El presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Raúl Guizado, abordó recientemente las preocupaciones sobre la represión financiera y la falta de libre competencia que afecta al sector bancario en varios países de la región, contrastando esta situación con la realidad del sistema bancario panameño.

Guizado señaló que, desafortunadamente, ha existido por muchos años en la región la práctica conocida como represión financiera. Esta, dijo, se manifiesta cuando las autoridades establecen medidas que limitan la libertad de mercado de los bancos, tales como topes a las tasas de interés en ciertos productos e indicaciones a los bancos para que dirijan un porcentaje de sus préstamos a sectores específicos bajo ciertas condiciones (créditos dirigidos).

El presidente de Felaban enfatizó que estas medidas, que “intentan” beneficiar al consumidor, terminan produciendo consecuencias negativas para este, siendo el efecto contrario al deseado.

A las declaraciones del presidente de Felaban se suman las preocupaciones expresadas por el secretario general del organismo, Giorgio Trettenero Castro, quien señaló que las restricciones impuestas a la banca —como los topes a las tasas de interés, las colocaciones dirigidas y los impuestos regresivos exclusivos al sector— generan una serie de distorsiones con consecuencias graves e indeseadas, como son las distorsiones en los precios, restricciones en la oferta de servicios y la disponibilidad de crédito, selección adversa y menor oferta de crédito, y ausencia de información.

En claro contraste con la tendencia regional, Guizado destacó que esta situaciones no suceden en Panamá. Subrayó que el país goza de un mercado de libre competencia respaldado por un marco normativo que permite a los bancos competir, sin la imposición de créditos dirigidos y tope a las tasas de interés.

“Aquí hay un mercado de libre competencia y evidentemente hay un marco normativo que les permite a los bancos competir. Así que yo pensaría que sin duda la Superintendencia de Bancos está permitiendo el libre mercado y eso es muy bueno”, destacó el presidente de Felaban.

En este contexto, Ernesto Boyd, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), afirmó que en Panamá la banca se enfoca en un continuo desarrollo y el reto de mantenerse actualizados.

Al ser consultado sobre si existe presión legislativa o imposiciones en Panamá, Boyd rechazó el término “presión” y lo reemplazó por la necesidad de una “cooperación” constante.

“Yo te diría que el tema no lo veo como una presión, yo creo que es una cooperación, que debe haber entre la Asamblea y la ABP, que sería el caso especificó de Panamá”, comentó Boyd, quien enfatizó el compromiso de la ABP de mantener un diálogo abierto con la Asamblea Nacional, de la cual, aseveró, han comunicado en repetidas ocasiones su disposición a “aclarar y trabajar de la mano” con los legisladores.

El objetivo de esta colaboración, dijo, es asegurar que las leyes que se aprueben en el país sean “de beneficio para todos los panameños”, manteniendo el entorno de libre mercado que caracteriza al centro financiero panameño, libre de los créditos dirigidos y topes de tasas que limitan a la banca en otros países de la región.

Durante su intervención, Guizado citó varios países donde ya se han observado prácticas regulatorias que afectan la libre competencia, como es el caso de Costa Rica, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador.

Para el secretario general de Felaban, el caso de máxima preocupación es la situación en Bolivia, donde se tramita un proyecto de ley que busca diferir los créditos y suspender embargos por seis meses. Esta medida, dijo, que permite a los deudores no pagar por un período, genera una “cultura de no pago” y debilita las funciones esenciales de los bancos.

Desde una perspectiva técnica, Trettenero advirtió que estas disposiciones debilitan la asignación técnica de recursos, reducen la eficiencia del sistema y afectan la cultura de pago.

Además, insistió en que afectar los ingresos de las entidades financieras y generar costos artificiales es un “craso error”. La reducción de los márgenes, explicó, limita la capacidad de los bancos para capitalizarse internamente, lo cual es vital para la expansión sostenible de la cartera crediticia, la inversión en tecnología, talento e innovación y la constitución de provisiones para riesgos.

“A largo plazo, esta práctica pone en riesgo la solvencia del sistema financiero y compromete la inclusión financiera lograda con esfuerzo”, criticó el secretario general de Felaban, quien desmintió la falacia de que estas normas benefician al deudor, advirtiendo que lo que se lee como una amnistía a corto plazo se convierte en un “complejo cóctel” de consecuencias negativas, como un incremento en los controles y requisitos de riesgo y reducción del financiamiento neto.

Según Trettenero, otro ejemplo de medida perjudicial es la imposición de tasas máximas con el supuesto objetivo de bajar el costo a los deudores, lo que se logra es la exclusión financiera, cuando el mercado solo se mantiene para los segmentos de menor riesgo, dejando fuera a microempresarios, clientes no bancarizados y sectores de mayor riesgo, cuyas operaciones de bajo monto no compensan el costo con la tasa fijada.

Mencionó que el resultado final es que estos segmentos son obligados a recurrir a opciones de financiamiento informales y peligrosas, como el “gota a gota” o el usurero.

Felaban concluyó con un llamado urgente a la prudencia y al diálogo informado entre el sector público y el sector privado, en lugar de la imposición. Insistió en que los marcos regulatorios deben basarse en evidencia técnica sólida para no sacrificar la estabilidad ni la inclusión financiera.